Publicado: noviembre 19, 2025, 3:07 am
A falta de un Galdós, los Episodios Nacionales del sanchismo los está escribiendo la UCO. Los periódicos informes dirigidos al juez instructor -su primer y privilegiado lector- retratan, con la técnica del realismo social más descarnado y preciso, una telaraña de presunta corrupción que se extiende y ramifica desde el Gobierno de España, cuando éste fue el centro de operaciones del Clan del Peugeot, hacia diferentes instituciones públicas y empresas privadas. Un pozo de mierda.
Con cada nueva y detallada entrega de la UCO se consolidan los indicios que apuntan a que esta trama del sanchismo ancestral podría haber utilizado las estructuras del Estado para, además de enriquecerse, colmando sus necesidades personales y vicios, financiar de manera ilegal al PSOE. La herramienta imprescindible para mantenerse en el poder, comprando fidelidades, recompensando favores, arropando a fontaneras, sobrinas, pumpidos y alvarones…
Cualquier persona que conozca mínimamente el funcionamiento interno de los partidos sabe que la Secretaría de Organización -cargo que ocuparon sucesivamente Ábalos y Cerdán en el PSOE- es la que más poder ejecutivo acumula y el más temido. No en vano, decide las listas electorales, con qué empresas se trabaja, las campañas de publicidad… Todo bajo la supervisión, en este caso, del jefe Sánchez. Nada que ver, pues, con la caricatura de dos paletos machistas y su Koldo que pasaban por ahí con la que el PSOE periodístico los presenta.
El último episodio de la UCO es de especial importancia porque, además de consolidar a Cerdán como el cerebro ejecutor, vínculo entre el PSOE y el Gobierno, aporta nuevos e interesantes datos de la trama. Sus mordidas del 2% serían algo más modestas que el célebre 3% del pujolismo. Y aparecen, ¡tachán, el PNV; y, ¡tachán, tachán!, el Gobierno de Marruecos a través de los ministros Abdelkader Amara y Aziz Rebbah, como presuntos colaboradores necesarios de los pelotazos socialistas.
Aunque lo más relevante es que la UCO pone, al fin, en el centro de la investigación y del debate la cara privada de la presunta corrupción sanchista, al señalar la implicación de la constructora Acciona en el presunto amaño de obra pública a través del pago de comisiones. Un modus operandi, aún por confirmar, que es idéntico al de otras muchas empresas que fueron anteriormente condenadas -Ferrovial en el caso Palau…- y que ratifica la responsabilidad del sector privado en la edificación y mantenimiento de un sistema generalizado de corrupción pública.
Una suerte de economía circular mafiosa, con estricto derecho de admisión, que permanece intacta al paso de los años y de las sentencias, y en la que el político y la empresa privada desempeñan, al mismo tiempo, los papeles de corruptor y corrupto. Beneficiándose mútuamente, pero con una cláusula de impunidad exclusiva para las empresas: cuando las pillan y son condenadas, les basta con cortar la cabeza (de turco)a un par de ejecutivos para «depurar responsabilidades» pagando, como mucho, una multa de 1 millón de euros, y poder seguir en la mesa del gran casino español de la contratación pública. Independientemente del color político del crupier de turno.
