Publicado: septiembre 12, 2025, 6:07 pm
El comienzo del curso escolar está siendo un caos en Extremadura. Más de 5.000 alumnos se han quedado sin clase en toda la región, sobre todo en las zonas rurales, al no poder desplazarse a los colegios por la fala de transporte escolar al no llegar a un acuerdo económico las empresas del sector con la Junta de Extremadura en la última licitación. De las 579 rutas ofertadas para garantizar la asistencia de unos 16.000 alumnos, 223 quedaron desiertas por lo que alrededor de 5.000 alumnos no han podido acudir a sus clases en las dos primeras jornadas lectivas.
Para intentar que se prestara el servicio, y ante la falta de acuerdo en los últimos meses de negociación con las empresas concesionarias, la Junta denunció por la vía penal a estas empresas por no prestar «un servicio esencial» al alegar que existe además un acuerdo marco suscritas por todas -tanto las que han acudido a las licitaciones como las que no- y una petición de medidas cautelares para que la Administración de Justicia obligara a estas últimas a prestar el servicio para «un derecho esencial» como es el educativo. La Junta ha llegado a plantear clases telemáticas tras no poder garantizar a corto plazo que el servicio de transporte vuelva a prestarse.
Sin embargo, la Justicia denegó este jueves -primer día del curso- la medida cautelar solicitada por la Junta de Extremadura en la que pedía obligar a las empresas que había denunciado a prestar el servicio de transporte escolar, que venían prestando durante el curso anterior. La administración regional apeló a esta medida al considerar que se trataba de un servicio esencial pero un auto dictado el jueves, primer día del curso escolar, el Juzgado de Instrucción consideró que no procedía a adoptar la medida cautelar «al no darse los requisitos procesales exigido para su adopción» y añadió que la Administración «dispone de recursos administrativos para garantizar el derecho de trasporte escolar como complemento, en determinadas circunstancias, del derecho de educación, sin perjuicio de poder instar acciones civiles o contenciosos administrativas en orden a reparar posibles perjuicios».
Un amplio grupo de empresas del transporte decidió no presentarse a la licitación al entender que los precios ofrecidos por la Consejería de Educación no eran los adecuados para atender unos gastos mínimos, como el mantenimiento de los autobuses, el pago a conductores, averías o combustible, entre otros. Por su parte, el Gobierno regional denunció «coacciones» para elevar el precio del servicio.
En un contexto de acusaciones entre las partes en las últimas horas, y ante la polémica suscitada entre el sector educativo entre la región -padres, alumnos y profesores-, la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha anunciado hoy que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará una ayuda directa de 0,26 euros por kilómetro a las familias afectadas por la falta de transporte escolar. Además, la consejera se volvió a reunir hoy con los representantes de las empresas del sector que no acudieron al concurso «para pedirles que cumplan con la resolución establecida», que es «de obligado cumplimiento», en la que se establece el precio de cada una de las rutas que «les corresponden hacer» a cada una de estas empresas de manera individual y que se corresponde, según la consejera, con los 10 meses del curso académico 2025-2026 y en la que establecía el precio de cada una de la rutas. La Junta llegó a adjudicar de forma directa a 48 horas del inicio las rutas que quedaron desiertas a las empresas que no se presentaron al concurso, pero éstas se han negado a prestar el servicio.
En este sentido, Vaquera ha destacado que se está dando «prioridad» a los centros de educación especial por «las connotaciones propias y la vulnerabilidad» de estos alumnos -como en los centros de educación especial- y ha añadido que «vamos a intentar facilitar todo para que las familias no se tengan que complicar la vida para estas ayudas». Además, ha remarcado que el Ejecutivo regional lleva «mucho tiempo» trabajando, que lo siguen haciendo y que seguirán «mañana, tarde y noche» para que el sector del transporte escolar, que es «esencial» para el desarrollo de la actividad educativa, «se restablezca cuanto antes y con toda normalidad».
En una carta remitida a la comunidad educativa, la consejera extremeña de Educación asegura compartir la «preocupación» por esta situación y trabaja para «encontrar una alternativa» que garantice el acceso a la educación de los niños y niñas es la prioridad de la administración. En esta misiva, la consejera asegura que, a pesar de haber mejorado las condiciones del servicio con un nuevo acuerdo marco que actualiza precios y condiciones, una minoría de empresas «se ha negado» a licitar las rutas, provocando que más de 200 quedaran sin adjudicar.
LOS PERJUDICADOS
Mientras se resuelve el conflicto, la presidenta de la Federación regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Freampa), Maribel Rengel González, ha calificación la situación de «espeluznante» y ha tildado de «escandaloso» que la consejería haya decidido de forma «unilateral» medidas como sufragar gastos económicos para ayudar a las familias a realizar los viajes o implantar a los alumnos que no puedan acudir a clase la formación telemática temporal hasta que exista una solución. Esta representante de las familias ha denunciado que más de 5.000 niños están «en jaque», y que la crisis del transporte fomenta «la desigualdad» entre el alumnado rural y el urbano, en una región «eminentemente rural» como Extremadura. Esta federación ha convocado a las convocado a las familias afectadas a concentrarse todos los días a partir del próximo lunes, 15 de septiembre, a las 12.00 horas, en la puerta de los colegios e institutos.
Por su parte, la Federación Estudiantil de Extremadura (Fadaex) ha convocado una huelga estudiantil indefinida a partir del viernes 19 de septiembre ante la «falta de soluciones efectivas» a la «grave» situación que atraviesa el transporte escolar en la región, «una carencia que además de afectar al desarrollo académico de los alumnos, también vulnera el derecho fundamental de acceso a una educación pública, gratuita y de calidad». La falta de transporte, señala Fadaex, «obliga a muchos estudiantes a enfrentarse a una semi presencialidad forzosa que limita el aprendizaje y condiciona gravemente la igualdad de oportunidades».
Fadaex señala que durante la pandemia de COVID-19 se comprobó que la educación semipresencial o telemática «no garantiza los mismos resultados que la enseñanza presencial», y que «genera desigualdades especialmente graves» en entornos rurales, donde «muchos estudiantes carecen de recursos tecnológicos o conectividad suficiente».
HUELGA DE LOS PROFESORES
Los sindicatos docentes también han rechazado las medidas impuestas por la Consejería de Educación. «Pretende obligar a los docentes a multiplicar el trabajo con la atención presencial del alumnado que haya podido asistir a los centros educativos y con el teletrabajo del alumnado afectado por la falta de transporte», ha advertido Mercedes Barrado, presidenta del sector de Educación de CSIF Extremadura.
Precisamente el jueves, coincidiendo con el inicio del curso escolar, todas las organizaciones sindicales anunciaron de manera conjunta que iniciarán una serie de movilizaciones para conseguir la homologación salarial de los 16.000 maestros y profesores extremeños con los del resto de comunidades autónomas. En las mismas, incluyen una huelga en la educación pública el próximo 7 de octubre «ante la falta de respuesta de la Junta».
