Publicado: mayo 1, 2025, 4:07 am
La fuerte sanción a Vox por financiación irregular ha provocado una fractura en la cúpula del Tribunal de Cuentas, según aseguran fuentes de la institución a EL MUNDO.
La presidenta de la institución, Enriqueta Chicano y la mayoría de vocales nombrados a propuesta del PSOE y Sumar lograron que saliera adelante una multa sin precedentes por valor de 862.496 euros al partido de Santiago Abascal. Fue decisivo el apoyo del fiscal del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, que tiene derecho a voto en el consejo, para que Chicano lograra una mayoría suficiente para imponer la sanción. Este bando basa su voto en respaldar el trabajo de los instructores técnicos que recomendaron sanción.
Votaron en contra todos los vocales a propuesta del PP y uno adicional del PSOE, por lo que terminó el voto en siete contra seis. Dos de los consejeros a propuesta del PP, Javier Morillas y José Manuel Otero Lastres firmaron además un voto particular explicando su rechazo, según las fuentes consultadas.
La versión oficial ofrecida por el organismo fiscalizador se limitó a asegurar en un comunicado que se había aprobado la sanción por mayoría y que había habido solo dos votos particulares, lo que no reflejaba lo ajustada que fue la votación.
El Tribunal de Cuentas sostiene en su comunicado que la multa obedece a una «infracción muy grave» de la Ley orgánica de financiación de los partidos políticos «consistente en haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo». Se trata, según fuentes conocedoras, de castigar la polémica campaña recaudatoria de Vox con huchas y entrega de pulseras a los donantes.
El Tribunal de Cuentas considera por la estrecha mayoría mencionada haber constatado esta práctica en la fiscalización de las cuentas del partido que dirige Santiago Abascal de los ejercicios 2019 y 2020.
Según fuentes conocedoras del debate en el consejo del Tribunal de Cuentas el desacuerdo no reside en si Vox incurrió en práctica irregular con su financiación a través de merchandising, sino si está suficientemente acreditado que incurrió con ello en infracción tan grave como para se multado con más de 800.000 euros, una cifra en la estratosfera de las que suele fijar el Tribunal de Cuentas a partidos que han cometido irregularidades.
El voto particular de Morillas y Otero Lastres, según las citadas fuentes, defiende que una cosa es la presunción de que ha habido donaciones irregulares y otra que exista prueba suficiente de que no ha habido compraventa. Si se presume que la pulsera se obtenía a cambio del donativo no sería aplicable, según esta versión, la sanción por financiación irregular.
Vox, por su parte, ha anunciado que presentará recurso ante el Tribunal Supremo, como ya hizo el año pasado tras recibir otra sanción de 223.000 euros en 2024 también por donaciones. Considera «injusta» la resolución y confía en que tanto esta, como la sanción anterior sean anuladas. En su opinión no existe base legal y esgrime la existencia de votos particulares.
Por otra parte, donde sí ha habido acuerdo en el consejo del Tribunal de Cuentas es en criticar una medida del Gobierno que rebaja el control previo de las donaciones de grupos municipales a los partidos. La reforma del artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, «supone un retroceso en la transparencia que debe regir en la gestión de los fondos públicos e impide su control». El Tribunal pide en su moción, por el contrario, que se refuerce el control.
