Publicado: mayo 2, 2025, 2:07 am
La posición en la que Pedro Sánchez ha dejado a Fernando Grande-Marlaska en la polémica de la compra de armas a Israel por seis millones de euros es la máxima expresión de lo compleja que es la política. A pesar de ser uno de los mayores vendavales recientes del Gobierno, con amenaza de ruptura incluida, ni Moncloa ni el Ministerio del Interior han aclarado su inexplicable desconexión. Desde el pasado miércoles, el ministro que siempre ha permanecido junto a Sánchez -muchas veces, contra todo pronóstico, como cuando se produjo la tragedia de la valla de Melilla, en junio de 2022- no sólo es el enemigo en su propia casa sino que el PP lo coloca entre sus prioridades.
Los populares extenderán la pesadilla del ministro llevándola al Congreso a través de una batería de preguntas dirigidas a Interior que ya se ha registrado y que se deberá contestar por escrito.
Además, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ya ha anunciado que su grupo reclamará la comparecencia en la Cámara Alta de Marlaska y de otros dos ministros, Félix Bolaños y Margarita Robles, por la rescisión del contrato con la empresa israelí. García considera que, «por dignidad», el titular de Interior debería dimitir, porque ha sido «humillado» por el jefe del Ejecutivo.
En el Congreso, el PP interroga sobre el cambio de postura del Gobierno en el contrato con el fabricante hebreo IMI Systems y también quiere saber qué criterio siguió la Abogacía del Estado para desaconsejar dar marcha atrás a la rescisión del contrato que proponía Interior en el mes de octubre. Precisamente, esta comunicación es fuente de polémica puesto que, hasta el momento, se desconoce en qué términos se pronunció la Abogacía y cuáles fueron los argumentos que Grande-Marlaska terminó asumiendo para continuar con la contratación que debería traer a España un cargamento de 15 millones de balas de procedencia israelí.
«¿Por qué el Gobierno dejó de considerar oportuno, el 24 de abril (aunque en la pregunta figura el 24 de marzo) comprar material a la empresa israelí IMI Systems habiendo solicitado el contrato el pasado 21 de febrero de 2024?», pregunta el PP. Y prosigue: «¿Cuál fue el criterio expuesto por la Abogacía del Estado en relación con dicho contrato?».
Otra de las cuestiones más relevantes que abordan los populares es la del abastecimiento para las armas de la Guardia Civil. «¿Cuándo y cómo piensa sustituir el Gobierno el suministro de este tipo de proyectiles para la munición necesaria de la que debe disponer la Guardia Civil? ¿Ha realizado el Gobierno algún estudio previo sobre con qué tipo de pistolas podían ser compatibles?», expone.
También pregunta el Partido Popular por los futuros contratos del Ejecutivo de Pedro Sánchez con compañías israelíes que en nada tienen que ver con la industria armamentística. «¿Piensa el Gobierno rescindir la compra, ya publicada por la Secretaría de Estado de Seguridad, de más licencias del software israelí Cellebrite así como de otros materiales y servicios necesarios ya adjudicados como los servicios de escáners para equipajes u otros contratos similares?».
