Publicado: abril 2, 2025, 2:07 pm
Acatan la instrucción recibida por parte de la Fiscalía que encabeza el imputado Álvaro García Ortiz y, en contra de su propio criterio reflejado en un informe interno, los fiscales Anticorrupción del caso ERE se oponen ahora a que la Audiencia Provincial de Sevilla plantee una cuestión prejudicial frente a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional sobre el mayor caso de corrupción de la historia de España.
Los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra han querido, sin embargo, que quede reflejado que lo hacen «siguiendo las instrucciones recibidas» por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo que dirige la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde.
Tal y como desveló EL MUNDO, los fiscales Anticorrupción del caso ERE remitieron un informe interno a la Fiscalía del Alto Tribunal donde se mostraron a favor de que elevar por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla una consulta ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Egocheaga y Fernández Guerra consideraban que las sentencias del TC han podido vulnerar el derecho de la Unión Europea y la doctrina del TJUE sobre la protección de fondos públicos, al vaciar de contenido el delito de malversación cometido por los Gobiernos socialistas en Andalucía.
Sin embargo, en virtud de la instrucción 1/2016 de la Fiscalía General del Estado correspondía a la Fiscalía del Tribunal Supremo fijar criterio sobre la cuestión prejudicial. La posición fijada por el departamento que capitanea Sánchez-Conde ha sido la contraria a la mantenida por los fiscales de la trama de los ERE fraudulentos.
Sin extralimitación del TC
En el informe definitivo, presentado ante la Sección Primera de la Audiencia, la Fiscalía indica que «la interpretación que el TC realiza de los delitos de prevaricación y malversación se inserta en un ámbito de control de la prohibición de realizar interpretaciones extensivas en contra del reo».
Además, el Ministerio Público sostiene que «el TJUE ha dejado sentado que el derecho de la Unión no se opone a una normativa o una práctica nacional según la cual las resoluciones del Tribunal Constitucional vinculan a los órganos jurisdiccionales ordinarios».
El Ministerio Fiscal entiende que, en este caso, el tribunal sentenciador, es decir, la Audiencia de Sevilla, puede resolver sus dudas conforme al derecho interno ya que el Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido «no se ha extralimitado al anular una resolución judicial».
El plazo para alegaciones dado por la Audiencia a las partes finaliza este jueves. Fuentes jurídicas consultadas consideran altamente probable que, una vez concluido este plazo, el tribunal presente la cuestión prejudicial.
Por su parte, el presidente del TC ha señalado para el Pleno de la próxima semana el «debate jurídico» sobre la actuación de la Audiencia de Sevilla. En el orden del día figura deliberar sobre «el deber de velar por el cumplimiento efectivo» de las resoluciones del Constitucional.
