Publicado: octubre 10, 2025, 1:07 am
Tras una temporada de silencio, los tambores electorales vuelven a resonar en el horizonte. Seguro, citas electorales en 2026 en Castilla y León y Andalucía. Eso, como mínimo. A partir de ahí… Nunca hubo tregua, pero tampoco la habrá ya. El escenario es una España autonómica teñida de azul. Y en La Moncloa han cogido los rotuladores rojos para tratar de cambiar la imagen. Para ello, el Gobierno se lanza al choque contra los barones populares para lanzar a sus ministros candidatos, empleando como punta de lanza la crítica a la gestión y la situación de los servicios públicos. Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno son dos objetivos claros con los que se ha decidido confrontar: educación, sanidad… Suman a Alfonso Fernández Mañueco, por la gestión de los incendios, y a Carlos Mazón, por la dana, cuando está a punto de cumplirse el primer aniversario.
La estrategia es crear un caldo que desprenda este aroma, como constatan desde la sala de máquinas socialista: «Nuestro análisis es que sí que importa quien esté al frente de los gobiernos. Y no es lo mismo el PP con Vox que el PSOE».
Tras llegar al verano en un momento crítico, con el informe Cerdán golpeando al Gobierno y al PSOE, la intención en La Moncloa en el arranque del curso político fue la de tratar de ir cogiendo carrerilla y buscando cómo marcar agenda, por más que las investigaciones judiciales y los informes de la UCO despejen todo asunto puesto sobre la mesa. En este contexto, la polémica propiciada por el PP del Ayuntamiento de Madrid, al avalar una iniciativa de Vox sobre el síndrome post aborto, o el escándalo en Andalucía en el cribado del cáncer de mama han llevado al Gobierno a querer exprimir la confrontación ideológica, con el trasfondo de impulsar a los ministros candidatos. Porque la sala de prensa del Consejo de Ministros se ha convertido en un trampolín para ese choque.
El pasado martes, por ejemplo, comparecieron cuatro ministros. Los tres socialistas serán candidatos autonómicos: Óscar López en Madrid, Pilar Alegría en Aragón y Diana Morant en Valencia. Completaba el cuarteto Mónica García, que fue líder de la oposición a Ayuso hasta que saltó al Consejo de Ministros. En la comparecencia hubo críticas y reproches a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Moreno Bonilla y a Mazón. La escasa práctica de abortos en la sanidad pública, la financiación de las universidades públicas o la financiación del valenciano fueron los pretextos. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, será la candidata socialista en Andalucía.
«Nosotros no gobernamos en la mayoría de las autonomías, y eso se empieza a notar cada vez más», sostienen fuentes gubernamentales. El Gobierno quiere contraponer modelos, gestión. «La gente ve que ellos -por el PP- tienen unas políticas muy diferentes a las nuestras. Nosotros, desde el Gobierno, vamos a velar porque se cumplan las leyes y garantizar los derechos adquiridos».
Moncloa y Ferraz se han lanzado a esta estrategia, con el propósito de aterrizar el debate en la gestión, en la plasmación de políticas concretas como la facilidad o no para consumar el derecho al aborto en la sanidad pública o la financiación de la educación. Que el eje sea servicios públicos contra privilegios al sector privado. «Es un tema del modelo de gestión de lo privado y de lo público». Lo que quieren también en el Ejecutivo es aprovechar esta línea para lanzar, como ya hizo en su momento Sánchez, sospechas sobre el uso del dinero público por parte de los presidentes del PP. El Gobierno pone datos: en 7 años de Sánchez, los territorios han recibido 300.000 millones más de recursos que en los 7 años de Rajoy. «¿Dónde está ese dinero? Lo usan para privatizar los servicios públicos y hacer regalos fiscales».
La fiscalidad es otro frente de batalla: los socialistas abogan por una justicia fiscal donde paguen más los que más tienen, con tasas a los bancos y las energéticas, y defienden los impuestos para financiar los servicios públicos; los populares han emprendido una estrategia de rebajas fiscales. Si Madrid abanderaba esta política, Andalucía ha acelerado: ayudas para la práctica deportiva; para el cuidado de mascotas, el alquiler de viviendas; para los celíacos y, la última, que todas las familias se deducirán 200 euros por hijo en el IRPF.
El propio Sánchez se pone al frente de esta confrontación. El miércoles, en la sesión de control al Gobierno, mientras Feijóo exponía las investigaciones judiciales y la corrupción que cercan a La Moncloa, el presidente del Gobierno iba al choque de modelos de gestión. «¿Qué intereses defiende este gobierno? Nosotros hemos subido en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública. Un 45%. Ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública, la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas y sin tratamientos oncológicos».
En un intento de sacudirse la presión, Feijóo publicó este jueves en sus redes sociales una carta en la que pedía a Sánchez «dejar de manosear las causas superadas de las mujeres» y acusaba al jefe del Ejecutivo de «meter miedo» y «utilizar» a las mujeres, al tiempo que defendía el aborto «conforme a las leyes». Sólo unos minutos antes, Ayuso, en la Asamblea de Madrid rechazaba crear un registro de objetores del aborto, tal y como estable la ley y como había exigido el Gobierno en una carta enviada este lunes a Madrid, Baleares, Aragón y Asturias. Todas, salvo Madrid, anticiparon que lo harán. «Isabel, Alberto tiene una carta para ti», fue la respuesta de Sánchez a Feijóo.
Sánchez reaccióno a una misiva que el presidente del PP, Núñez Feijóo, publicó en X. «Isabel, Alberto tiene una carta para ti», publicó, reaccionando a la misiva en la que el popular defendía el aborto «conforme a la ley». Un texto que, además de responder a otra reacción del presidente, marcaba las distancias con Sol, tras anunciar Isabel Díaz Ayuso que Madrid no hará «lisras negras» con los nombres de los médicos que se oponen al aborto, en una clara rebelión contra la orden del Gobierno.
