Publicado: marzo 30, 2025, 6:07 am
Ni los Presupuestos, ni los aranceles estadounidenses al campo, ni la amnistía de Carles Puigdemont, ni siquiera el pistoletazo de salida de la financiación singular de Cataluña, o la quita de la deuda regional. La fecha que han marcado en rojo en el calendario de 2025 tanto el PSOE como el PP es la de cumbre de la OTAN, que se celebrará del 24 al 26 de junio en La Haya (Países Bajos). Ésa será la meta volante que decantará de manera definitiva la política española de defensa.
El equipo de Pedro Sánchez confía en llegar al cónclave de la Alianza Atlántica con un nuevo acuerdo europeo bajo el brazo que le permita tirar de transferencias directas y no sólo de préstamos, para llegar a un gasto en defensa equivalente al 2% del PIB. Y el PP está seguro de que la organización que capitanea Mark Rutte va a «torcerle el brazo» al Ejecutivo español, que es el más rezagado de la OTAN en porcentaje de inversión defensiva actualmente, con sólo un 1,28% de su PIB.
De hecho, la cúpula de Génova tiene «información directa» de los planes de la OTAN, a través de sus líderes comunitarios del PP Europeo. Y lo que le han trasladado es que Rutte va a ser más exigente con España y le va a exigir invertir «más del 2%», y a mayor velocidad. De hecho, el mensaje que han transmitido en privado es que hay que situarse incluso por encima del 3%, a largo plazo: «North of 3%», repiten en inglés, según ha sabido EL MUNDO de fuentes comunitarias y españolas implicadas en las conversaciones.
Se trata de un mensaje que entronca con el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ya advirtió en Estrasburgo de que los estados miembros deberán incrementar su gasto en defensa y seguridad en al menos 1,5 puntos del PIB adicionales. De hecho, todos los dirigentes consultados por el PP español hablan de que será «ineludible» superar el 3%, que es además lo que han suscrito en el PP Europeo.
Fuentes de Génova consultadas por este hecho durante la Interparlamentaria del PP que se celebra este fin de semana en Sevilla, aseguran que el principal partido de la oposición está de acuerdo con los umbrales que marca la OTAN, y recuerdan que Rutte ya ha comenzado a sustanciar esta presión.
De hecho, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte dijo el jueves que España, entre otros países europeos, aspira a alcanzar este mismo verano el requisito de destinar el equivalente al 2% del PIB en gasto en defensa. Lo que había trasladado hasta ahora públicamente al respecto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que su compromiso es acelerar el aumento de la inversión para llegar a dicho objetivo antes de 2029, pero sin fijar un calendario detallado. Por eso en La Moncloa precisaron que España está «trabajando por llegar al compromiso del 2% lo antes posible», pero sin «ningún compromiso concreto» en cuanto a fechas. «Aún estamos en ello. Cuando haya algo lo trasladaremos a la opinión pública», señalaron.
En el equipo directivo del PP aseguran que van a hacer mucho hincapié en que Sánchez no tiene apoyos para cumplir con estas obligaciones, porque sus socios se niegan de manera rotunda a incrementar la inversión militar y porque él no ha «tendido la mano» a los populares, que hoy por hoy son los únicos que le podrían sacar las castañas del fuego. «Feijóo ve en la defensa el paradigma de un Gobierno roto», apuntan.
Por si quedara alguna duda, las mismas fuentes del PP inciden en que no hay mimbres ahora para el acuerdo de Estado con el PSOE. En la cúpula de Génova no contemplan que Sánchez rectifique su negativa a negociar con el PP de manera preferente. Y mucho menos, que el presidente del Gobierno vaya a presentar los Presupuestos de 2025 y que en ellos vaya a incluir el nuevo gasto en defensa.
Para los populares, la presión de la OTAN es «una razón adicional de peso» para tramitar los Presupuestos. Pero lo cierto es que el Ejecutivo ya ha comenzado a reasignar algunas partidas de inversión para que computen como gasto de defensa, y planea tirar de los 3.200 millones que quedan por gastar en el fondo ordinario de contingencia. ¿Será eso suficiente? Lo cierto es que «el presidente Sánchez tiene que elevar el gasto militar entre 10.000 y 12.000 millones de euros en los próximos meses para alcanzar los 33.500 millones de euros» que harían llegar a España a un desembolso total equivalente al 2% de su PIB, como explica el PP en la iniciativa –adelantada por este diario– que va a presentar en el Congreso para forzar una votación de los socios parlamentarios de Sánchez sobre presentar en las Cortes los Presupuestos o no.
Esa proposición insta al Ejecutivo a «autorizar los trámites necesarios para presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de junio de 2025, a fin de que incluyan los compromisos de gasto militar y en defensa que ha asumido el Gobierno». Es decir, justo antes de la fecha marcada en rojo por la cumbre de la OTAN. Junio es la clave de todo.
Sánchez quiere llegar a esa fecha con cambios contables, ampliaciones de créditos y transferencias europeas que le permitan cumplir los objetivos de gasto sin erosionar en un solo céntimo las políticas sociales, como sí han anunciado otros gobiernos progresistas como el británico.
Cuatro recursos ante el TC
CONFLICTO DE COMPETENCIAS. «Nunca una cámara se había tenido que defender de la otra cámara y del Gobierno». El PP inicia un nuevo choque de trenes entre el Senado y el Congreso: va a acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias contra la Cámara Baja y contra el propio Gobierno, por haber vetado las enmiendas aprobadas en la Cámara Alta en la Ley de desperdicios alimentarios. Esas enmiendas se eliminaron del texto antes de la votación final el Congreso, para no perderla.
«MUTILACIÓN» DE ENMIENDAS. El PP cree que esto es ilegal, porque «las enmiendas aprobadas en el Senado se tienen que votar tal cual» y no se pueden «mutilar». Así lo anunció Cuca Gamarra en la Interparlamentaria del PP, que ha congregado en Sevilla a más de 750 parlamentarios. En total habrá cuatro recursos: dos los interpondrá el Senado (contra el Congreso y contra el Gobierno) y otros dos (uno de amparo y otro de inconstitucionalidad), los parlamentarios del PP.