Las carreteras comarcales de la corrupción del 'caso Koldo' en Granada y la acción de Tragsa

Publicado: agosto 25, 2025, 1:07 am

A José Luis Ábalos está claro que le gustan los paradores. El 6 de julio de 2021, apenas una semana antes de que Pedro Sánchez le descabezara tanto del Ministerio de Transportes como de la Secretaría de Organización del PSOE -entonces, por motivos desconocidos, hoy quizá ya más claros-, el aún ministro y hombre para todo del presidente cenaba en el parador de Granada. Junto a él, su inseparable Koldo García Izaguirre, asesor ministerial y probablemente el ábalos del propio Ábalos, y un empresario: Francisco Coca, administrador de Áridos Anfersa SL.

Aunque probablemente ninguno de los tres lo sospechaba, el ágape iba a marcar un final, el de Ábalos como gran factótum en el PSOE, pero también un inicio: el de Áridos Anfersa como mercantil vinculada a la trama Koldo, que en breve iba a contratar a la mujer de García, y a la vez iba a pasar a facturarle, desde la nada, millones de euros a la empresa pública Tragsa.

El agujero que los investigadores de la Guardia Civil han hallado para evitar la fiscalización de esos contratos es ingenioso. La Diputación granadina compró entonces una acción de Tragsa para, al formar parte de su accionariado, habilitarse la contratación por medio de acuerdos marco, lejos de la molesta mirada de los interventores. Así, Anfersa pasó de facturar a la empresa pública 700.000 euros en 2021 a conseguir hasta 22 contratos por encima del millón en los años subsiguientes.

Ese 2021, de pronto, la firma pasa a jugar en la primera división de las constructoras de la zona. En UTE (Unión Temporal de Empresas) con Obras Públicas y Regadíos SA (OPR), pilla un contrato de 2,2 millones para hacer la primera fase de la ronda sur de Motril. A la vez, Patricia Uriz, esposa de Koldo, es contratada por espacio de 21 meses por la UTE, a cambio de 22.000 euros, para poder llegar a los 55 años con la cotización necesaria para cobrar pensión a los 65, como admite él mismo en uno de los pinchazos.

Pero el caso, del que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sigue deshojando la margarita por orden del juez del Tribunal SupremoLeopoldo Puente, conforme se van analizando los 30.000 audios grabados por Koldo García para protegerse, sirve también para realizar un ejercicio interesante: observar cómo la (aún presunta) corrupción capilariza también hacia abajo, cómo se trazan las microrredes clientelares al calor de las más grandes.

Para ello, basta observar las contrataciones en pueblos del entorno de la capital granadina como Pulianas, Otura, Atarfe y Armilla, todos gobernados por el PSOE, los nexos que la política ha trazado en torno a ellas.

No escucharemos estos nombres en los telediarios, puesto que las cantidades no son altas, pero la Guardia Civil los observa como las carreteras secundarias del caso Koldo.

En Pulianas (5.500 habitantes, a cinco kilómetros de Granada), por ejemplo, Áridos Anfersa recibió 300.000 euros en contratos menores, y hasta 130.000 por la remodelación de la plaza José Tovar, el 80% de los cuales fueron aportados, de nuevo, por la Diputación granadina. Según la oposición municipal, todo ello sin alternancia ninguna de proveedores.

Ábalos volvió por allí en octubre de 2023, ya como diputado raso, a la Fiesta de la Rosa, acompañado por el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien durante año y medio se llevó a como asesor a Delegación al gerente de OPR, Toño Fernández, quien acabaría declarando hace mes y medio como imputado en el Supremo.

Otura (7.600 habitantes, a 13 kilómetros de Granada) es otro ejemplo. En 2023 el Ayuntamiento le adjudicó a Anfersa, sin rebaja en el precio de licitación, la remodelación de una de las calles principales, por 466.000 euros. En la mesa de adjudicación estuvo el propio alcalde, algo que, se quejó la oposición, contraviene la ley. A los pocos meses se aprobó un modificado que elevó la factura a 700.000 euros, sin justificación según el PP. En 2025, el alcalde, Nazario Montes, fue nombrado secretario de Política Institucional del PSOE de Granada.

Por Atarfe (20.000 habitantes, nueve kilómetros a la capital) pasó Ábalos sólo un día después de aquella cena en el Parador, para inaugurar un tramo de carretera. En los cuatro años siguientes Áridos Anfersa se llevó seis contratos en la localidad, según la oposición con pautas idénticas en las adjudicaciones: ausencia de informes técnicos comparativos de las ofertas, puntuaciones aparentemente perfectas según criterio de precio… La empresa se convirtió en firma para todo en el Ayuntamiento.

Algo similar pudo suceder en Armilla (25.000 habitantes, a cuatro kilómetros de la capital): Áridos Anfersa gana en 2023 un contrato por 72.000 euros tras una curiosa modificación de pliegos realizada por el Gobierno local, según la oposición, y un día después la alcaldesa es nombrada vicesecretaria general del PSOE de Granada a propuesta del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, presunto protector e impulsor de la empresa en todos estos pueblos de la corona alrededor de Granada.

Fernández, no obstante, se ha desvinculado terminantemente de la trama, y lo cierto es que su nombre, en todo caso, no aparece en las 490 páginas del informe Cerdán de la UCO. Sin embargo, como por ejemplo ha sucedido en Navarra, los investigadores levantan alfombras en estos meses donde las grabaciones de Koldo y las evidencias van señalando, pero también donde las banderas rojas de posibles tratos de favor comenzaron a izarse, al paso de José Luis Ábalos, hace tiempo.