Publicado: marzo 15, 2025, 3:07 am
La cesión a Cataluña de la política de inmigración y control de fronteras pactada entre el PSOE y Junts «atenta contra la unidad y seguridad nacional», «quiebra el principio de igualdad entre los españoles», «supone un desmantelamiento encubierto del Estado» y vulnera la Constitución, tres reglamentos y una directiva de la Unión Europea.
Esta es la artillería que esgrime el PP contra la proposición de ley que delega en Cataluña las competencias estatales en materia de inmigración y constituyen la base de las dos iniciativas registradas en Congreso y Senado que forzarán a los grupos parlamentarios a votar el pacto de los socialistas con Puigdemont, alcanzado en Suiza con el arbitraje del mediador salvadoreño Fernando Galindo.
Ambas mociones recuerdan que la Constitución atribuye en exclusiva al Estado la inmigración y el control de fronteras competencias que, señalan, por su propia naturaleza están «indisolublemente unidas al ejercicio de la soberanía nacional» y por tanto son indelegables.
Sobre esta cuestión, apunta la iniciativa presentada en el Senado, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional precisando que la descentralización en esta materia está en máximos y al tratarse de competencias «absolutas» no pueden ni delegarse ni transferirse. La proposición de ley, según los populares, no sólo vulnera la Carta Magna sino también el Pacto de Migración y Asilo de la UE que «prohíbe la fragmentación en la gestión de fronteras, permisos de residencia y expulsión de inmigrantes irregulares». La cesión, advierten, «convierte a Cataluña en un Estado paralelo en materia migratoria, desmantelando la unidad de acción de España en la UE y poniendo en riesgo la seguridad del espacio Schengen».
El PP afirma que el pacto contraviene el Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración, que unifica los procedimientos de solicitud y criterios de admisión en la UE; el Reglamento de Reasentamiento y Admisión Humanitaria, que fija un marco común en materia de refugiados; la Directiva de Acogida de Solicitantes de Protección Internacional, que garantiza los servicios mínimos para los solicitantes de asilo y el Reglamento Eurodac, que crea una base de datos biométrica para el control de la inmigración.
En el Senado, los populares propondrán la elaboración de un Plan Nacional de Inmigración con las CCAA, donde «todas tengan los mismos derechos y deberes» y en el Congreso se remata señalando que el traspaso competencial no se ha ofrecido a otras autonomías lo que confirma que el objeto de la cesión a Cataluña «no es para mejorar la eficiencia y la gestión» de las materias traspasadas.
La moción de la Cámara Baja acusa a PSOE y Junts de «utilizar la política migratoria de todo un país como moneda de cambio para la supervivencia política de sus líderes» y señala a Pedro Sánchez como «el promotor de una política de pactos donde todo se compra y todo se vende».
En esta iniciativa, el PP urge además a pedir el despliegue inmediato de Frontex en la ruta canaria y coordinarse con las autoridades europeas en una «política firme contra las mafias que evite el efecto llamada».
