Publicado: septiembre 5, 2025, 10:07 pm
La polémica presencia del procesado fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz junto al Rey Felipe VI y las críticas desde el Gobierno a los miembros de la judicatura, en la misma semana del acto de apertura del Año Judicial, centraban el interés este viernes en el Tribunal Supremo. Pero el discurso de Isabel Perelló, además de una defensa contundente de la independencia judicial y una censura de la injerencia política, incorporaba otra carga de profundidad menos evidente.
La presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial recordaba durante su alocución que la Justicia es un servicio público y que, por lo tanto, «la independencia judicial no es, en modo alguno, un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos». Y ante la atenta mirada del Rey Felipe VI, del ministro de Justicia, Félix Bolaños y del fiscal general, Perelló pasó a abordar las reformas judiciales que ha puesto en marcha el Gobierno y que han despertado el rechazo de jueces y fiscales. También aprovechó la ocasión para mostrar su preocupación por la raquítica ratio de jueces por habitantes en nuestro país y por la puesta en marcha de los denominados tribunales de instancia.
Sobre el proyecto de ley para modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, que el pasado mes de julio llevó a los jueces a huelga histórica, la magistrada señaló que el «necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional». La presidenta del Supremo reclamó que cualquier modificación en el sistema de selección debe respetar los principios de «publicidad, objetividad de las pruebas y transparencia», pues estos «garantizan jueces independientes y con plena autonomía personal».
«Existen reformas en tramitación que afectan directamente a la Carrera Judicial y generan legítima preocupación en la judicatura», prosiguió Perelló, quien defendió que los magistrados «no son inmovilistas». «Reclamamos constantemente mejoras, pero estas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia», reivindicó frente al titular de Justicia, autor de las reformas. Los jueces creen que el objetivo perseguido por el Ejecutivo es dar un «vuelco ideológico» a la carrera judicial y lastrar su independencia.
La presidenta del Supremo pidió ayer que cualquier modificación legislativa de la Justicia se acometa «mediante diálogo institucional y con la participación del CGPJ».
Por otro lado, Perelló recalcó que quedan todavía desafíos de gran envergadura en el ámbito judicial como la implantación de los tribunales de instancia «que nos preocupa con los problemas organizativos que ello conlleva» a la par que se refirió a la «carencia alarmante» de jueces en nuestro país.
«En 2024, los juzgados y tribunales de nuestro país resolvieron siete millones de asuntos, 800.000 más que en el año anterior; y dictaron más de dos millones de sentencias. Esto significa que, de media, cada juez resolvió cerca de 1.400 asuntos y dictó 325 sentencias. Estas cifras reflejan la responsabilidad y el sobresfuerzo de los miembros del Poder Judicial. Es conveniente recordar que, en España, el número de jueces por cada cien mil habitantes es muy inferior a la media de los Estados del Consejo de Europa: 11,9 en nuestro país frente a 17,4 en Europa. Una tasa que refleja la falta de jueces», indicó.
La presidenta del Poder Judicial añadió que las 120 plazas de jueces que, de media, se han creado en los últimos años son «insuficientes» y recordó que hace dos meses el Pleno del CGPJ aprobó un informe que considera urgente la creación de 509 plazas judiciales.
«Esta es una de nuestras grandes preocupaciones, cuya solución no puede demorarse ni quedar supeditada al incierto devenir de determinadas iniciativas legislativas. La falta de jueces, pone en grave riesgo la efectividad de la justicia, garantía última de los derechos de los ciudadanos y la que asegura el cumplimiento de la ley», subrayó Perelló.
En contraposición, el fiscal general del Estado alabó las reformas legislativas propuestas por el Ministerio de Justicia: «Celebro las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española. También los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes».
García Ortiz, primer fiscal general procesado en la historia de España, reclamó que se acometa el cambio del modelo penal y que la instrucción pase a manos de los fiscales. El máximo representante del Ministerio Público aseguró que «para quienes buscan excusas o se resisten al cambio nunca habrá un momento adecuado. Se escudarán en circunstancias puntuales o contingentes». En esta ocasión, el fiscal general no aludió a su situación personal, a un paso del banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos, aunque el deterioro sufrido por la Fiscalía durante su mandato -imputación incluida- es uno de los motivos de rechazo del cambio del modelo penal.
«Vuelvo a reclamar desde este solemne foro la cristalización de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Nuestro país lleva ya años de retraso respecto a nuestros vecinos europeos. Animo desde aquí a que las instituciones públicas concernidas consensuen una reforma legislativa que permita, de una vez por todas, modernizar —y también mejorar— nuestro sistema de proceso penal», agregó.
García Ortiz también indicó que será preciso establecer «un sistema de contrapesos» y «restringir el poder del fiscal general del Estado, si se considera pertinente».
