Publicado: septiembre 22, 2025, 8:07 pm
Los fallos provocados por las pulseras empleadas para controlar las órdenes de alejamiento de los agresores de violencia de género fueron detectados por jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, según reflejan las distintas actas de las comisiones provinciales de coordinación de violencia de género las que ha tenido acceso de EL MUNDO. Asimismo, el análisis de estas actas reflejan que fueron problemas que se prolongaron en el tiempo durante meses y que se han continuado producido hasta fechas muy cercanas – al menos hasta junio de 2025-.
En contraposición, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, insistió ayer en una entrevista en TVE, en que es «absoluta y radicalmente falso» que las «incidencias» provocadas con las nuevas pulseras «pongan en peligro a las mujeres». En otra entrevista en La Sexta, aseguró que «no hay mujeres que se hayan dejado de proteger con la pulsera» y acusó al PP de lanzar «una amalgama de bulos y mentiras» en este asunto.
«Se ponen de manifiesto las disfunciones que se vienen produciendo desde que se suscribió un nuevo contrato por el Ministerio de Igualdad». Así arranca un punto del orden del día que la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género de Granada celebró en julio del año pasado. El documento advierte de que los problemas con las pulseras que sirven para controlar a investigados o condenados por violencia de género y violencia sexual implica que las víctimas «pueden encontrarse en una situación de desprotección motivada por una inadecuada prestación del servicio».
Las responsables de los juzgados dan cuenta de la falta de precisión de los datos del sistema Cometa, que controla las pulseras, lo que provoca que no se pueda perseguir a quienes quiebran las órdenes de alejamiento. El Ministerio Público lo ratifica: «La fiscal coordinadora de Violencia sobre la Mujer dice que muchos procedimientos se archivan porque, oficiado el Centro Cometa, el mismo indica que el obligado no se encontraba en el lugar en el que la víctima decía que estaba, y que se han constatado casos en los que dicho Centro afirmaba que la víctima estaba en su casa cuando la misma estaba en dependencias de la Guardia Civil».
En la reunión están presentes, además de los jueces competentes en la materia, representantes de las Fuerzas de Seguridad. El responsable de la Policía resalta que los problemas se dan «a nivel nacional», mientras que el comandante de la Guardia Civil precisa que «desde que está el nuevo servicio, no les notifican las incidencias».
El presidente de la Audiencia Provincial, que preside la reunión, resalta «la gravedad» de un problema que se abordaría en una reunión posterior el febrero de 2025. En ella, se trata el asunto a petición de la Guardia Civil, cuyo representante informa de que los problemas de las pulseras lleva a que exista «un número de víctimas que se sienten desprotegidas, comunicando de manera reiterada y manifiesta el perjuicio que le está suponiendo la asignación de dicho dispositivo, y planteándose renunciar a esa medida de protección, llegando alguna víctima a entregar su dispositivo en sede judicial».
Y pone, además, un ejemplo de un caso «especialmente relevante», en el que se demostró que «el agresor se ha desplazado al domicilio de la víctima y ha sido captado por las cámaras de tráfico de la localidad en distintos días, teniendo además la medida de prohibición de residir y acudir a dicho municipio, sin haberse producido ninguna alarma por parte del Centro de Control Cometa por la entrada en zona de exclusión». El agresor tenía antecedentes de quebrantamiento de la orden de alejamiento.
Por otro lado, el acta de la convocatoria de la Mesa Técnica de la Comisión Provincial contra la Violencia de Género de Cáceres, reunida el 18 de noviembre de 2024, refleja cómo se abordaron los problemas técnicos de la pulseras antiagresores: coberturas, puntos negros, radio de acción a menos de 500 metros y los problemas de zonas rurales, fronteras y las personas que se quitan los dispositivos.
En aquella reunión, una magistrada de Violencia sobre la Mujer, informó que en su juzgado se acordó poner la pulsera a una persona en un procedimiento en ejecución. La víctima estaba en Cáceres y el denunciado en Canarias. La juez señaló que constaba que «estando a esta distancia saltan alarmas». También expuso en aquel encuentro que, con la nueva operadora (Vodafone), se había perdido «la rapidez en gestión de la colocación de la pulsera al denunciado, pues ahora tienen un plazo de hasta 24 horas».
El 25 de abril de 2025, la Mesa Técnica en Cáceres volvió a reunirse. En aquel encuentro, el presidente de la Comisión, también presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, alertó de que las incidencias con los dispositivos eran «recurrentes» y que se habían abordado «en otras comisiones provinciales». El magistrado subrayó que con el cambio de proveedor del servicio «comenzaron a surgir problemas».
El principal problema indicado por el presidente de la Comisión fue la tardanza en la instalación de las pulseras, que debería hacerse en menos de 24 horas según el protocolo del Ministerio de Igualdad. Señaló que localizar tanto a la víctima como al agresor dentro de ese plazo no siempre era sencillo, «especialmente si el agresor ha sido puesto en libertad». En este sentido, el presidente de la Comisión recordó que antes «el servicio era más ágil y eficaz, comparable a un servicio de urgencias». «Anteriormente, el técnico llegaba en unas dos horas, algo que ahora ya no sucede», aseveró.
El presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres también enumeró una serie de problemas técnicos como errores en la medición de distancias, dificultades en zonas rurales o fronterizas, manipulación de los dispositivos por parte de los agresores, e incluso casos en los que estos se introducen en zonas de exclusión intencionadamente para inquietar a la víctima.
Por otro lado, la Comisión de Coordinación contra la Violencia de Género en Zaragoza se reunió el 15 de marzo de 2024. Allí la magistrada del Juzgado de lo Penal Número 8 de Zaragoza explicó que las pulseras algunas veces «indican el lugar donde está el agresor pero en otras aparece la latitud y con ese dato desconocen donde se encuentran».
Por otro lado, el acta de la comisión de Tarragona, de abril del año pasado, recoge quejas similares. «Los dispositivos de control telemático dan muchos problemas y no son una solución muy efectiva, de hecho a veces la víctima no quiere que se adopte este tipo de medida» indica una juez, y lo ratifica la compañera que le sigue: «Dan muchos problemas».
Las actas otra reunión de Málaga, del pasado febrero, indican que también allí los jueces advirtieron de que «muchos dispositivos no funcionan» y que dan «ubicaciones erróneas».
