Publicado: diciembre 14, 2025, 3:07 am
La Unidad Central Operativa (UCO) atribuye a la fontanera del PSOE Leire Díez y al empresario Antxon Alonso, socio del ex dirigente socialista Santos Cerdán, gestiones para conseguir el rescate con 113 millones de fondos públicos de la empresa vasca de tubos de acero Tubos Reunidos, a cambio del cobro de comisiones. Se trata de uno de los 10 mayores rescates realizados por el Gobierno tras la pandemia de Covid. En esta operativa la Guardia Civil sitúa también al ex presidente de la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) Vicente Fernández Guerrero.
Tras ser arrestados el pasado miércoles y cumplirse el plazo máximo de detención policial, los tres pasaron ayer a disposición del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Quedaron en libertad después de que Anticorrupción no pidiera para ellos la prisión provisional. El juez Antonio Piña les impuso las medidas cautelares reclamadas por la fiscal: comparecencias cada 15 días, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.
Los autos de libertad les atribuyen «numerosos indicios de delito». La unidad especializada de la Guardia Civil considera que los tres arrestados se confabularon en media decena de operaciones de este tipo, en las que tenían «intereses comunes» y para las que crearon un grupo específico de WhatsApp que llamaron Hirurok (que significa en euskera los tres juntos), a través del que intercambiaban la estrategia a seguir.
Tubos Reunidos fue rescatada por un importe de 113 millones de euros tras esgrimir la empresa su situación financiera crítica como consecuencia de la pandemia, así como su carácter estratégico. El rescate requería el visto bueno de la Sepi. La inyección millonaria fue concedida en 2021, tras un periodo de paralización de todas las ayudas debido al polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra, a la que se otorgaron 53 millones.
Vicente Fernández, ex presidente de la Sepi.Europa Press
La UCO cuantifica las comisiones percibidas por Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización socialista en la constructora instrumental Servinabar, en 266.000 euros. Sostiene que las comisiones fueron destinadas a inversiones inmobiliarias «comunes» de Díez, Alonso y Fernández en las localidades de Marbella y Jaca (Huesca). Una parte de las ganancias que correspondería a Antxon habría sido destinada a la reforma de una vivienda de su propiedad.
Por las ayudas a la empresa vasca habrían recibido 115.000 euros
El juez de la Audiencia Nacional anunció ayer que se investigarán otras operaciones y que se ampliará el número de imputados en el procedimiento, que permanece bajo secreto. Por ese motivo, se apercibió a los investigados para que no mantengan contacto con otras personas relacionadas con los hechos.
La UCO sostiene que el trío de detenidos empleó una sociedad instrumental, Mediaciones Martínez, para el cobro de sobornos. El único que ha declarado, Vicente Fernández, ha rechazado vinculación alguna con esta entidad. Se limitó a asegurar que cobraba igualas por sus servicios profesionales de unos 5.000 euros mensuales de entidades como Servinabar. Tanto Antxon Alonso como Leire Díez se acogieron a su derecho a no prestar declaración, alegando que no habían podido acceder al contenido de las diligencias dirigidas contra ellos.
Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, sale de la Audiencia Nacional, ayer.
A cambio de la primera operación y más importante de las investigadas, el rescate de Tubos Reunidos, la Guardia Civil sostiene que los tres imputados percibieron unos 115.000 euros como soborno. Los fondos fueron canalizados a través de la tapadera que compartían.
A menor escala que la de Tubos Reunidos, la UCO está revisando otras cuatro operaciones que considera sospechosas. Una de ellas es un adjudicación por parte del Parque Empresarial del Principado de Asturias (Pepa) por valor de 2,8 millones de euros. En este caso, los investigadores estiman que el trío habría percibido una mordida de 400.000 euros.
Otra operación que está siendo rastreada está relacionada con un contrato de 18.000 euros de la sociedad pública Mercasa (Mercados Centrales de Abastecimiento SA) a Servinabar, que los investigadores consideran ficticio.
Una cuarta operación bajo sospecha pone el foco sobre Enusa (Empresa Nacional del Uranio SA), dependiente de la Sepi. Fue allí donde estuvo destinada Leire Díaz a partir de 2018, antes de dar el salto a otra pública, Correos.
Habrían cobrado 400.000 euros por un proyecto en Asturias
La quinta actuación que se está examinando en las diligencias abiertas por una denuncia de Anticorrupción corresponde a las ayudas públicas recibidas por el Grupo Forestalia, cuya sede en Zaragoza fue una de las registradas por la Guardia Civil en los últimos días.
Tras conocerse ayer parcialmente el contenido de la nueva investigación de la Audiencia Nacional, la empresa Tubos Reunidos negó tener relación con Joseba Antxon y Leire Díez. La compañía sí señaló que había recibido una solicitud por parte del Juzgado Central de Instrucción 6 de remitir información «sobre un contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses, con Vicente Fernández». «En atención a esta circunstancia, y con el único interés de colaborar con la Justicia, la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la información que obraba en su poder», añade la compañía.
La diversidad de operaciones acometidas por los investigados explica la imputación por organización criminal que se les atribuye y que se suma a los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
