Publicado: octubre 24, 2025, 10:07 pm
Los rifirrafes entre las CCAA del PP y el Ministerio de Sanidad a propósito de los cribados se materializaron ayer en un plantón en el seno del Consejo Interterritorial. «Nunca hasta ahora había sucedido», aseguró Mónica García, ministra de Sanidad en la rueda de prensa posterior. Al tiempo que reconoció que «era el único intersectorial en el que no lo habían hecho hasta hoy» y «tampoco ha sido una sorpresa».
Todo tiene su origen en la petición de los datos de los cribados a las CCAA con motivo de las negligencias ocurridas en Andalucía. La espantada de los consejeros de las regiones populares fue anunciada al inicio del pleno, a través de la lectura de un documento. «Nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder, situando las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».
Este argumento se basa en la acusación a la ministra de Sumar de la ruptura de la esencia del consejo, «que se basa en el diálogo y la búsqueda de acuerdos compartidos». «En lugar de convocar reuniones extraordinarias cuando surgen discrepancias técnicas, el Ministerio impone sus decisiones de manera autoritaria, desvirtuando los acuerdos alcanzados en las ponencias y comisiones técnicas».
García se defendió exponiendo los puntos que el Interterritorial ha dejado sin votar hasta nueva cita. «Hoy tenían la oportunidad de dar seguridad a sus ciudadanos, pero han decidido boicotear la transparencia«, esgrimió tras detallar que no se ha podido votar el empleo de dos millones de euros para sistemas de vigilancia de cáncer y centros de excelencia oncológica, la ampliación de la cantidad de cribados neonatales, el aumento hasta los 74 años del cribado del cáncer de colon o el procedimiento para certificar las patologías de aquellas personas que han estado expuestas al amianto, entre otras.
También aseguró de forma categórica que el Ministerio va a «estudiar todas las vías legales» para que los consejeros del Partido Popular aporten las respuestas que se les requieren. «Pedir información nunca puede ser insulto».
¿Están obligadas las CCAA responder a esta petición? García afirma que las autonomías deben, por mandato legal, atender a la petición del ministerio. Los juristas consultados aseguran que hay respaldo para ello.
Antonio Timón, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia de Comillas, aclara que las autonomías pueden negarse a ofrecer esta información si la petición del ministerio es sobre uno o varios «casos concretos», pues, recuerda, que «los datos sanitarios están especialmente protegidos por la legislación, pero se pueden pedir los datos si están anonimizados». «Los datos generales de los cribados se pueden exigir -número de mujeres que han participado en el cribado, porcentaje de detección, etcétera-, pero no los individuales que identifiquen a personas», aclara Timón.
Desde Sanidad se asegura que lo único que se está solicitando son los datos anonimizados, «caben en un Excel», ha argumentado en más de una ocasión la ministra. ¿Qué datos se piden? Cobertura de invitación al cribado, coberturas del año índice, tasa de participación, resultados… «En la nueva herramienta [la que está pendiente de configurarse] sí puede ser más complicado porque hay indicadores básicos y complementarios», aseguran fuentes ministeriales.
Aunque en la misiva que Sanidad envió a las CCAA se enumeraban los más de 20 indicadores de cribado por tipo de cáncer (mama, cérvix y colon) que se plasman en Documento de consenso del Sistema de información del programa poblacional de cribado de cáncer del SNS, aprobado por todas las CCAA en abril de 2025 se recogen normas que amparan la confluencia central de los datos.
«No hay base legal que ampare la petición», sostienen. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid aseguran que «no se trata de no suministrar información. Las comunidades no se niegan. Lo que se ha dicho hoy es que el ministerio no ha definido los indicadores ni los datos que hay que medir. Ese es el gran problema». Además, señalan que «hay unos criterios técnicos suficientes como para poner en tela de juicio toda la actuación del ministerio».
Por otro lado, si efectivamente son los datos generales de los cribados lo que está exigiendo el Ministerio a las autonomías, «de modo que no se puedan identificar los datos de salud de mujeres concretas, de acuerdo con la Ley de Transparencia, tiene que facilitarlos«, sentencia el jurista.
La normativa detrás de este cumplimiento en los términos expresados por Timón sería la ley de Transparencia. Además, de acuerdo con otros juristas que prefieren no aparecer, la Ley de Autonomía del Paciente, también respalda la obligación de las autonomías a cumplir con la petición de Sanidad.
Otras fuentes consultadas apuntan el artículo 13 de la Ley General de Salud Pública, para calificar de «deslealtad institucional» la negativa de las comunidades autónomas a proporcionar los datos al Ministerio de Sanidad.
Además, dentro del mencionado documento de consenso se apunta al Real Decreto 568/2024, de 18 de junio, por el que se crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud y que pone especial énfasis en la incorporación de la vigilancia de las enfermedades no transmisibles, adquiriendo una gran importancia la del cáncer.
«Todas las autoridades públicas están involucradas en este asunto [el de los cribados]. Sin datos no hay planificación posible, no se puede recabar financiación para hacer frente a las nuevas necesidades, pues no se sabrían cuáles son. Además, hay determinadas acciones de salud pública que solo pueden hacerse en el ámbito nacional», destacan.
La coordinación entre los distintos niveles de la Administración, que recogen varias normas, está detrás de esta obligación de las autonomías a dar la información de los cribados al Ministerios, concluyen los juristas consultados. ¿Cómo se puede garantizar el nivel básico en todo el sistema por razones de equidad sin compartir los datos?, se preguntan las mismas fuentes.
La petición de datos también está recogida en la normativa europea. Se atenderá a los requerimientos de la Comisión (Eurostat) relativos al suministro de información de registros administrativos basados en los datos obtenidos de los programas de cribado de cáncer implantados, en base a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2022/2294 de la Comisión de 23 de noviembre de 2022.
