Publicado: octubre 20, 2025, 1:07 am
Un total de 14 juristas han presentado su candidatura para ocupar la plaza de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano encargado de investigar y enjuiciar a los aforados más relevantes del país como, por ejemplo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, las candidaturas se han presentado para acceder a la plaza vacante por el turno de jurista, tras la jubilación del magistrado Miguel Colmenero. La Sala de lo Penal o Segunda, que en la actualidad preside el magistrado Andrés Martínez Arrieta, está integrada por 15 magistrados.
Han solicitado esta plaza las catedráticas de Derecho Penal Silvina Bacigalupo -hija del ex magistrado de la Segunda, Enrique Bacigalupo-, Alicia Gil Gil, María del Mar Carrasco Andrino, María del Carmen Juanatey y María de la Paz Lloria García. No en vano, suena con fuerza la posibilidad de que el órgano de gobierno de los jueces, una vez analizados los currículos, opte por elegir a una mujer como nuevo miembro de una de las Salas más sensibles del Tribunal Supremo.
También optan a la plaza de la Sala de lo Penal el catedrático de Derecho Procesal, Julio Bancloche, el fiscal y actual letrado del Tribunal Constitucional, Guillermo García Panasco y el reputado abogado Manuel Ollé.
Por su parte, completan la lista de juristas que aspiran a ocupar una plaza en la Sala Segunda del Supremo Alejandro Martín Molina, Norberto Javier de la Mata, Carlos José Pérez, Jesús María Santos, Luis María Uriarte y Francisco Javier Verdu López.
Para solicitar esta plaza, el requisito exigido es estar dedicado a la abogacía o ser jurista de prestigio que haya desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a 15 años, preferentemente en la rama del Derecho correspondiente al orden jurisdiccional penal.
A partir de ahora, los 14 aspirantes tendrá que realizar una comparecencia en la Comisión de Calificación en la sede del Consejo General del Poder Judicial. Posteriormente, será esa comisión la que seleccione a una terna de juristas para ocupar la plaza. La propuesta de las tres candidaturas será posteriormente elevada al Pleno y será entonces cuando los vocales elijan al nuevo magistrado o magistrada de la Sala Segunda.
La especial trascendencia de la Sala de lo Penal reside precisamente en que sus magistrados son los encargados de investigar a los miembros del Gobierno y los parlamentarios -es el caso de José Luis Ábalos- así como otros aforados de especial relevancia pública como, por ejemplo, en la actualidad, el fiscal general del Estado.
Los sectores conservador y progresista del Consejo tendrán que negociar para sumar 13 votos y así poder efectuar este nombramiento discrecional. Hasta ahora, el papel de la presidenta del órgano, Isabel Perelló, ha sido clave para desatascar las designaciones más complejas del Alto Tribunal. Perelló ha apostado por premiar el mérito y la capacidad en todo momento; circunstancia que le ha generado críticas, sobre todo, desde el bloque progresista del CGPJ que resultó vencido en las elecciones de las presidencias de la Sala Segunda y Tercera del Supremo.
Además, se da la circunstancia de que, en la actualidad, la Sala Segunda se enfrenta a la tramitación de varios asuntos de alto voltaje político. Por un lado, el juicio al fiscal general del Estado comenzará el próximo 3 de noviembre. García Ortiz se sentará en el banquillo por presuntamente haber filtrado a la cadena Ser el correo electrónico que el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal de Madrid, Julián Salto, admitiendo que «ciertamente» se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Esta causa, de suma importancia institucional, ha generado ya tensiones internas en la Sala.
Por otro lado, el instructor del caso Koldo, el magistrado Leopoldo Puente, ya ha confirmado que el juicio al ex ministro de Transportes y ex Secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, será en un plazo próximo de tiempo. Asimismo, en esta macrocausa de corrupción se encuentra investigado -y actualmente en prisión preventiva- el ex número dos del PSOE y ex diputado, Santos Cerdán, por presuntos amaños a gran escala de adjudicación de obra pública. En contraposición, esa pieza separada del caso se encuentra en estado embrionario y es posible que su instrucción se alargue durante varios meses más.
