Publicado: mayo 1, 2025, 6:07 pm
Tras dos días de intensas deliberaciones en el Pleno del Tribunal Constitucional, si algo quedó claro es que el proyecto de sentencia que avala la mayor parte de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la conocida como Ley Trans, no cuenta con apoyo de la mayoría de los magistrados del órgano.
Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, en la sesión plenaria de ayer se visibilizó la fractura existente dentro del sector progresista durante las intervenciones de la magistrada María Luisa Balaguer y la también vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Ambas mostraron su rechazo a validar, tal y como ha propuesto el ex ministro Juan Carlos Campo, la modificación registral de sexo a partir de los 16 años.
La ponencia de Campo recoge que la Ley «solo contempla la rectificación de la mención registral del sexo de una persona cuando ésta manifieste su disconformidad con el sexo que le fue asignado al nacer, la equiparación en el ejercicio de derechos entre las mujeres que hayan ejercido ese derecho y aquellas que se identifiquen con el sexo que les fue asignado al nacer viene exigido por el reconocimiento del derecho a no ser discriminado por razón de la condición trans de la persona y no puede analizarse, con carácter general, como una discriminación contra las mujeres, en tanto estamos, en todo caso, ante mujeres, por mucho que unas sean mujeres trans y otras no». En este sentido, el proyecto añade que, «una vez que el legislador ha optado por un determinado procedimiento de rectificación registral de la mención de sexo en aras de garantizar el derecho a la intimidad de las personas trans,(…) no cabe restar toda virtualidad práctica a ese procedimiento por la vía de no reconocer ninguna eficacia jurídica».
Este punto, el que más controversia ha generado en el seno del Constitucional, es innegociable para ambas magistradas, defensoras del feminismo clásico. Tanto Balaguer como Montalbán expusieron ayer que se trata de una cuestión que afecta a la seguridad jurídica y al derecho a la igualdad.
Por su parte, durante su intervención, el presidente Cándido Conde-Pumpido evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión jurídica y se limitó a recordar ante el Pleno a los magistrados que la función del Constitucional se limita al control de las Leyes en relación con la Carta Magna. Sin embargo, lo cierto es que el debate sobre la Ley Trans ha tensionado internamente al TC en un momento especialmente delicado: cuando el tribunal ha recibido férreas críticas por tratar de frenar que la Audiencia de Sevilla pueda llevar el caso de los ERE a la Justicia europea y cuando tendrá que abordar el debate sobre la Ley de Amnistía al procés en las próximas semanas.
La novedad de la Ley Trans es que la revuelta interna no ha sido entre progresistas y conservadores sino entre los propios magistrados del sector mayoritario que lidera Cándido Conde-Pumpido. De hecho, la propuesta del ex ministro Juan Carlos Campo tan sólo contó con el apoyo sin fisuras del magistrado del sector progresista Ramón Sáez.
Los aspectos más controvertidos del borrador de sentencia se sitúan en la modificación registral de sexo a partir de los 16 años, las prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años y el régimen sancionador que impone la Ley.
Campo pidió ayer a sus compañeros que le remitieran sus apreciaciones y se comprometió a valorarlas.
