Publicado: julio 9, 2025, 10:07 pm
Incertidumbre y tensa espera. Pedro Sánchez solventó ayer a trompicones su cara a cara con los grupos parlamentarios para rendir cuentas sobre los casos de corrupción que afectan a su Gobierno y al PSOE. Salió vivo pero maltrecho, con una prórroga de vida de incierta duración que depende a fin de cuentas de la Guardia Civil, de sus pesquisas y de sus explosivos informes.
Ninguno de los socios que apoyaron su investidura quiere abandonarlo de sopetón -de hecho todos tienen cuentas pendientes que desean solventar aprovechando su debilidad- y por ello aceptan asumir por ahora el coste de la corrupción, pero tampoco ninguno, con la excepción de EH Bildu, está dispuesto a concederle gratuitamente un salvoconducto hasta 2027.
Todos coinciden en que la situación es muy grave y todos también son conscientes de que puede empeorar y en ese caso la factura a pagar por ser cómplices de la mancha tóxica sería insoportable.
Las advertencias fueron claras. Los aliados casi pasaron de puntillas sobre el nuevo plan de regeneración que ofertó el presidente; de hecho, para buena parte de ellos es difuso e insuficiente. La mayoría puso sobre la mesa las exigencias de su propia agenda y algunos socios clave como ERC o el PNV insistieron en que la tregua que conceden al Gobierno quedará cancelada si los escándalos crecen con nuevos informes de la UCO.
Sánchez evitó en esta ocasión regodearse en su propio discurso y optó por una intervención inicial breve en la que pidió otra vez disculpas, admitió haberse equivocado en la elección de sus hombres de confianza –Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Paco Salazar– y trató de difuminar su problema de corrupción presentándolo como un pecado recurrente que ha afectado a todos los gobiernos de la democracia.
Un pecado que él, ahora, está dispuesto a redimir con un plan de regeneración democrática que asegura haber diseñado con la ayuda de técnicos de la OCDE y cuya medida estrella es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública para «prevenir, supervisar y perseguir la corrupción».
El presidente se autorretrató como un político traicionado y al mismo tiempo como el garante de una limpieza democrática que hasta ahora nadie se ha atrevido a acometer. En este papel de hombre imprescindible para regenerar el país basó su decisión de «no tirar la toalla», pese a que, como aseguró, llegó a plantearse la posibilidad de dimitir y convocar elecciones. Una idea que finalmente tachó como «opción no válida» tras «escuchar a mucha gente». «Voy a continuar», dijo, «porque soy un político limpio que lidera un partido ejemplar».
Frente a este relato a medio camino entre el victimismo y la épica se plantó un Feijóo durísimo. El líder del PP afirmó que la legislatura «nació de una transacción corrupta», que el sanchismo «ha operado como una organización criminal» y que «toda la responsabilidad» es del presidente. «Es usted el que nos metió en esta pesadilla. Lo que le queda es devolver el botín y convocar elecciones», le lanzó.
Posteriormente en su segunda intervención, después de que Sánchez se desahogara recordando los casos de corrupción de los populares, Feijóo elevó aún más el tono añadiendo al listado de corruptelas los presuntos casos que afectan a la familia del presidente: «El marido es usted, el hermano es usted», espetó antes de lanzar la bomba acusándole de ser «partícipe a título lucrativo del negocio de la prostitución», en referencia a las saunas del padre de Begoña Gómez en las que presuntamente se practicaba el proxenetismo.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, aseguró que si los casos de corrupción se circunscriben a lo ya conocido, es decir, al triángulo Ábalos-Koldo-Cerdán, su partido seguirá sosteniendo a Sánchez porque, en su opinión, «esto no basta para tumbar al Gobierno» pero, si la mancha se amplía, habrá llegado el momento de «obligarle a que la gente decida».
Si hubo un grupo que, en contra de lo previsto, sorprendió, fue el PNV. Su portavoz, Maribel Vaquero, exigió a Sánchez muchas más explicaciones que las hasta ahora dadas, le reprochó no tener «rumbo claro», le afeó que trate de extender hacia otros el problema como si fuera «tinta de chipirón» y sobre todo le recordó que la «responsabilidad directa» de las corruptelas es toda suya.
El PNV también está dispuesto a dar un margen a Sánchez sobre todo porque negocia con él un traspaso importante de competencias en Seguridad Social, pero al mismo tiempo le avisa de que «no podrá funcionar dos años más en una agonía utilizando el miedo y el chantaje». Para el grupo vasco, si Sánchez no «esclarece» completamente lo sucedido sólo le quedarán tres opciones: convocar elecciones; dimitir y dar paso a otra persona de su partido para que intente una investidura o someterse a una moción de confianza.
Por parte de Junts, el respaldo a Sánchez se activará o no en función de que este satisfaga la agenda independentista y cumpla los pactos de Waterloo. Su portavoz, Miriam Nogueras, le advirtió que lo que se le ofrece es sólo «una prórroga».
Muy distinto fue el papel de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y líder de Sumar, quien lejos de fajarse frente a Sánchez como aseguró que haría, se presentó como su escudera en la refriega contra el PP. Para ella no hay ni duda ni alternativa: el Gobierno debe resistir.
