No a los aforamientos

En 2015, cuando el PP perdió su mayoría absoluta, el Financial Times me pidió un artículo sobre el impacto de la corrupción en los resultados electorales en España. Aunque la corrupción del PP era similar a la actual del PSOE, en la prensa internacional todavía no se hablaba de ello. El establishment español veía como traidores a los que hablábamos de corrupción fuera, porque querían que los trapos sucios de los suyos se lavasen en casa.

Mi artículo hacía referencia a los aforamientos como un instrumento de camuflaje de la corrupción, en conjunción con la manipulación política de la Justicia a través del reparto de cromos del Consejo General del Poder Judicial entre el PP y el PSOE. El Financial Times -que es extremadamente riguroso- me preguntó que qué era eso de los aforamientos y me pidió comprobar el dato. Les expliqué que en España las causas de los diputados y senadores no son juzgadas por los tribunales que corresponden al resto de los ciudadanos, sino por un tribunal de rango superior. Me respondieron con incredulidad y me pidieron que por favor les mandara las referencias exactas para acreditarlo, porque eso no podía ser como yo lo contaba. Tras varios intercambios, tuve que hablar hasta personalmente con el editor político para asegurarle que era absolutamente cierto que ese privilegio político, más propio de una dictadura que de una democracia, sigue existiendo en España.

Es fácil imaginar la incredulidad de cualquier ciudadano europeo si le contásemos que en España tenemos cerca de 250.000 personas aforadas. Y no se trata solo de que la Constitución otorgue aforamientos a diputados y senadores. Es que esos diputados y senadores a su vez han extendido el privilegio de los aforamientos por ley orgánica y ordinaria a tutiplén: presidentes autonómicos, sus consejeros, parlamentarios autonómicos, fiscales, jueces y magistrados, el defensor del pueblo, sus adjuntos y sus equivalentes autónomicos, miembros del Tribunal de Cuentas, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Gobernador del Banco de España, el director de la Real Academia Española, el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, el resto de los miembros del Consejo de Estado, etc, etc. Es algo no ya escandaloso, sino realmente obsceno.

En España Mejor hemos presentado una propuesta para que esa larga lista de aforamientos se suprima. Y para que los aforamientos se conviertan en una figura procesal absolutamente residual en vez de ser casi un privilegio protocolario rutinario, como ocurre ahora.

Se argumenta que los aforamientos no se pueden cambiar porque eliminarlos requiere un cambio constitucional y que, con un mapa político tan fragmentado como el nuestro, tal reforma constitucional es inviable. Pero esa excusa hace aguas, porque la eliminación de muchos aforamientos -prácticamente todos menos los de parlamentarios y miembros del Gobierno- solo requiere un cambio de ley orgánica u ordinaria. Es decir, que si el Gobierno no lo hace es porque no le da la real gana.

Ni siquiera hay excusa para no eliminar los aforamientos de diputados y senadores de la Constitución. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias confirmaron por escrito su compromiso de limitar esos aforamientos en su acuerdo de coalición de 2019. Cuando era presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se manifestó públicamente a favor de limitarlos. Y diputados de Vox han defendido en el Congreso que el aforamiento hoy en día carece de justificación. Los votos de estos cuatro espacios políticos superan con creces el número de votos que se necesitan para llevar a cabo una reforma quirúrgica exprés de la Constitución que elimine los aforamientos. Se trata únicamente de que los líderes de esos partidos cumplan su palabra.

Los aforamientos son una figura anacrónica, regresiva, injustificada e injustificable. Eliminarlos es una cuestión de higiene. En un momento en el que la mayoría de la ciudadanía ha perdido su confianza en los políticos, hay que corregir esa grave anomalía que cuestiona la igualdad de todos los españoles. Devolver la confianza al ciudadano pasa por eliminar privilegios y construir un país de garantías. Hay que decir NO -en mayúsculas, subrayado y en negrita- a los aforamientos. Y hay que hacerlo de inmediato.