Publicado: febrero 13, 2025, 5:07 am
Laura Borràs es un activo político «amortizado». Lo sancionan fuentes de Junts después de que el Tribunal Supremo ratificara ayer la condena a cuatro años de prisión a la que fue su presidenta. Y lo demuestran los hechos, porque en octubre fue apartada del liderazgo de su formación para ceder el cargo a Carles Puigdemont y acabó relegada a la presidencia de la nueva fundación del partido.
Pero ese ostracismo no impidió que los neconvergentes salieran ayer en tromba contra la magistratura española, sostuvieran que Borràs es tan víctima del «lawfare» como Puigdemont, al rechazar el Supremo que pueda ser amnistiada, y que esta situación haya reavivado la tensión entre la formación independentista y el PSOE.
Una de las reclamaciones de Junts para reencauzar las relaciones con los socialistas y no castigarlo en la votación de la cuestión de confianza es que Pedro Sánchez realice un alegato contra los jueces, defienda que están prevaricando al no aplicar una amnistía «integral» y conceda la «amnistía política» al jefe de filas de Junts, visitándolo en Bruselas o promoviendo que lo haga el presidente de la Generalitat, el también socialista Salvador Illa.
Ahora también presionan los independentistas para que Sánchez conceda el indulto a Borràs como última salida. No lo hacen públicamente, porque eso implicaría aceptar que no debe ser amnistiada al haber sido condenada por corrupción, pero lo esperan, porque la entrada en prisión de Borràs dificultaría defender nuevas alianzas con el PSOE ante la militancia, que respaldó a Borràs hasta su salida de la primera línea política.
«No hay nadie con un mínimo sentido de la justicia que pueda compartir esta decisión», advirtió ayer Puigdemont, después de tildar la condena de «encarnizamiento bestia» y de sostener que existe una «base política» en la sentencia. «Es un caso más de la dinámica de rebeldía y fanatismo político que desde hace tiempo demuestra la cúpula judicial española», añadió el secretario general de Junts, Jordi Turull.
El Tribunal Supremo confirmó la condena a cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros impuesta a la también ex presidenta del Parlament de Cataluña por delitos de prevaricación administrativa, continuado de falsedad en documento oficial y como inductora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, por adjudicar de forma irregular a un conocido, mediante 18 contratos menores, la elaboración del portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que ella dirigía entre 2013 y 2018, por valor de 335.700 euros.
Además, el tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechaza la petición de la recurrente de que se le aplicase la ley de Amnistía de junio de 2024, ya que los hechos probados que han sido calificados como delitos de prevaricación y de falsedad no guardan relación alguna con el proceso independentista catalán.
Borràs alegaba para considerar que debía serle aplicada la amnistía que en su persona concurre un «perfil netamente independentista» y que desarrolló la dirección de la Institució de les Lletres Catalanes «en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista».
La Sala de lo Penal desestima íntegramente el recurso de casación de Laura Borràs en el que, entre otros motivos, cuestionaba la proporcionalidad de la pena impuesta y se basaba para ello en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña propuso en su sentencia un indulto parcial para dejar en dos años la pena de prisión, y en el voto particular discrepante de una magistrada del tribunal catalán que reclamaba una condena inferior.
El Supremo rechaza esos argumentos y considera proporcionada la pena impuesta porque «los hechos probados se enmarcan en una conducta inserta en la corrupción de un funcionario público que se sitúa al margen de la ley, la desobedece y vulnera los principios que informan el actuar de la administración pública. Enmarcados los hechos en la corrupción es difícil atender la consideración que la recurrente expresa».
