Publicado: septiembre 6, 2025, 4:07 am
«¿Se debería expulsar a Israel?». No titubeó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ante la pregunta. «Sí, lo comprendo y soy partidario», certificó, contundente. Y así se situaba también en un terreno de contradicciones. Porque, de hecho, es justo él, de acuerdo a la Ley del Deporte, quien puede vetar una competición internacional en España si la considera incompatible «con la política exterior española y con los compromisos internacionales que el Estado pueda haber asumido».
¿Podría haber impedido Albares esta Vuelta de España? De acuerdo a la textualidad de la norma, sí, pero la situación implica matices importantes. Como precisó el propio Albares en su entrevista en RNE: el Gobierno no ha tenido «nada que ver con la participación » del equipo Israel Premier Tech en la Vuelta. Porque la potestad sobre la inclusión de unos equipos u otros en competiciones deportivas corresponde a las federaciones deportivas -en este caso, la Unión Ciclista Internacional (UCI)- y a los Comités Olímpico y Paralímpico Internacionales.
En su artículo 14, la Ley del Deporte establece que el Gobierno, a través de Exteriores, se debe pronunciar sobre «la celebración en territorio español de competiciones deportivas oficiales o de carácter internacional» antes de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) las autorice o las deniegue. Pero esa validación, explican desde el CSD, se limita a la existencia o no de impedimentos legales. En el momento en que, como cada año, el Ministerio avaló la celebración de la Vuelta, quedaba lejos la confirmación de los participantes. Igualmente, la polémica sobre la ofensiva israelí en Gaza no había alcanzado los niveles actuales, que han convertido cada etapa de la Vuelta en un reto de seguridad. Tras la suspensión del final en Bilbao, el pasado miércoles, la jornada de ayer, con final en el Angliru, se vio interrumpida durante unos segundos en el arranque de la escalada final, a 12,1 kilómetros de meta, por un grupo de activistas propalestinos.
Javier Rodríguez Ten, profesor de la Universidad de San Jorge y abogado especialista en Derecho Deportivo, profundiza en el componente político que puede afectar a las competiciones internacionales en territorio nacional. Remite al artículo 81.2 de la Ley de Deporte, ese sobre la «compatibilidad» con la posición de España en cuestiones internacionales. Pero esa normativa se pensó más como amparo al aislamiento deportivo a Sudáfrica por el apartheid en los 60-70, recientemente replicado con el veto a Rusia por la invasión de Ucrania. Esas decisiones, esas decisiones se tomaron en el ámbito internacional. «Se podría extender a Israel ahora», afirma Rodríguez Ten.
Pero como los organismos internacionales no parecen decantados hacia esa solución, el Gobierno de España tendría una última vía para encajar su política internacional en el ámbito deportivo. El artículo 14 de la Ley de Deporte también recoge que la participación de las selecciones en competiciones internacionales debe autorizarla el CSD, de nuevo, con refrendo previo de Exteriores. Es decir, el Gobierno sería competente para apartar a los equipos nacionales y evitar así que se midan con conjuntos israelíes, normalizando su presencia internacional.
La polémica se centra hoy en la Vuelta, en unas coordenadas muy diferentes. Tanto la organización comolos equipos son entidades privadas. De hecho, el Israel Premier Tech no es un equipo nacional, pese a su nombre y el apoyo del primer ministro Netanyahu, que ayer mismo alabó el «gran trabajo» del equipo ciclista, por «no ceder ante el odio y la intimidación». El equipo ciclista pertenece al millonario canadiense Sylvan Adams, y cuenta con corredores de 17 nacionalidades, con sólo cuatro israelíes.
No es la única paradoja en el ámbito deportivo. Detrás de varios equipos españoles hay fondos de inversión israelíes. Por ejemplo, tanto en escuadra ciclista Movistar como en el Atlético de Madrid aparece como accionista Quantum Pacific, fundado y dirigido por el millonario israelí Idan Ofer, con una participacion, respectivamente, del 43% y el 27,8%.
