Publicado: noviembre 26, 2025, 12:07 am
La necesaria cortesía institucional y la presunción de inocencia, así como el reconocimiento profesional que le dispensan muchos de sus colegas, obligarían a mantener un cierto margen de prudencia antes de calificar la elección de Teresa Peramato para sustituir a Álvaro García Ortiz. Sin embargo, sería ingenuo obviar dos cuestiones esenciales de su nombramiento. Por un lado, las nada halagüeñas afinidades de Peramato con Alvarone y su predecesora Dolores Delgado, ejecutores ambos del asalto al Ministerio Fiscal y de su instrumentalización sanchista. Por otro, el enfrentamiento abierto del Ejecutivo con el Poder Judicial, al que Pedro Sánchez acusa de llevar el supuesto lawfare -guerra sucia judicial- hasta sus últimas consecuencias: un golpe de Estado desde la cúpula de la magistratura.
A estos dos factores hay que añadir una adenda de feminismo punitivo: Peramato propuso que el silencio de un acusado de violencia de género sea considerado un indicio de culpabilidad.
En este contexto de sectarismo contaminante y de nihilista radicalización, la asunción por parte de Peramato de un cargo de la máxima confianza de Sánchez, hasta el extremo de que Ortiz gozaba del trato público de ministro sin cartera del Gobierno, es una decisión personal y política que no tiene nada de inocente. Ni de neutral: asume integrarse en el sanchismo y en la maquinaria político-estatal -de la que la Fiscalía General es pieza nuclear- que utiliza con el fin de perpetuarse en el poder, erosionando la separación de poderes y el Estado de Derecho.
A pocos metros, pues, del punto de no retorno para una implosión constitucional, como advertía esta semana Ignacio Varela en El Confidencial.
Con todo, la elección de Peramato para la Fiscalía General tiene un peso relativo en el sistema personalista que está construyendo Sánchez por la fuerza de los hechos y en el que instituciones básicas del Estado, como el Tribunal Constitucional y la propia Fiscalía, quedan reducidas al papel de simple herramienta al servicio de los intereses particulares del presidente, perdiendo su vigencia y su sentido fundacional.
Sánchez está impulsando de manera unilateral una mutación presidencialista del sistema de democracia parlamentaria que consagra nuestra Constitución. Desde los primeros días de la pandemia del Covid, con la población encerrada en casa por estado de alerta general, Sánchez actúa más con los modos y la autoridad de un Jefe de Estado o del presidente de una República (¿ibérica?), como Macron o Trump, que de un presidente-primer ministro de una democracia parlamentaria; de ahí sus constantes fricciones con el Rey Felipe. Un obstáculo real para la transformación del modelo español en un one man rule (gobierno de uno solo), con derivas autocráticas y consecuencias directas para las instituciones, debido a que reduce muy significativamente la capacidad de control y la vigencia institucional del Congreso, el Senado, el Poder Judicial…
Esta acentuada personalización del poder, lo que Raymond Aron llama el «elemento plebiscitario» y la suspensión del diálogo entre el Gabinete presidencial y las cámaras de representantes, es la que actualmente permite a Sánchez sobrevivir sin presupuestos y sin mayoría parlamentaria. Dos circunstancias que en el modelo democrático del 78 hubieran hecho colapsar a cualquier Gobierno, pero que en la España ultrapresidencialista de Sánchez, en cambio, empiezan a ser una simple anécdota.
