Publicado: junio 3, 2025, 4:07 am
Las 11 comunidades autónomas que preside el PP y las dos ciudades autónomas lanzan un último órdago al Gobierno para la Conferencia de Presidentes del viernes en Barcelona. Todas ellas han preparado una carta común, a cuyo borrador ha accedido EL MUNDO, con ocho requisitos para incluir en el orden del día de la reunión. En la última reunión, el Ministerio de Política Territorial les aceptó la mayoría, pero no todas, y las regiones populares ponen pie en pared.
Si no se cumplen sus peticiones, valoran incluso darle plantón a Pedro Sánchez como muestra de su disconformidad. Y tienen para ello el visto bueno tácito de la dirección de Génova, que no se meterá en lo que decidan. «No descarten nada», dijo ayer el portavoz Borja Sémper. Aunque diversas fuentes del PP ven difícil de cumplir este órdago, porque a la Ciudad Condal también irá el rey Felipe VI, como es costumbre en las reuniones autonómicas.
El choque de trenes institucionales no radica en un capricho de los populares, sino en que el artículo 5.2.C del reglamento de la Conferencia de Presidentes establece que «se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía».
Es decir: todo lo que pida un mínimo de 10 de las 19 administraciones se incluirá sí o sí en el orden del día. «En todo caso». Y el borrador de la carta para el Gobierno en poder de este diario tiene 13 firmas. De sobra. Las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, La Rioja, Galicia, Cantabria y Baleares y las ciudades de Melilla y Ceuta «solicitan» -mismo verbo que establece el reglamento- la inclusión de ocho temas en el orden del día de la reunión.
El primero es la reforma de la financiación autonómica, la «inmediata actualización» de las entregas a cuenta y la retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda. El segundo punto es el «acceso a la vivienda» y «lucha contra la ocupación y la inquiocupación». El tercero es «un nuevo plan energético» con más seguridad e inversiones técnicas en las redes de Red Eléctrica y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón. El cuarto punto a debatir es el «control de fronteras y política migratoria» como competencia «exclusiva» del Estado.
Quinto punto que exige el PP: «Inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar el transporte público y las comunicaciones». Sexto: «Déficit de profesionales sanitarios». Séptimo: «Retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal». Y octavo y último: «Financiación del primer ciclo de educación infantil».
En el PP no contemplan un rechazo definitivo del Gobierno, y no descartan un plantón conjunto de sus presidentes. Pero lo cierto es que están convencidos de que, en aplicación de la literalidad del reglamento, no debería haber discusión ni problema por parte del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
«Si el Gobierno vuelve a dar un portazo, veremos cuál es la respuesta de los presidentes autonómicos», explicó ayer el portavoz popular. «No descarten ninguna posibilidad».
