Publicado: marzo 19, 2025, 5:07 am
Cuando Carlos Mazón anunció su acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 habían pasado 642 días del pacto que abrió la puerta a la formación de Santiago Abascal entrara en el Consell, el primero que firmaron el Partido Popular y Vox en una autonomía. El líder del PP firmó entonces un documento con 50 iniciativas, algunas polémicas, que serían el pilar de la acción de legislativa y de gobierno conjunta. Ahora, con Vox teniendo la llave de los presupuestos y la bombona de oxígeno de Mazón, el PP tendrá que encontrar acomodo en las cuentas a las 24 exigencias, o parte de ellas, que ha puesto su socio preferente en el parlamento.
Entre lo que sellaron entonces y las exigencias actuales la diferencia está en que ahora inciden en aquello que dejaron a medias. Y es que, aunque Mazón no esquivó algunos de los más polémicos, otros acabó matizándolos. Del pacto firmado el 15 de junio de 2023 salieron tres leyes cuyo desarrollo ha sido a distinta velocidad. Una de ellas fue la Ley de Libertad Educativa, que cumplía con el compromiso que ambos partidos respaldaban ampliamente de «garantizar la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas», algo que está listo para aplicarse el próximo curso tras la consulta a las familias, que Vox ha reivindicado. También recogía la educación gratuita de 0 a 3 años que el PP llevaba en su programa y que acabó poniendo en marcha en solitario.
La otra gran norma que salió adelante fue la Ley de Concordia, que cumplía con el acuerdo para derogar derogarían las normas «que atacan la reconciliación en los asuntos históricos», es decir, la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno de España anunció que la recurriría al Tribunal Constitucional y, pese a que han pasado nueve meses desde su aprobación, su desarrollo sigue pendiente. Por eso Vox, entre sus condiciones, incluye ahora la exigencia de su cumplimiento y pide que en 2025 se supriman «todas las partidas destinadas a Memoria Histórica» y que sólo se mantengan «las obligatorias para identificación de cadáveres». Esto supone, según sus cálculos, «un recorte de, al menos, el 40%».
Para que Mazón fuera investido presidente, también acordaron la recuperación de la Ley de Señas de Identidad, aprobada por el PP con Camps y derogada por el Botànic. El objetivo era «eliminar las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los països catalans», algo que se ha hecho en parte. En los primeros y únicos presupuestos conjuntos, los de 2024 vigentes hasta el momento, Vox, desde la vicepresidencia de Cultura, recortó y eliminó ayudas a institutos de investigación de la lengua, fundaciones, espacios culturales y editoriales. Además repartió fondos entre aquellas entidades que defienden la identidad propia del valenciano frente al catalán. Ahora bien, desde Educación se mantuvieron las ayudas a la promoción del valenciano y el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) se incrementó en 240.000 euros. Ahora Vox pone ahí su foco y pide recortar «de forma significativa» a la AVL y la promoción de la lengua.
Si bien salieron adelante también la reforma de la radiotelevisión pública, con la Ley de la Corporación Audiovisual Valenciana que permite al PP y Vox controlar el nuevo consejo de administración, de la Agencia Antifraude y la Ley de Simplificación, en la políticas de Igualdad Vox no logró cambiarle el paso a Mazón. Se las reservó a la vicepresidenta Camarero y las dotó un 1% más, un 40% para la atención a las víctimas de la violencia de género. Ahora, el partido de Abascal pide más reducciones.
Hace año y medio, la ocupación ilegal estaba en el foco de Vox y fue recogida en el pacto incluso con más intensidad de la inmigración, la bandera del partido desde el pasado mes de julio. Entonces pedían que la Generalitat que denunciara los casos de los casos de inmigración ilegal «con especial atención a las mafias organizadas» y que se eliminaran las ayudas «a entidades que amparen estas prácticas». Nada se hizo, por eso ahora dan un paso más y piden que se reserven partidas para hacer pruebas de edad e impulsar un plan de retorno de irregulares.
También insisten en algo que no estuvo sobre la mesa en 2023: desde el Pacto Verde al recorte a los sindicatos y un 40% a las partidas de cooperación, especialmente las de apoyo al pueblo Palestino, que cifra en 22 millones de euros.
Inciden los de Abascal en el avance en materia fiscal, en una «ambiciosa reforma del IRPF», que estaba en el pacto de gobierno, pero matiza la contundencia con la que entonces se comprometía a eliminar los impuestos de Sucesiones, Donaciones y de Patrimonio. Ahora pide rebajas progresivas y bonificaciones. Ni en infraestructuras ni en sanidad, pese a ser dos áreas del acuerdo de 2023, pone Vox deberes a Mazón en los presupuestos sin que ello signifique que haya habido significativos avances.
