Publicado: octubre 9, 2025, 2:07 am
Carlos Mazón ya lo avisó. En su discurso de cinco horas con el que abrió el curso en septiembre en las Cortes Valencianas, el presidente de la Generalitat dejó entrever que pretendía situar el debate identitario en el centro de su acción política. Con un objetivo: agotar la legislatura habiendo pasado página a la dana de la que está a punto de cumplirse el primer aniversario. Mazón avanzó entonces que recuperaría la ley de señas de identidad de 2015 del último gobierno autonómico del PP, una norma que fue derogada por la izquierda en menos de un año y cuya música gusta también a Vox.
Según el borrador al que ha tenido acceso este diario, la norma que prepara Mazón -bautizada como ley de señas de identidad del pueblo valenciano- va incluso más allá al contemplar hasta un régimen sancionador. El documento justifica en su preámbulo la necesidad de «evitar la introducción de símbolos y señas ajenos», y fija para ello como uno de sus fines «defender las señas de identidad frente a cualquier agresión que pudieran sufrir, estableciendo un régimen legal de acciones de defensa».
La norma, en definitiva, faculta al Gobierno valenciano para actuar «frente a las vulneraciones que pudieran realizar los poderes públicos valencianos». En este sentido, por ejemplo, se considera infracción muy grave «la utilización de términos o expresiones en comunicaciones por cualquier medio o procedimiento que promuevan la federación de territorios prohibida por el artículo 145 de la Constitución». El borrador menciona expresamente el término «Països Catalans».
No sólo eso, porque también estará vetado el uso de expresiones «que supongan grave injuria o menosprecio de las señas de identidad valencianas» o que «atenten contra la individualidad o singularidad de la lengua valenciana». Es decir, que consideren que valenciano y catalán son la misma lengua, a pesar de que así lo dicta la Academia Valenciana de la Lengua (AVL) contra la que PP y Vox han emprendido una cruzada.
Además, será infracción grave «el apoyo expreso o la subvención de entidades tanto de carácter público como privado» consideradas catalanistas. Esto significa que la Generalitat no podrá otorgar ayudas públicas a este tipo de asociaciones, pero tampoco los ayuntamientos, las empresas públicas o cualquier organismo dependiente de la Administración valenciana. Las sanciones pueden ser «la retirada total de cuantas ayudas se hubieran concedido a la entidad infractora».
Ahora bien, aunque el ámbito de aplicación de la ley es obviamente la Comunidad Valenciana, la Generalitat se reserva poder actuar «fuera del territorio». La Abogacía de la Generalitat estará legitimada para «interponer acciones legales» contra los «actos y disposiciones de carácter local, autonómico o estatal» que vulneren la ley. De hecho, el PP llevó recientemente a las Cortes la reprobación de los ministros -incluida Diana Morant– que se refieren al valenciano como catalán.
La lengua es, según el borrador de la ley, una de las principales señas de identidad, cuyo listado difiere paradójicamente del que en su día incluyó la anterior norma. Figuran, en todo caso, desde fiestas como las Fallas o las Hogueras a «festejos taurinos tradicionales» como los bous al carrer, rechazados por parte de la izquierda valenciana.
de colegios a medios
El actual borrador sostiene, además, que «el respeto a la lengua valenciana como seña de identidad implica defender su individualidad y singularidad respecto a las demás lenguas del Estado». Y esto afecta a «todas las instituciones de la Generalitat, los poderes públicos, el resto de administraciones públicas, el sistema educativo y los medios de comunicación públicos», así como empresas de titularidad pública «o que cuenten con financiación pública».
No es una cuestión menor, porque a la normativa oficial que fija para el valenciano la AVL -y que se estudia en colegios y universidades- se oponen en la actualidad PP y Vox. De ahí que la nueva ley introduzca lo que estos partidos llaman «valenciano de la calle». Lo hace fomentando «el uso del léxico, formas y gramática popular», lo que permitirá a su vez apoyar a la Real Academia de Cultura Valenciana y Lo Rat Penat.
Son dos entidades enfrentadas a la AVL y a las que el PP ha otorgado subvenciones a dedo. Su blindaje legal, según fuentes de la Generalitat, «es una apuesta decidida por el reconocimiento de la labor del valencianismo cultural y, en concreto, de las entidades centenarias creadas para la recuperación y defensa de la cultura valenciana».
Finalmente, y según este primer documento que maneja el Gobierno de Mazón, se permiten incluso las denuncias por parte de personas físicas y jurídicas: «Podrán intervenir activamente en la defensa y protección de las señas de identidad, poniendo en conocimiento de la Generalitat o de las entidades locales situaciones que puedan resultar contrarias a su integridad, consideración y debido respeto».
