Publicado: agosto 24, 2025, 6:07 am
La noche del 13 de noviembre de 2024, 5.000 personas se concentraron en la plaza Mayor de Burgos coreando lemas como «migrar no es delito». «El equipo de gobierno municipal ha manifestado la pretensión de suprimir los convenios que mantiene con tres entidades que trabajan en favor de la acogida e integración de personas inmigrantes en la ciudad», rezaba la convocatoria en apoyo de cuatro organizaciones: Accem, Atalaya Intercultural, Burgos Acoge y Cáritas.
A las tres primeras, el Ayuntamiento -entonces conformado por PP y Vox– pretendía retirarles la subvención que venían recibiendo. Era la exigencia que el partido de Santiago Abascal impuso para aprobar los presupuestos municipales, y el PP inicialmente aceptó destinar aquella partida de 119.000 euros a otros fines. Cáritas, en apoyo a las otras tres ONG, renunció a recibir las ayudas que le correspondían, y la presión social hizo el resto. Tras la multitudinaria protesta, los populares dieron marcha atrás y aseguraron que las subvenciones se mantendrían. En respuesta, Vox votó en contra de los presupuestos, el pacto de gobierno se rompió y la formación de Abascal perdió la vicealcaldía. No ayudar a ONG que «colaboran» con la «inmigración ilegal» es para el partido una línea roja.
En aquella ocasión, Cáritas no era una de las señaladas por Vox, pero luego sí se añadiría a la lista. Abascal hizo una referencia velada a esta organización cuando, en una entrevista, cargó contra la Iglesia por su «silencio» ante las políticas migratorias del Gobierno. «No sé si se [debe] a los ingresos percibidos como consecuencia del sistema de ayudas a la inmigración ilegal, donde probablemente no todo el dinero va a esas personas supuestamente necesitadas, sino también al sostenimiento de estructuras».
Si hay un puntal de la Iglesia especialmente comprometido con la ayuda a los que llegan de fuera es Cáritas, y por ello Vox, tras haber elevado el tono contra la institución eclesiástica, no tiene reparos ya para incluirla abiertamente en el saco de los agentes de la sociedad contra los que va a confrontar a cuenta de la inmigración. No solo a ésta, también a otras organizaciones con origen católico como Accem -antes era la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones, pero hoy se declara aconfesional-, diana recurrente de las críticas de Vox. Los reproches a estas ONG, que han subido de intensidad estas semanas, están sin embargo asentados en el discurso del partido desde hace meses. Tanto que la formación ya ha logrado materializarlos en perjuicios económicos para estas entidades, castigando su labor de ayuda a los migrantes.
«El Partido Popular se compromete a la eliminación y tramitación de devolución por incumplimiento de todas las subvenciones que reciban ONG que colaboren o se lucren con la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de personas, la trata de blancas o explotación infantil». La declaración la firmó el PP de Murcia como parte del acuerdo con Vox que dio luz verde a sus presupuestos, pero la cláusula queda recogida en términos similares en los pactos sellados en Baleares y Comunidad Valenciana por el mismo motivo. Y aquella promesa, sin la que los de Abascal no habrían facilitado aprobar cuentas, se vio reflejada en la letra pequeña de éstas.
Protesta en la plaza Mayor de Burgos en noviembre de 2024.EFE
En los presupuestos de la Región de Murcia para 2024, en el apartado sobre inmigración, había un capítulo titulado «transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro». En éste se incluían dos partidas: una, de 200.000 euros, para «voluntariado social» y otra, de 666.667 euros, para «atención a inmigrantes». En las cuentas de 2025, esta segunda desaparece. A cambio, en los presupuestos se elevan otras vías de concesión de subvenciones a entidades benéficas -bajo títulos como «promoción social» o «voluntariado»-, pero ello no quita que la partida de ayudas destinadas directamente a las ONG para su labor con migrantes ya no esté, fruto de la presión de Vox.
Algo similar sucedió en las cuentas de Baleares. En el programa de «atención e integración social de la población inmigrante», las cuentas de 2024 recogen una línea de gasto destinada «a familias e instituciones sin ánimo de lucro» por valor de 2.678.400 euros. En el documento para 2025, esa misma partida ve reducidos sus fondos a 1.287.006 euros. Como ocurre en Murcia, los presupuestos de Baleares contemplan una subida de las ayudas a entidades sociales a través de otros fines -como «cooperación» o «diversidad»-, pero recortan la financiación destinada a las actividades de integración de migrantes que realizan estas ONG.
Y, en las cuentas de la Comunidad Valenciana para este año, también se eliminan algunas partidas que estaban previstas en el presupuesto precedente, en este caso mencionando directamente a las entidades afectadas. Por ejemplo, en 2024 se recogía una línea de concesión de fondos por «acciones institucionales de ayuda humanitaria» con cinco beneficiarios: Farmacéuticos Mundi, Cruz Roja, Unicef y las agencias de la ONU para los refugiados (Acnur) y Palestina (Unwra). A cada uno se le otorgaban 600.000 euros. Pero, en 2025, las tres últimas entidades ya no están entre las que reciben esta ayuda. Igualmente, el año pasado había una partida para un «programa de patrocinio comunitario» por la que se concedía a Cáritas 206.250 euros y al Servicio Jesuita a Migrantes, 68.750 euros. Esta partida no figura en el capítulo «diversidad» de las cuentas de 2025.
Cáritas ya advirtió cuando PP y Vox sellaron el pacto valenciano sobre el recorte qué se pretendía hacer en las ayudas a entidades que trabajan con migrantes. Un modus operandi que se repite a menor escala, con Vox presionando desde Burgos hasta Cartagena, allí donde tiene poder. Su ofensiva antiinmigración ya no solo se traduce en menos inversión pública directamente destinada a ayudar a los que llegan, sino también en una penalización a las ONG que colaboran.
