Publicado: julio 10, 2025, 2:07 pm
Descuadre de cuantías en las donaciones que el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos hizo al partido que lidera Pedro Sánchez. El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor del denominado caso Koldo, ha dictado este jueves un auto donde ordena que se requiera al PSOE para que aporte, además de las cantidades abonadas o transferidas a Ábalos, las transmitidas por éste al partido político, «en concepto de donación o por cualquier otro motivo».
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha considerado «preciso conocer todas las donaciones realizadas por Ábalos al PSOE desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, con información de la cuenta bancaria desde la que se efectuaron».
En un oficio, la UCO reclamó al Alto Tribunal que pidiese al partido un informe detallado «de todas las cantidades dinerarias abonadas por José Luis Ábalos al referido partido. Se solicita, en este sentido, que se informe de todos y cada uno de las donaciones realizadas, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos».
¿La razón? La Agencia Tributaria imputa al ex ministro de Transportes haber realizado donaciones al Partido Socialista por un total de 44.729,29 euros mientras que en los productos bancarios del ex secretario de Organización del PSOE «solo existe constancia de pagos» al partido desde el año 2014 hasta el 2024, ambos inclusive, por un monto total de 8.471,36.
Tras recibir la petición de la UCO, el juez de la Sala Segunda ha pedido que se informe de todas y cada una de las donaciones que se hubieran realizado por José Luis Ábalos al partido, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de origen, concepto y/o comentario, así como cualquier otro dato que tengan asociadas los referidos abonos.
En su auto, Puente explica que acuerda estas diligencias de investigación con el propósito de esclarecer «aparentes faltas de sintonía» en la información disponible acerca de la verdadera situación económica de Ábalos.
Pagos del Congreso
El auto añade que en el oficio de la UCO, fechado el 8 de julio, se señala que han sido analizadas las percepciones económicas imputadas por la AEAT al ex ministro por el Congreso de los Diputados en concepto de retribuciones, dietas, complementos u otras percepciones económicas desde el año 2014 hasta el 2024 ambos inclusive, constando al respecto un total de 751.421,57 euros. Sin embargo, la cuantía reflejada en sus cuentas procedente directamente del Congreso de los Diputados asciende a un total, en esos mismos años, de 79.841,74 euros.
Por su parte, el magistrado también se dirige a la Secretaría General del Congreso «a fin de que informe a este Tribunal Supremo en la presente causa especial, en el plazo más breve posible, de todas las retribuciones o cantidades abonadas por cualquier concepto, al investigado José Luis Ábalos desde el año 2014, precisando detalladamente todos y cada uno de los pagos realizados, indicando la fecha, método de pago, cuenta bancaria de destino y titularidad de la misma, así como cualquier otro dato que tengan asociadas las referidas retribuciones».
Información sobre las constructoras
En otro auto, el instructor del TS realiza sendos requerimientos a la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para obtener datos los empresarios investigados en la causa y de sus empresas -del ex directivo de Acciona Fernando Merino, del constructor José Ruz, de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), así como de la fundación Fiadelso -vinculada a Ábalos-, para completar la verdadera situación patrimonial de las personas físicas, así como de las personas jurídicas en cuyo beneficio pudieran las primeras haber venido actuando.
El juez explica que la información que se obtenga podrá ser cruzada con los datos bancarios de dichas personas que ya fueron solicitados a diferentes bancos en los mandamientos acordados hace unas semanas por el Supremo. El auto añade así se podrá «conocer la estructura personal de las diferentes empresas y los vínculos que pudieron existir entre las personas contratadas por unas y otras, así como los períodos de tiempo durante los cuáles determinadas personas físicas pudiera haber prestado servicios profesionales para aquéllas, al efecto de confirmar o descartar los relevantes extremos que ya constan al respecto, siempre en los términos indiciarios que corresponden a la fase procesal en la que nos encontramos, en lo hasta ahora practicado».
En el auto se requiere también a la Agencia Española de la Administración Tributaria para que aporte la información entre las personas físicas y jurídicas para el periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024. En el caso del empresario Joseba Antxon Alonso y a su mercantil Servinabar 2000, la petición se realiza a la Hacienda Foral de Navarra.
En segundo lugar, requiere a la Tesorería General de la Seguridad Social para que aporte la vida laboral de los cinco empresarios que tienen la condición de investigados en la causa, así como del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y de Koldo García, y de la exmujer de este último, Patricia Uriz Iriarte.
Esta petición a la Seguridad Social también se refiere al periodo comprendido entre los ejercicios 2014 a 2024, ambos incluidos, y señala el juez, se realiza «al efecto de conocer el desempeño laboral desarrollado por las mismas en el referido espacio de tiempo y, en consecuencia, el vínculo que aquéllas hubieran podido mantener con determinadas personas físicas, investigadas en este procedimiento, o con las empresas en cuyo ámbito y eventual beneficio aquellas operaban».
