Publicado: junio 19, 2025, 2:07 am
La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, ha incluido en el proyecto de sentencia sobre la Ley de Amnistía al procés un nuevo apartado analizando si la corte de garantías debe acudir a Europa antes de resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular. La respuesta de la ponente es negativa.
Sin embargo, la tesis a favor de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), junto con la posibilidad de aplazar la deliberación, ha sido defendida por los magistrados del sector conservador Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel, de ahí que la ponente haya decidido añadir una reflexión jurídica sobre este asunto en el borrador de sentencia que el próximo lunes comenzará a debatir el Pleno.
En el epígrafe añadido, Montalbán sostiene que «el presente proceso constitucional es un recurso de inconstitucionalidad en el que se dilucida únicamente la validez constitucional de la Ley de Amnistía, con independencia de los problemas de aplicabilidad que puedan suscitarse en supuestos de hecho concretos, en particular de los derivados de la posible incompatibilidad de la norma legal impugnada con alguna disposición del Derecho de la Unión Europea».
En este sentido, la vicepresidenta recalca que «la falta de interferencia» jurídica entre el objeto del juicio abstracto de inconstitucionalidad que corresponde ahora realizar al TC y la eventual inaplicabilidad de la norma «determina, por tanto, que ni sea pertinente plantear cuestiones prejudiciales de interpretación ante el TJUE en el presente proceso constitucional ni tampoco esperar a que se resuelvan las cuestiones prejudiciales ya presentadas por órganos judiciales nacionales».
Sobre la posibilidad de retrasar la deliberación hasta que el TJUE resuelva las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles, la vicepresidenta sostiene que «la precedencia del juicio de aplicabilidad sobre el juicio de validez se impone a los jueces y tribunales ordinarios, en cuanto aplicadores del Derecho de la Unión Europea» pero, añade, que «ni nuestro ordenamiento constitucional, ni tampoco el Derecho de la Unión, exigen que, en un supuesto como el que ahora se examina, dicha precedencia se produzca en todo caso y mucho menos que se proyecte sobre un recurso de inconstitucionalidad donde, por concepto, no hay una exigencia de aplicabilidad de la norma legal que impida dilucidar su validez constitucional».
Montalbán se ciñe a que la posición del juez ordinario y del Tribunal Constitucional es, en lo que la cuestión de inconstitucionalidad se refiere, «completamente distinta». «Es el juez ordinario el que debe determinar si concurren las distintas condiciones de aplicabilidad», incluida la posible contravención del Derecho de la Unión mientras el TC «tiene como sola competencia la garantía de la Constitución», enfatiza.
Los magistrados analizarán la ponencia la próxima semana sin que se prevean fuga de votos ni en los sectores progresista -y mayoritario- ni conservador -minoritario-. Según informan fuentes jurídicas consultadas por EL MUNDO lo previsible es que el proyecto de sentencia de la vicepresidenta, que propone avalar la Ley que elimina los delitos del procés, sea aprobado por los seis magistrados que lidera el presidente Cándido Conde-Pumpido.
