Publicado: abril 19, 2025, 1:07 am
De la Puerta del Sol (Madrid) a la Plaza de la Virgen (Valencia), en las últimas semanas Vox se ha movilizado por toda la geografía española para repartir sus clásicas pulseras con la bandera de España. No es casual. La campaña es la respuesta que dan los de Santiago Abascal a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción, que estudia si el partido pudo obtener fondos irregularmente a través de sus puestos de merchandising. «Ven a recoger tu pulsera prohibida», reza el llamamiento con el que, bajo la ironía, pretenden banalizar el trasfondo de la investigación.
«Sabemos perfectamente lo que son ingresos por actividades promocionales y los podemos diferenciar de cualquier otra cosa». Fue una de las afirmaciones que pronunció el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, para sostener que en las cuentas de su partido «no hay nada» irregular. Sin embargo, precisamente eso es lo que puso en duda el PSOE en la denuncia que ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación al partido de Abascal por presunta financiación ilegal. Y precisamente eso ya llevó al Tribunal de Cuentas a advertir «irregularidades» en su auditoría sobre la contabilidad de Vox. Pese a que la formación insiste en que sus métodos recaudatorios están «autorizados», las huchas que el partido suele colocar en sus mesas informativas vuelven a suscitar dudas.
«Nuestras cuentas son públicas, transparentes y están presentadas ante el Tribunal de Cuentas», sostienen sus dirigentes para rechazar cualquier irregularidad. Pero, cuando el órgano fiscalizador analizó la contabilidad de Vox de 2018, 2019 y 2020, ya le despertó sospechas la forma en que se computaba lo recaudado en esas huchas. Las cuentas de los años siguientes aún no se han sometido al examen, que se efectúa a posteriori.
La argumentación de los de Abascal es que el dinero que se colecta en sus mesas informativas responde a la venta de productos de merchandising -pulseras, bolígrafos…- y que, así, está amparado por la Ley sobre financiación de los partidos políticos. Esta norma, en su artículo segundo, recoge que las formaciones pueden obtener recursos económicos mediante «los beneficios procedentes de sus actividades promocionales». Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ya puso en duda que lo que se recauda en esas mesas provenga en su totalidad de la venta de merchandising y sugería que podría haber gente que diera dinero sin llevarse ningún producto a cambio. En ese caso, se trataría de una donación -y no se estaría identificando al donante-. Es ahí donde llega la presunta irregularidad que ahora investiga Anticorrupción puesto que la referida ley, en su artículo quinto, prohíbe a los partidos políticos recibir «donaciones anónimas».
«En el ejercicio 2020 se han apreciado ingresos, por importe de 102.048,30 euros, respecto de los que, si bien han sido registrados como actividades promocionales, existe una incertidumbre relativa a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos«. Así lo apuntó el Tribunal de Cuentas cuando auditó la financiación de Vox. El portavoz del partido, al defender la legalidad de su contabilidad, sostuvo que saben «diferenciar» ambos conceptos, pero el órgano fiscalizador lo cuestionó en su informe de junio de 2024. La misma sospecha ya la señaló respecto a las cuentas de 2018 y 2019: «[…] sin que este Tribunal tenga constancia de que dicho efectivo [el que se obtiene en las mesas informativas] corresponda a la venta de artículos promocionales».
En sus alegaciones, Vox expuso una serie de correos internos en los que se identificaba el dinero recaudado en esas huchas como «ingresos por actividades de mesas informativas», lo que, «en su opinión, permite comprobar que no se refiere a donaciones». Aun así, el Tribunal de Cuentas mantuvo la duda: «Cabe señalar que la palabra hucha se usa asiduamente para la recaudación de fondos y no para la actividad de venta promocional«.
Vox también alegó que «no existe normativa de los extremos que han de acreditarse para justificar» los ingresos por actividades promocionales. Y el órgano fiscalizador respondió: «Si bien no existe una regulación específica aplicable a los partidos políticos, de acuerdo con […] el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, las formaciones tienen obligación de expedir facturas por las entregas de bienes«. El Tribunal de Cuentas apuntó que no le constan facturas de Vox por la venta de sus productos de merchandising en mesas informativas.
En 2020, en sus instrucciones internas de tesorería, el partido incluso se refería como «donantes» a quienes pagaban por sus artículos promocionales. La formación corrigió ese «error terminológico», pero el órgano fiscalizador siguió apuntando a que se podrían estar computando como ingresos por ventas lo que realmente eran donaciones. De hecho, esa confusión se hacía patente en algunas de las huchas ubicadas en sus mesas informativas, pues estas llevaban rotulada la palabra «donativos». En la campaña de reparto de la «pulsera prohibida» desplegada en las últimas semanas ya no parece haber rastro de esas huchas. De hecho, ahora, ese merchandising se regala.
«El registro contable de los ingresos privados se realiza mediante asientos con importes agrupados, lo que dificulta la identificación de la procedencia individual, naturaleza y seguimiento de cada tipo de ingreso y, en consecuencia, la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable», sintetizó el Tribunal de Cuentas, aunque en este sentido observó una «mejora» en la contabilidad de Vox de 2020 respecto a las anteriores -pero mantuvo las sospechas-. De las cuentas de los ejercicios siguientes aún no se conoce el examen.
El quid de la cuestión, que resultará determinante en la investigación, está en si realmente todo lo que Vox recauda en sus mesas informativas responde a la venta de productos. El Tribunal de Cuentas lo cuestiona; en el partido lo defienden. Y, así, insisten en ironizar con la denuncia: desviando el foco de la cuestión analizada, acusan al PSOE de cuestionar su merchandising «patriota» y de denunciarles para «silenciar el apoyo ciudadano» a Vox. «La pulsera que el Gobierno no quiere que lleves», pregonan.
¿Cuánto dinero?
4,65 MILLONES DE EUROS. El PSOE denunció que la presunta financiación ilegal de Vox podría alcanzar hasta los 4,65 millones de euros. La suma surge de agregar lo que el partido ha registrado como «donaciones y legados» -2,83 millones- y como «otros ingresos de la actividad ordinaria» -1,82- en los ejercicios que van entre 2017 y 2023.
1,82 MILLONES DE EUROS. Vox incluye lo que obtiene por la venta de sus productos de merchandising en la partida contable de «otros ingresos de la actividad ordinaria». No distingue específicamente qué parte de los 1,82 millones de euros acumulados bajo esa clasificación en los últimos siete ejercicios corresponde a esas ventas que se dan en sus mesas informativas.
434.596 EUROS. Solo se conocen las auditorías del Tribunal de Cuentas respecto a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. En esos años, el «importe no acreditado en concepto de ingresos por actividades promocionales» suma un total de 434.596,39 euros.
