Publicado: septiembre 5, 2025, 4:07 am
La apertura del Año Judicial se celebra hoy en el Tribunal Supremo en un escenario de máxima tensión institucional entre los jueces y el Gobierno. Las palabras del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, el pasado lunes acusando en la televisión pública a los jueces que investigan a su esposa y su hermano de «hacer política» y la insólita presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por la filtración de datos del novio de Isabel Díaz Ayuso, marcarán el acto solemne que presidirá el Rey Felipe VI.
En el Salón de Plenos del Alto Tribunal intervendrán en primer lugar el investigado Álvaro García Ortiz, que presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía, y, después, la presidenta del Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.
Multitud de jueces consultados por EL MUNDO confían en que Perelló pronuncie hoy un discurso «duro» y «potente» donde defienda la independencia de los miembros de la carrera judicial, respondiendo así a los «ataques» que en la última semana ha protagonizado el presidente del Gobierno y secundado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Isabel Perelló es una magistrada de perfil progresista, conocida por su tono moderado y equilibrado, pero que ha sabido marcar un perfil propio como presidenta del Supremo durante su primer año de mandato en el que no ha esquivado en ningún momento la defensa de los miembros del Poder Judicial.
Fuentes jurídicas informan de que la presidenta lleva días preparando su intervención, siendo consciente tanto de su responsabilidad como del momento que atraviesa el país, donde son las decisiones judiciales sobre los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo, el PSOE o los familiares del presidente Sánchez los que marcan la agenda política día tras día. Su círculo de confianza no espera referencias explícitas a Pedro Sánchez o el Gobierno en su discurso pero sí contundencia en la defensa a «ultranza» de los integrantes del tercer poder del Estado.
El acto se presume de alto voltaje. Lo cierto es que, tal y como informó el pasado lunes este periódico, la presencia de García Ortiz incomoda a la inmensa mayoría de magistrados del Tribunal Supremo. Más allá de que tras la celebración del futuro juicio el fiscal general resulte condenado o absuelto, una amplísima mayoría de jueces y fiscales creen que el fiscal general debería haber dimitido, evitando así someter a tanta «tensión institucional» al propio Estado de Derecho. La imagen que se verá mañana en el Supremo será inédita, ya que nunca antes el máximo representante del Ministerio Público tuvo que defender con la condición de procesado en un procedimiento penal el cumplimiento de la legalidad. Para muchos se trata de un «esperpento», un «signo del profundo deterioro institucional» que padece el país o una «indignidad». Sin embargo, las fuentes consultadas enfrían la posibilidad de que ese profundo malestar contra García Ortiz se convierta en un boicot del acto solemne presidido por el rey Felipe VI.
Ayer, el sector conservador del CGPJ pidió a la presidenta Perelló que «trasladase» al fiscal general la «inconveniencia de intervenir» en el acto de apertura del Año Judicial y que se impidiese al ministro de Justicia, Félix Bolaños, sentarse en estrados.
Los diez vocales que integran el bloque conservador -que fue nombrado a propuesta del PP- enviaron una carta a la presidenta donde mostraron su «gran preocupación por la circunstancia de que el actual fiscal general del Estado, sometido a un procedimiento penal en fase de enjuiciamiento, tenga previsto ocupar un lugar en estrados y dirigirse públicamente a su Majestad el Rey, a los magistrados que han de juzgarle y al conjunto de asistentes».
Consideraron que la presencia de García Ortiz creará «una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto». También pidieron a la presidenta del TS y el CGPJ que impidiese al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tomar asiento en estrados.
En la misiva, los consejeros sostuvieron que, a la situación insólita de García Ortiz, «se añade un contexto político de extraordinaria tensión» por las declaraciones de Sánchez, la portavoz del Gobierno, y el propio titular de Justicia sobre la actuación de los jueces. «Queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho». Los consejeros hicieron hincapié en que «las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo».
Por su parte, los nueve vocales nombrados a propuesta del PSOE emitieron ayer un comunicado donde trasladaron «a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne que marca el inicio del curso judicial».
El bloque progresista del Poder Judicial destacó que «la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia». Por su parte, fuentes próximas al vocal progresista Carlos Hugo Preciado, quien no suscribió este comunicado ni tampoco la carta del bloque conservador, apuntaron que no es «institucionalmente» correcto que el CGPJ entre «en el debate partidista» y que se debe de huir de «toda instrumentalización política de la institución, en la línea que ha venido haciendo este Consejo en su primer año de mandato y que debería continuar manteniendo».
Por último, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) mostraron ayer su rechazo a la presencia del fiscal general en el acto de apertura del Año Judicial. Estos colectivos pidieron directamente al máximo representante del Ministerio Fiscal que se abstuviera de acudir a la ceremonia del Supremo.
«Queremos mostrar nuestro rechazo a la presencia en este acto de Álvaro García Ortiz. Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que se ha acordado la incoación de un procedimiento abreviado en virtud de resolución firme y cuando, con toda probabilidad, se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado de Derecho y al propio Jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad», señalaron.
Los colectivos de jueces y fiscales añadieron que, aunque respetan la presunción de inocencia de García Ortiz, «el respeto a las instituciones y a lo que representan están por encima de los intereses particulares de quienes somos servidores públicos».
Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) compatieron «la preocupación que puede generar en la ciudadanía» la imagen del fiscal general procesado, junto al Rey y la presidenta Perelló pero no se sumaron a la nota.
«Somos plenamente conscientes de que esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía. Ahora bien, no podemos obviar que, conforme a la legalidad vigente, el Fiscal General del Estado sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne», argumentaron fuentes de esta asociación de jueces.
ACTO SOLEMNE
LEY DEL PODER JUDICIAL. Su artículo 181 establece que al inicio del año judicial se celebrará un acto solemne en el Supremo en el que se presentarán la Memoria anual sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y la Memoria anual de la Fiscalía General del Estado sobre su actividad.
PERSONALIDADES. En el acto se espera la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, del ministro de Justicia, Félix Bolaños, de la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, de la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano y del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
