Publicado: abril 24, 2025, 10:07 pm
La rescisión del contrato de compra de munición a una empresa israelí tendrá, previsiblemente, un coste económico para el Estado. Así lo adujo el Ministerio del Interior para seguir adelante con la operación el pasado octubre, cuando se licitó el contrato a la sociedad IMI Systems LTD.
El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska sostuvo el miércoles que podría tener que «pagar todo el contrato» sin llegar a recibir el material, lo que podría suponer 6,6 millones. Se apoyaba en «una comunicación interna» -no un informe- sobre el asunto elaborada por la Abogacía del Estado.
Sin embargo, el pliego de la contratación para la compra de 15 millones de balas apunta a que la cifra de una posible indemnización sería muchísimo más baja. «La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del procedimiento podrá acordarse antes de la formalización, compensándose a los candidatos aptos por los gastos en los que hubieran incurrido de acuerdo con los criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad patrimonial».
Interior abordó -y descartó- la posibilidad de cancelar la compra de cartuchería el pasado octubre, apenas unos días después de la licitación, cuando no era previsible que la empresa hubiera comenzado a fabricar. En esas fechas el ministerio aún podía desistir abonando solo los gastos en los que se hubiera incurrido hasta ese momento.
El contrato precisa que la Administración estará «obligada» al abono de la prestación «realmente ejecutada». Y otra cláusula establece que «no podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización», algo que no sucedió hasta ayer, con su publicación en el BOE.
Como el propio contrato, la normativa general a la que se remite tampoco hace suponer un pago millonario por el desistimiento. La Ley de Contratos del Sector Público indica que el incumplimiento por parte de la Administración «determinará para aquella, con carácter general, el pago de los daños y perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista».
Contempla compensaciones específicas por rescisiones de contratos de suministros -como es el caso- y a esos apartados se remite expresamente el contrato. Para los casos de desistimiento de la iniciación del suministro, como sería este, la indemnización al contratista será del 3% del precio de la adjudicación del contrato. Cuando el suministro se hubiera iniciado, se paga lo recibido y el 6% de lo que ya no se quiere comprar.
La munición escogida que al final no llegará se consideraba «idónea» para ser utilizada «en controles, manifestaciones, conducciones de presos, identificaciones de personas, etcétera». Interior justificó la compra en su «constante preocupación» por un buen entrenamiento con armas. No solo «por la naturaleza irreversible» que puede tener su uso, «sino, también, por la pérdida de imagen policial que conlleva, incluso cuando su empleo ha sido acertado y conforme a la normativa vigente».
El contrato precisa que un tercio de los 15 millones de balas para la Guardia Civil debía entregarse dentro de tres meses. Otro tercio, en el primer trimestre de 2026 y lo mismo para 2027. La entrega del material debía realizarse en el polvorín del Ejército de Tierra de Cerro Negro, en Talavera de la Reina.
