Publicado: diciembre 13, 2025, 5:07 pm
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye a la fontanera del PSOE, Leire Díez, y al empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, gestiones para conseguir el rescate con fondos públicos de una empresa vasca de tubos de acero, Tubos Reunidos, a cambio de comisiones.
En esta operativa enclava también al ex presidente de la Sepi, Vicente Fernández, y considera que los tres se confabularon en media decena de operaciones de este tipo en las que tenían «intereses comunes» y para las que crearon un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) a través del que intercambiaban la estrategia a seguir.
La referida sociedad fue rescatada por un importe de más de 100 millones de euros tras esgrimir la empresa su situación financiera crítica como consecuencia de la pandemia así como su carácter estratégico. Esta ayuda millonaria fue concedida tras la polémica de Plus Ultra, a la que se otorgaron 53 millones.
Los investigadores también rastrean la adjudicación supuestamente irregular de un contrato público de Mercasa que ascendió a 18.000 euros, y cuantifican las comisiones percibidas por Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización socialista en la constructora instrumental Servinabar, en 266.000 euros.
Asimismo, los investigadores sostienen que las comisiones fueron destinadas a inversiones inmobiliarias «comunes» de Díez, Alonso y Fernández en Marbella y Jaca y una parte que correspondería a Antxon habría sido destinada a la reforma de una vivienda de su propiedad.
El juzgado ha anunciado que habrá nuevas operaciones investigadas y que se ampliará el número de imputados. Por lo que se ha apercibido a los investigados para que no mantengan contacto con otras personas relacionadas con los hechos investigados.
La UCO sostiene que el trío empleó una sociedad instrumental, Mediaciones Martínez, para el cobro de sobornos y el único que ha declarado, Vicente Fernández, ha rechazado vinculación alguna con esta entidad. Se ha limitado a asegurar que cobraba igualas por sus servicios profesionales de unos 5.000 euros mensuales de entidades como Servinabar. Tanto Alonso como Díez se han acogido a su derecho a no prestar declaración.
A cambio de la primera operación y más importante de las investigadas, el recate de Tubos Reunidos, la Guardia Civil sostiene que los tres imputados percibieron unos 115.000 euros como soborno que fueron canalizados a través de la tapadera que compartían. La segunda operación versa sobre un contrato de 18.000 euros de Mercasa a Servinabar que los investigadores consideran ficticio. También está siendo rastreada una adjudicación por parte del Parque Principal del Principado de Asturias (PEPA) por valor de 2,8 millones por la que el trío habría percibido una mordida de 400.000 euros. También están en el foco contratos de Enusa, entidad en la que trabajó Díez, y ayudas públicas recibidas por el Grupo Forestalia.
Tubos Reunidos admite pagos a Vicente Fernández
Por su parte, la empresa Tubos Reunidos niega tener relación con Antxon y Díez. Sí ha señalado que ha recibido una solicitud de información «sobre un contrato de asesoramiento con cantidades estándar hasta hace unos meses, con Vicente Fernández», por parte del Juzgado de Instrucción número 6. «En atención a esta circunstancia, y con el único interés de colaborar con la justicia, la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la información que obraba en su poder».
