Publicado: septiembre 20, 2025, 2:07 am
Aunque el problema de la migración de datos se haya resuelto, como sostienen el Gobierno y la Fiscalía General, un problema «más grave» -en expresión de jueces de Violencia sobre la Mujer- persiste: la mala calidad de los nuevos aparatos empleados para controlar las órdenes de alejamiento de los agresores.
La desconfianza hacia el uso de las pulseras telemáticas como solución en casos de riesgo alto se refleja claramente en la evolución de las cifras de dispositivos instalados. Los datos oficiales que ofrece la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género muestran un crecimiento sostenido de los dispositivos instalados durante años. La tendencia se rompe en abril de 2024, cuando la gestión del programa cambia de manos tras la licitación del Ministerio de Igualdad. En ese mes se llega al pico de 4.851 pulseras telemáticas instaladas. En el año anterior -de final de 2022 a final de 2023- habían crecido en un 49%, pero ahora bajan. El pasado mes de julio había instalados 4.515 aparatos, es decir, 336 menos que cuando se produjo el cambio de sistema.
Las cifras corroboran las explicaciones de jueces de Violencia sobre la Mujer. Aunque en su mayoría consideran que sigue siendo una medida cautelar útil, ahora recelan más y las utilizan menos. En la práctica, toman medidas como endurecer las condiciones -mayor distancia con la víctima- o, directamente, prescinden de recurrir a las pulseras y en los casos más graves se inclinan por acordar la prisión provisional.
Al igual que los jueces, fiscales y abogados dan cuenta de continuos fallos en los aparatos, que generan alarmas infundadas y generan incertidumbre en las víctimas sobre si estarán funcionando correctamente. Estos testimonios contradicen la afirmación del Gobierno y la Fiscalía General de que en ningún momento las víctimas han perdido protección.
El magistrado Francisco Gutiérrez, del Juzgado de Violencia número 2 de Sevilla, explica que ha vivido el caso de un hombre detenido a la puerta del domicilio de la mujer de la que debía estar alejado, cuando su pulsera indicaba que estaba a dos kilómetros. En otro caso, el presunto agresor se quitó sin gran dificultad la pulsera para no tener que exhibirla en la playa. Se le puso en busca y captura, se le localizó tres meses más tarde y fue a prisión.
Esto último, la facilidad de quitarse la pulsera, es otra queja de quienes trabajan en este campo. Los dispositivos empleados hasta el primer trimestre de 2024 eran no solo «mejores técnicamente», sino «más difíciles de quitar».
La diferente calidad de los dispositivos puede explicarse por su precio. El contrato público en vigor indica que cada aparato tiene un valor de 696,34 euros. En la licitación, el Ministerio de Igualdad barajaba un coste por unidad de hasta 1.200 euros, que la oferta de la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad dejó en casi la mitad.
Las pulseras empleadas antes del cambio de contrato se acercaba a los 3.000 euros, según indican fuentes jurídicas. Hasta la revisión del sistema hace año y medio no se recurría a terminales comprados por el ministerio, sino que Igualdad pagaba por día de uso. Así pues, no se adjudicaron por un precio concreto, si bien es posible conocerlo por aquellos casos en que el agresor rompía el aparato. En el juicio que seguía por quebrantamiento de las medidas impuestas el juzgado procedía a tasar los daños, que se acercaban a los 3.000 euros.
Igualdad resolvió el cambio de sistema al estimar que no perdería calidad el servicio y supondría un ahorro muy relevante. «A fin de mejorar el servicio de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas […] se propone el paso del modelo de pago por uso a un modelo de adquisición», concluía el documento firmado por Ángela Pam Rodríguez, entonces secretaria de Estado de Igualdad y número dos de la ministra Irene Montero.
Lo hacía tras encargar un estudio externo que constató «la conveniencia de pasar de un modelo de pago por uso a un modelo de compra». El informe recibido indicaba que «a nivel de costes, la compra de los dispositivos evidencia una reducción considerable de pago por uso». Añadía que «el coste es un aspecto importante por considerar […] Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren que el modelo de precios no necesariamente se correlaciona con la calidad de los sistemas. En cambio, la entidad contratante debe prestar atención a la relación coste-beneficio al seleccionar un sistema».
Se percibe una ventaja importante escogiendo un modelo de contratación de servicio con pago de los dispositivos como inversión, y un pago adicional por el servicio de uso de estos». «La reducción de coste global», concluía, «es muy alta».
