Publicado: junio 24, 2025, 6:07 pm
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado al Tribunal Supremo una copia del contrato secreto intervenido en la constructora navarra Servinabar en el que figura Santos Cerdán como propietario. Se trata, según precisa el Instituto Armado, de «un contrato privado de compraventa de participaciones fechado el uno de junio de 2016» mediante el que el ex secretario de Organización del PSOE «adquiría 1.350 participaciones de Servinabar 2000, S.L., por valor de 6.000 euros». Subraya la Policía Judicial que «dicho contrato», al que ha tenido acceso EL MUNDO, «se encuentra firmado en sus cuatro páginas por Antxón Alonso y Santos Cerdán como intervinieres y estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar».
Esta constructora, situada en el epicentro de la denominada trama Koldo, recibió más de 80 millones de euros en contratos públicos que, como revelan las grabaciones realizadas por el ex asesor de José Luis Ábalos, fueron amañados a cambio de comisiones. El ex alto cargo socialistas ocultó que poseía el 45% de esta constructora en sus declaraciones de bienes y pese al hallazgo efectuado por la Guardia Civil en el domicilio el empresario Alonso, Cerdán sigue negando la autenticidad de este documento.
A pesar de la incautación de este contrato privado con las firmas del constructor y de Cerdán, la propia empresa también negó hace unos días que quien fuera la mano derecha del presidente del Gobierno fuera socio de la entidad. A través de un comunicado Servinabar llegó a explicar que «Cerdán no ha sido nunca ni es socio» de la compañía. Al tiempo que añadió que «no existe ninguna escritura en la que el señor Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa». La constructora se limitó a reconocer que ambos han mantenido una estrecha relación de amistad pero que ésta «ha sido ajena a las actividades profesionales de cada uno».
Lejos de admitir la existencia del referido documento, Servinabar arremetió contra los medios de comunicación asegurando que se han publicado «numerosas e inexactas» informaciones en torno a la empresa y su propietario y subrayaba que la compañía no ha participado en «delito alguno». Agregó que la empresa «se ha presentado a más de 30 licitaciones en Navarra, resultando adjudicataria de tan solo cinco» y destacaba que dos de ellas «han resultado deficitarias».
La UCO vincula a esta empresa con el amaño de, al menos, dos obras en Navarra durante los primeros años en los que operó la trama (2015-2018) de las que resultó adjudicataria junto a Acciona. Los investigadores resaltan que «no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido» de Servinabar en estos concursos salvo la influencia ejercida sobre Santos Cerdán.
La Guardia Civil considera, en este sentido, que el ex número dos del PSOE «tendría cierta capacidad de decisión» sobre la constructora y apunta que a la relación de la constructora con el ex directivo de Acciona Fernando Merino, que «permitiría entender» la conexión con el Ministerio de Transportes a partir de junio de 2018 «así como el proceso de toma de decisiones para la presunta adjudicación irregular de contratos a la constructora».
El juez del Supremo ya ha puesto el foco en dos contratos en la Comunidad Foral a los que concurrió con Acciona, el proyecto Mina Muga, para la apertura de una explotación de potasa en Sangüesa (Navarra) a finales de 2015, poco después de la constitución de la entidad. Pero también las obras de reforma del pabellón deportivo Navarra Arena de Pamplona en 2017 por importe de 3,7 millones. Junto a estos se analizan otros concursos públicos como el de las obras del denominado túnel de Belate, presupuestadas en 76 millones o la rehabilitación del antiguo archivo general de Navarra por valor de 2,4 millones.
Servinabar fue constituida en septiembre de 2015 por Antxón Alonso con un capital de 3.000 euros y siempre ha figurado este empresario como accionista y administrador, permaneciendo oculta al Registro Mercantil la presencia de Santos Cerdán.
