Publicado: junio 11, 2025, 12:07 pm
La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha expresado este miércoles su apoyo a todos los magistrados del Alto Tribunal y a los miembros de la Carrera Judicial que soportan «descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones» y ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares a que recuperen el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven. Perelló no ha tenido que pronunciar la palabra Gobierno para que todo el mundo supiera que responde así a los ataques sufridos por parte de distintos miembros del Ejecutivo al magistrado de la Sala Segunda, Ángel Hurtado, encargado de investigar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Las arremetidas de miembros del Ejecutivo y el PSOE a los jueces se han convertido en una constante en las últimas semanas, llegando a señalar el ministro Óscar Puente que constituyen la «oposición real» al Gobierno.
Perelló ha dicho durante su intervención en el acto de inauguración de las XXXIII Jornadas de jueces decanos de España que «lamenta que la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones y, especialmente, los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. «Desde aquí quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar ese respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial»
Las resoluciones judiciales, ha añadido Perelló, «pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pues nos ayudan a mejorar, pero no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces, ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial».
La presidente también ha recordado que «el sistema procesal cuenta con mecanismos de garantía suficientes para corregir las resoluciones que, en su caso, contengan errores» y que «toda resolución judicial es susceptible de ser revisada, con garantías de imparcialidad, por jueces distintos a los que las han adoptado».
«Por tanto, las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado, en cuanto que minan la confianza de los ciudadanos», ha advertido antes de subrayar «que todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza en las instituciones democráticas que nos dio la Constitución».
La presidenta del TS y del CGPJ ha asegurado que en el Consejo «preocupa la independencia judicial como base estructural del Estado de Derecho», ha recordado que este órgano se ha pronunciado ya en diversas ocasiones «reclamando el debido respeto institucional hacia las decisiones judiciales, al margen de los intereses políticos de cada momento» y ha señalado que «la descalificación sistemática desestabiliza la confianza de los ciudadanos en la Justicia y va en detrimento de la sociedad democrática, en tanto que son actitudes que minan la separación de poderes».
«En el Consejo estamos muy preocupados por los intentos de desprestigiar a los jueces. Por ello estaremos vigilantes -ahora más que nunca- en el cumplimiento de nuestra misión constitucional, que no es otra que la defensa de la independencia judicial».
«Tensión permanente en la vida pública»
Tras señalar que «atravesamos tiempos difíciles que traen consigo problemas antes desconocidos» y que «todos estamos afectados por el reto que supone afrontarlos», Perelló ha dicho que los jueces no son una excepción, «pues deben resolver los nuevos conflictos que se les someten en el contexto de tensión permanente que parece haberse instalado en la vida pública».
«Además, algunos deben soportar descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones y no dudan en juzgarles, ni en atribuirles propósitos desviados por no decidir conforme a lo que desean quienes emiten estos juicios sin ningún tipo de garantías», ha agregado, antes de expresar su apoyo «a los miembros del Tribunal Supremo y del resto de la Carrera Judicial que sufren estas actuaciones» y volver a reclamar el respeto institucional debido, «que nunca se debería haber perdido y que es básico para nuestra convivencia».
