Publicado: diciembre 11, 2025, 3:07 pm
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al constructor Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, en el marco de las diligencias que instruye la Audiencia Nacional contra Leire Díez por delitos relacionados con la adulteración de contrataciones públicas desde el puesto en el que la puso Pedro Sánchez nada más acceder al Gobierno.
El arresto se suma al de la propia Díez y al del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández Guerrero. Ambos coincidieron en su etapa de cargos públicos. En 2018 Díez ocupó un puesto en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), dependiente de la Sepi que dirigía Fernández. Después de tres años, Díez dio el salto a las relaciones institucionales de Correos.
En paralelo a estas detenciones, los agentes de la UCO están practicando varios registros en empresas vinculadas a Servinabar, uno de ellos en la sede de la empresa Forestalia en Zaragoza. Se han practicado un total de 19 registros o requerimientos de información, entre ellos a las empresas públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, y en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra, todo ello bajo una operación que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
Fuentes de la UCO han añadido que no hay previstas nuevas detenciones. En principio, los tres arrestados comparecerán ante el juzgado este sábado a partir de las 10 horas. La investigación les atribuye los delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias, según fuentes del tribunal.
El detenido Antxon Alonso ya estaba siendo investigado junto a Santos Cerdán por delitos de corrupción en el caso Koldo. Por su parte, Díez está imputada en un juzgado de Madrid por su posible papel de fontanera del PSOE, buscando informaciones comprometedoras contra la UCO y Anticorrupción para diluir las investigaciones que protagonizan y que se ciernen sobre el Gobierno y el PSOE. En cuanto al ex director de la Sepi, se investiga si facilitó el cobro de las mordidas de ex secretario de Organización del PSOE.
La operación se activó el miércoles, cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia en la Audiencia Nacional, según informan fuentes del tribunal. Las primeras pesquisas han corrido a cargo del juzgado que se encuentra de guardia, en este caso el dirigido por el magistrado Antonio Piña, encargado de tutelar las entradas y registros que están practicando agentes de la UCO. La operación permanece bajo secreto sumarial.
El empresario Antxon Alonso sale del Tribunal Supremo el pasado julio tras prestar declaración.Europa Press
En nómina de Servinabar
Santos Cerdán es la conexión entre Díez, Fernández y Alonso. El ex presidente de la Sepi estuvo en nómina de la empresa Servinabar, cuyo propietario es Alonso, entre mayo de 2021 y febrero de 2023 después de que el empresario le fichara como director comercial. Según los datos aportado por la Hacienda Foral, Vicente Fernández cobró de Servinabar más de 100.000 euros en escasos dos años que estuvo en nómina. Además, está considerado como uno de los hombres de confianza de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Servinabar, según se desprende de la investigación, gestionaba cantidades millonarias en concepto de mordidas cobradas por Cerdán a cambio de contrataciones públicas. En Navarra, según los informes de la UCO, esta sociedad se adjudicaron los grandes contratos de obra pública.
El punto de unión entre Leire Díez y Vicente Fernández fue que ambos coincidieron en organismos públicos inmediatamente después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.
El presidente del Gobierno escogió a Vicente Fernández para presidir la Sepi en el mes de junio de 2018, nada más llegar al cargo. Fernández se vio obligado a dimitir tras ser imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, un proceso del que ha sido absuelto recientemente.
En paralelo, Sánchez puso a Díez como jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (Enusa) -sociedad pública que depende la SEPI- de manera que ambos coincidieron en los destinos que reservó para ellos el presidente del Ejecutivo entre 2018 y 2019. La denominada fontanera de Ferraz permaneció en Enusa entre 2018 y 2021. Al término de su etapa en la empresa dependiente de la Sepi, la ex militante socialista fue consejera de la sociedad Cistec Technology de 2021 a 2023.
Su nombramiento generó controversia por su falta de experiencia previa en el sector y el posterior interés de la SEPI en la compañía. La investigación está centrada en la conexión de Díez y Fernández a la hora de torcer contratos públicos desde sus puestos.
