Publicado: agosto 29, 2025, 8:07 am
La confrontación entre el Gobierno y las comunidades del PP por el reparto desigual de los menores extranjeros entre las comunidades autónomas ha escalado en las últimas horas hasta generar un enfrentamientamiento verbal entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el lehendakari, Imanol Pradales. Moreno recriminó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya concedido al País Vasco la condición de «frontera norte», un estatus que, en igualdad de condiciones, Andalucía debería tener como «frontera sur». «¿Cuántas pateras llegan al País Vasco», se preguntó el presidente andaluz de forma retórica, para recordar a continuación que Andalucía está «a tiro de piedra» de África y asiste cada día a la llegada de inmigrantes a sus playas.
Pradales contó en público, horas después, que esas palabras le llevaron a telefonear a su homólogo andaluz para recordarle que el País Vasco no tiene reconocido el estatus de frontera norte: !Qué más nos gustaría!». Y que el 50% de los menores inmigrantes que hay en sus centros de acogida «llegan en autobús desde Andalucía».
El fenómeno de la inmigración interna de menores extranjeros no es nuevo. De hecho, cuando la crisis migratoria colapsó los recursos de Andalucía en 2018 (con el Gobierno de Susana Díaz) fue la propia Junta de Andalucía la que pidió auxilio ante la «fuga masiva» de menores de sus centros, ya que buscaban mejores recursos y posibilidades de integración en comunidades con sistemas menos saturados.
Entonces, se conoció cómo las mismas mafias que gestionaban un pasaje en patera a esos menores para cruzar el Estrecho también ofrecían un traslado desde Andalucía al País Vasco, Cataluña o Francia, donde estos menores tenían familiares o más posibilidades de asentarse con otros compatriotas. Tras aumentar la vigilancia en el Estrecho, las mafias han alterado sus rutas y las pateras llegan ahora preferentemente a Canarias o Baleares. Pero, aunque menor, la presión sobre las costas andaluzas de la inmigración sigue existiendo y las pateras llegan a diario.
De momento, la desavenencia entre el presidente andaluz y el lehendakari se ha resuelto con más ironías que acusaciones gruesas y con una convocatoria para la celebración de una próxima reunión conjunta entre las dos consejerías con competencias en el tema. Pero el cruce de mensajes entre Moreno y Pradales deja en evidencia el malestar generado por el criterio aplicado por el Gobierno, que ha dejado al País Vasco y Cataluña prácticamente al margen del reparto. A este respecto, el Gobierno ha tomado en consideración a la hora de distribuir a los menores, no las plazas disponibles en cada comunidad, sino las que deberían habilitar los gobiernos autonómicos según una ratio calculada sobre la población total.
Andalucía tiene sus recursos (unas 645 plazas) con una ocupación superior al 90% durante todo el año. Pero el Gobierno cree que está lejos de alcanzar la ratio por habitante establecida en el modelo aprobado (32,6 plazas por cada 100.000 habitantes) y que la llevaría a tener que acoger hasta 2.827 menores. Esa ratio sí estaría superada en el País Vasco (con un volumen de población mucho menor) y casi en Cataluña.
En lo que tiene que ver con el estatuto de «frontera norte», es cierto que formalmente no se le ha reconocido al País Vasco pero, de facto, el Gobierno sí le ha concedido esa condición, como se recoge, por ejemplo, en las notas oficiales emitidas por el Ministerio de Juventud e Infancia, cuya titular, Sira Rego, se reunió en julio con consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa. Dice la nota publicada por el Gobierno que la ministra Rego destacó «los esfuerzos en esta materia emprendidos por Euskadi en su condición de territorio de frontera norte».
Fuentes del Gobierno andaluz subrayan a EL MUNDO que la Junta no se opone a la consideración del País Vasco como «frontera norte» a efectos de inmigración. Pero señala que Andalucía tiene tantos o más motivos para ser considerada «frontera sur». De la misma manera, el Gobierno Vasco se ha mostrado a favor del reconocimiento a Andalucía como «frontera sur».
«Una guerra entre comunidades por intereses políticos»
En una nota de prensa emitida ayer, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, acusó al Gobierno de «provocar una guerra entre comunidades autónomas» y se lamentó de que el Gobierno desoiga la petición de la Junta, mientras, «por puros intereses políticos», excluye del reparto a otras comunidades. «Queda claro que para el Gobierno de Sánchez, el interés de mantenerse en el poder pesa más que el interés de los menores, a los que trata como mercancía política», afirmó.
«Andalucía está haciendo un gran esfuerzo para atender a estos niños y adolescentes. Somos la comunidad que realmente debe ser considerada frontera sur por la presión migratoria que venimos soportando históricamente». «Andalucía es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero nuestra máxima siempre será preservar la atención y protección de los niños, tanto de los que ya se encuentran en el Sistema de Protección de Menores andaluz, que ya está saturado y corre el riesgo de reventar, como de aquellos a los que quieren trasladar», añadió.
Cuando la solidaridad entre comunidades sí funciona
Pese a la tensión manifiesta entre el Gobierno y las comunidades del PP, la solidaridad entre comunidades sí funciona fuera de los focos y los titulares de prensa. Así, por ejemplo, la Junta de Andalucía atendió una llamada de auxilio de la ciudad autónoma de Ceuta el pasado mes de julio y recibió a unos 40 menores inmigrantes que literalmente no cabían en sus saturadísimas instalaciones.
