Publicado: marzo 6, 2025, 3:07 am
Unos 2.000 veterinarios de toda España protestaron ayer ante la sede del Ministerio de Agricultura, en Madrid, para pedir la derogación del Real Decreto 666/2023, que limita la dispensación de antibióticos, denunciando que las demoras en los procesos están costando vidas de animales.
El decreto, defiende Agricultura, pretende mejorar la trazabilidad de las medicinas y luchar contra la resistencia antimicrobiana que pueden generar los antibióticos. Pero aunque algunos de los presentes dicen estar de acuerdo en cierto modo con el fondo, «lo malo son las formas en las que nos lo exigen, y sobre todo las multas, las consecuencias de no hacerlo todo a tiempo, porque tenemos un plazo mínimo», comenta Isis, del Colegio de Veterinarios de Zaragoza. «Hay otras formas de educar a la población», dice. «No somos delincuentes […], lo que queremos es curar a un animal», añade Raquel, veterinaria también en Cádiz, que dice que últimamente pasa más tiempo resolviendo trámites que trabajando.
El problema gira en torno a la nueva obligación de registrar en el sistema PRESVET, supervisado por el Ministerio, todas las prescripciones de antibióticos. El sistema ya llevaba años utilizándose en ganadería, pero ha sido este 2 de enero cuando se ha hecho obligatorio en las clínicas de animales de compañía.
El descontento se hizo más patente en febrero por el caso de Selva, una perra que murió en Galicia tras retrasarse su tratamiento por estos nuevos trámites. Samuel Fernández, gerente de la clínica que la atendió, relató en La Voz de Galicia que Selva había sido mordida por otro perro, por lo que la llevaron a su consulta, donde inició un tratamiento. Sin embargo, a los pocos días, empeoró y tuvo que ingresar de urgencia en un hospital, donde finalmente falleció.
A Selva hubo que realizarle un cultivo microbiano para autorizar el uso de antibióticos, pero sus resultados llegaron ya días después de su fallecimiento. Algunas pancartas recordaron al can en la concentración, con lemas como: «Si un animal sufre, no puede esperar un cultivo».
Además, varios de los asistentes mencionaron su desacuerdo por las multas que el decreto establece si no usan correctamente el sistema. «A día de hoy trabajamos con miedo», comenta Pilar, veterinaria en Cádiz. Isis traslada su inquietud: «No puedes estar trabajando con la sensación de que te van a multar por cosas que ni siquiera haces con maldad». Y aclara que, según la nueva norma, tienen obligación de primar medicamentos menos agresivos a los antibióticos de última generación que puedan existir en la UE.
«¿Cuánto tiempo hay que perder para encontrar todos los medicamentos que existen en la UE?», comenta con angustia. Además, Raquel apunta que «dentro del consumo total de antibióticos en la medicina veterinaria, el consumo de pequeños animales supone un 1%».
Nerea, veterinaria en un pueblo de Madrid, cuenta que la medida les está afectando también en el aspecto de la salud mental: «No poder tratar a un animal y ver que tienes que dejarlo por no poder poner un antibiótico que sabemos que necesita… Para eso hemos estudiado una carrera, seguimos formándonos cada día… Nos está afectando mucho emocional y profesionalmente, pues estamos teniendo pacientes que están falleciendo. Tenemos que elegir entre una multa o salvar su vida». Varios de los presentes se debaten entre acatar la medida, con posibles riesgos para los animales, o ignorarla y ser multados.
Nerea explica que a los políticos se les olvida que si un animal doméstico cae enfermo puede contagiar a quienes viven con él, y también que los veterinarios son responsables de los alimentos que comemos. Pide poder «seguir ejerciendo libremente» y que les reduzcan el IVA. «Los animales ejercen una función social y forman parte de nuestra familia», añade Raquel.
Por su parte, el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio, Valentín Almansa, explicaba ayer en Onda Cero que el Real Decreto sólo transpone al ordenamiento jurídico español la legislación europea, y aclara que el procedimiento que piden es el de preservar los antibióticos de última generación para que no dejen de ser eficaces y que, como consecuencia, «mueran animales y personas». Y que lo que pide Agricultura es usar esos medicamentos, de los «grupos A y B», sólo cuando sea estrictamente necesario.
Almansa alega que las muertes se producen si se intentan usar esas «últimas balas» -en caso urgente, según la nueva norma, sí se pueden usar, pero requieren una muestra para confirmar que no hubo alternativa y, por eso, hay más demora-. Sobre las sanciones, Almansa comenta que están pensadas para casos de mala fe. «Todo esto es para concienciar», dice, zanjando que desde el Ministerio están «dispuestos a negociar siempre».
Sin embargo, desde Confederación Empresarial Veterinaria Española, convocantes, lamentan que el ministro, Luis Planas, se niegue a reunirse con ellos. En el argumentario de la posición del Ministerio, al que ha tenido acceso EL MUNDO, alegan que el decreto se publicó en el BOE en julio de 2023, por lo que «los veterinarios conocían la obligación desde hace año y medio y han tenido tiempo para prepararse».
El decreto ya ha provocado que ERC pida «una revisión urgente de la normativa» y ha propuesto la creación de una subcomisión. Han presentado una proposición no de ley al respecto, lo que podría llevar el tema al Congreso. Otras formaciones, por ejemplo PACMA, han presentado una propuesta de adaptación.
