Publicado: agosto 7, 2025, 6:07 pm
La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha salido a la palestra para protestar contra el veto al culto musulmán en espacios públicos en Jumilla (Murcia), promovido por una moción de Vox que el PP apoyó mediante una enmienda: «La limitación de estos derechos atenta contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes».
Así lo han sostenido los obispos españoles en un comunicado mediante el que se posicionan del lado de la Comisión Islámica en España. Ambos empuñan la libertad de culto como uno de los pilares de la Constitución, recogido en su artículo 16: «Las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por el derecho a la libertad religiosa», han advertido.
«Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas», han subrayado. De ahí que recuerden que «la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar».
«Las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no sólo a las religiosas», han ahondado.
Además, citan la Declaración de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 18 que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia».
Luces y sombras de la enmienda
Si bien la enmienda del PP aprobada subsanó los puntos más conflictivos de la moción presentada por el concejal de Vox, Juan Agustín Carrillo, su primera disposición hace referencia a la promoción de actividades, campañas y propuestas culturales que «defiendan nuestra identidad y protejan los valoores y manifestaciones religiosas tradicionales de nuestro país».
Con todo, en Génova defienden que «es falso que el PP vaya a señalar a nadie por su credo«. Pero en esta línea, la CEE ha destacado que «si las restricciones buscan proteger el bien común, se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no sólo a las religiosas», como pretende la moción de Vox y secunda, de forma algo más suavizada, la enmienda del PP.
Para Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Murcia, el texto de los populares «claramente está vinculando que existen unas manifestaciones religiosas que se identifican con la identidad nacional a la que el Estado tiene que dar especial protección».
A su juicio, que la religión católica esté «enraizada» en nuestra cultura, «no hace ajenas al resto ni desmerece a las demás como pretende» el texto, que «atenta contra la idea de aconfesionalidad del Estado y ese deber de colaboración con las distintas confresiones»
