Publicado: diciembre 20, 2025, 1:07 am
El mandato del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y otros tres magistrados, Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer y José María Macías, expiró el pasado miércoles sin que haya visos de una renovación próxima de la corte de garantías. No hay negociación política alguna en marcha sobre la designación de sus sucesores y, además, el reloj parece correr a distinto ritmo para el Gobierno y el Partido Popular. Mientras en el Ejecutivo quieren llegar pronto a un acuerdo para renovar el tribunal, en el PP sostienen que se trata de una «cuestión de regeneración y no sólo de renovación».
El pasado mes de agosto, Conde-Pumpido solicitó al Senado que activara el procedimiento para renovar a un tercio del tribunal. La Ley exige que los magistrados sean designados por los tres quintos de la Cámara Alta, lo que obliga a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
Por su parte, el Senado dio la pasada semana traslado a las Cámaras autonómicas para que designen a sus candidatos en el plazo de dos meses, según ha podido saber EL MUNDO. Sin embargo, este trámite se ha encontrado con un primer escollo. Debido a las elecciones regionales en Extremadura, el Parlamento se ha disuelto mientras en Aragón -donde el presidente Jorge Azcón ha convocado comicios para el próximo 8 de febrero- la situación es similar, ya que el pasado martes las Cortes Aragonesas quedaron disueltas. Además, lo previsible es que el ciclo electoral se prolongue en el tiempo, ya que a las elecciones en Extremadura y Aragón, le seguirán las de Castilla y León, en marzo, y en Andalucía, previsiblemente, antes del verano.
El artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que «los Magistrados y Magistradas propuestos por el Senado serán elegidos entre las candidaturas presentadas por las Asambleas Legislativas de las comunidades autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara». Asimismo, la Ley indica que «cada uno de los órganos que han de realizar las propuestas de nombramiento garantizará el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de forma que aquellas incluyan como mínimo un cuarenta por ciento de cada uno de los sexos». A la hora de presentar a sus candidatos, el Senado tiene elegir a los mismos entre magistrados, fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos o abogados, «todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función».
La renovación se presume lejana. El Gobierno cree que el Partido Popular no va alcanzar pacto alguno para renovar a los cuatro magistrados del TC en medio del ciclo electoral «por miedo a Vox» y desde Génova se agarran a que «la competencia es del Senado y el trámite previsto ya se ha activado». «El Gobierno ya designó a los dos magistrados que le correspondían, ahora le compete hacerlo al Senado y las asambleas autonómicas», insisten. Además, los populares también sostienen que mientras que haya parlamentos autonómicos disueltos, no se puede proceder a la renovación de un tercio del órgano.
En contraposición, el Ejecutivo apuesta por renovar con celeridad el TC -el ministro de Justicia Félix Bolaños instó días atrás públicamente al PP a fijar «día y hora» para comenzar a negociar- aferrándose a que existe la «obligación constitucional» de renovar al órgano. Creen que el partido de Alberto Núñez Feijóo puede instalarse en el «bloqueo» arrastrado por «cálculos partidistas».
El Gobierno está condicionado por el hecho de que si la legislatura salta por los aires y se produce un adelanto electoral (circunstancia que no desea el presidente Pedro Sánchez pero que no depende sólo de Moncloa) PP y Vox logren los tres quintos de representación en el Senado y dejen al PSOE sin voz ni voto en la renovación de este tercio de tribunal. Dicho en otras palabras: temen que PP y Vox puedan nombrar de un plumazo a los cuatro magistrados por la cuota del Senado. Eso provocaría un vuelco ideológico de fuerzas entre progresistas y conservadoras dentro del tribunal, que bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido tiene en la actualidad mayoría de magistrados de sensibilidad de izquierdas.
Y lo cierto es que, según ha podido saber este periódico, ese cálculo no es ajeno a Génova. En el Gobierno temen un escenario así y anticipan que sería una situación insólita en nuestra historia democrática. Las fuentes consultadas repiten que eso no fue capaz de hacerlo ni el ex presidente Felipe González con la mayoría absolutísima del año 1982.
En aquella ocasión, el Partido Socialista obtuvo 154 senadores de los 250 que integraban por aquel entonces la Cámara Alta y 177 diputados de los 350 del Congreso. Es decir, en el Senado, el PSOE contaba con una representación en número de escaños superior a los tres quintos. En este contexto, bajo el refrendo de González como jefe del Ejecutivo, en febrero de 1986, el Congreso y el Senado designaron respectivamente como magistrados del Tribunal Constitucional a Jesús Leguina Villa y a Fernando García-Mon. Ambos ocuparon los sillones que habían quedado vacantes en el TC con las dimisiones de Manuel García Pelayo y Manuel Díez de Velasco.
Interpelados por esta cuestión, fuentes del Partido Popular sostienen que «tampoco nunca antes» un Gobierno se atrevió a «un ministro y un alto cargo de Moncloa como magistrados del Tribunal Constitucional» y Sánchez «sí lo ha hecho».
No obstante, desde Génova insiste en que van a respetar que sea el Senado quien designe a los cuatro magistrados siguiendo los trámites legalmente establecidos y añaden que no enfocan la renovación del tribunal bajo el prisma de una «negociación política» sino como una cuestión de «regeneración» constitucional.
