Publicado: junio 17, 2025, 4:07 am
Si la dana enrareció la relación entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, la aprobación de los presupuestos de la Generalitat no ayudó precisamente a destensarla. La exigencia de Vox de recortar las subvenciones a patronal y sindicatos cayó como un jarro de agua fría entre los empresarios, que vuelven ahora a distanciarse del PP en plena ofensiva de Mazón contra el Gobierno central por la financiación autonómica.
El PP ya maniobró la semana pasada en las Cortes Valencianas para poner contra las cuerdas al PSPV-PSOE. Con el apoyo de Vox y la abstención de Compromís, los populares sacaron adelante una proposición no de ley para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la aprobación urgente del fondo de liquidez autonómico (FLA) extraordinario. Los socialistas votaron en contra, tras lo cual el PP anunció que pediría una reunión de la Plataforma por una Financiación Justa, en la que se sientan todos los partidos -salvo Vox- junto a la CEV, UGT y CCOO.
Sin embargo, tanto la patronal como los sindicatos han frenado el intento del PP de Mazón de convocar a la Plataforma. Eso sí, admitiendo que se ha roto definitivamente el consenso que había antaño para reivindicar la reforma de un sistema de financiación que lleva más de una década caducado, y que condena a la Comunidad Valenciana a la cola de las autonomías infrafinanciadas. De hecho, el secretario general del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, no ha ocultado que lo que se busca con la convocatoria de la Plataforma es hurgar en la herida socialista: «Pretendemos que el PSOE vuelva al consenso que rompió hace un año»
La llegada de Diana Morant a la secretaría general del PSPV ya provocó el primer cambio en el discurso de los socialistas. Morant, a diferencia de su predecesor, el ex presidente valenciano Ximo Puig, se bajó de la demanda de un fondo de nivelación que equipare a la Comunidad Valenciana con la media de las regiones mientras no se reforma la financiación. Sin embargo, la Plataforma por la Financiación apunta ahora contra el PP.
En un comunicado conjunto, la CEV, UGT y CCOO han llamado a «preservar el consenso y la unidad» en la Plataforma. «No tiene sentido convocar una reunión de la Plataforma si no existen unas mínimas garantías de poder avanzar o alcanzar una declaración conjunta», señalan las tres organizaciones, para las que «forzar un encuentro sin ese horizonte común puede contribuir más a debilitar el espacio que a fortalecerlo».
En este sentido, se subraya que la Plataforma, que nació en 2017 para reclamar al Gobierno de Mariano Rajoy la reforma de la financiación, debe seguir siendo «un espacio de encuentro, no de confrontación». «Cualquier intento de instrumentalización partidista debilita no sólo a la Plataforma, sino también la fuerza de una reivindicación que debería situarse por encima de intereses coyunturales», añade el comunicado conjunto.
Los agentes sociales, por tanto, esperan «que el PP vuelva a la senda de consenso de la que ha hecho gala la Plataforma», según insisten. No sin antes lanzar un recado a Mazón, a quien se pide sin embargo que convoque la Mesa del Diálogo Social «para abordar de forma conjunta aquellos temas que afectan al bienestar de la ciudadanía». Para Pérez, Llorca, sin embargo, es de «extrema necesidad» que la Plataforma se vuelva a unir «para pedir todos juntos el FLA, el fondo de nivelación, la condonación de la deuda y un nuevo sistema de financiación».
El toque de atención de la CEV, UGT y CCOO coincide, además, con el rechazo del Gobierno valenciano al anuncio del Ministerio de Hacienda para la actualización pendiente de las entregas a cuenta del sistema de financiación. Según la consejera de Hacienda, Ruth Merino, «es dinero de todos los valencianos y lo han tenido retenido durante más de seis meses».
Según la Generalitat, Moncloa «ha utilizado siempre la asfixia financiera de la Comunidad Valenciana como armamento político y ahora vuelve a hacerlo con el tema de la actualización de las entregas a cuenta». En palabras de Merino, la primera exigencia de la Generalitat, por tanto, «es que sea un real decreto únicamente para aprobar la actualización de las entregas a cuenta y que, además, inmediatamente aprueben el FLA extraordinario que la Generalitat necesita para pagar a los proveedores de los servicios fundamentales».
