Publicado: junio 19, 2025, 6:07 am
La rama navarra de la trama de mordidas a cambio de contratos públicos, dirigida por los altos cargos del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, destapada ahora por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), tuvo en el desdoblamiento del túnel de Belate, en la comunidad foral, su gran objetivo. Y en la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pamplonica Elma Saiz, su aliada clave, voluntaria o no: como consejera de Economía y Hacienda, entre 2022 y 2023, ella blindó e impidió la jubilación del funcionario que ofició de presidente de la mesa, el mismo que desniveló el concurso dando la mejor calificación a la UTE de la trama, la formada por Acciona y Servinabar, sabiendo qué habían puntuado los demás miembros del órgano. Sáiz incluyó por dos veces en las leyes de presupuestos navarros, en 2022 y 2023, un excepción completamente ad hoc, a medida, para que Jesús Polo, director de Nuevas Infraestructuras, no fuera jubilado a la fuerza, habiendo superado los 70 años.
Así, se coló de rondón en los presupuestos del departamento de Saiz correspondientes a los años 2022 y 2023 la siguiente «disposición adicional»: «De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras e Infraestructuras que ocupen la Dirección de Servicio, durante el año 2023 por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas».
La norma, incluida nada menos que en los presupuestos anuales de toda la comunidad, tenía presuntamente un único destinatario, cuyos nombres y apellidos no se incluían en el texto legal, pero sí casi todo lo demás: Jesús Polo Soriano, un ingeniero que había regresado a la Administración cerca de una década antes, y que según la normativa debía estar jubilado por haber superado los 70 años.
Después de blindar a Polo en su responsabilidad, Saiz cesó como consejera en agostó de 2023, y poco después fue aupada por Cerdán -lo que muestra la cercanía entre ella y el hasta hace escasos días secretario de Organización del PSOE- a un ministerio en Madrid. En su ausencia, fue entonces otra norma impulsada por el Gobierno de María Chivite la que permitió a Polo llegar al momento culminante para la trama, según la investigación llevada a cabo por la UCO: tuvo que ser en la Ley de Medidas Fiscales de diciembre de 2023 donde se certificara, de nuevo con un artículo a medida, que Polo iba a presidir la mesa de Belate. En dicha norma se incluyó otro párrafo muy similar a los dos anteriores, esta vez en la «disposición final tercera»: «De manera excepcional, se autoriza la permanencia en el servicio activo por encima de los 70 años de edad del personal adscrito al Departamento de Cohesión Territorial dentro de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras que ocupen la Dirección de Servicio, durante el año 2024 por un periodo de un año por necesidades del servicio, falta de profesionales, complejidad técnica de los proyectos u obras de ejecución inmediata que es preciso acometer, de suma trascendencia para el desarrollo territorial de la Comunidad Foral de Navarra, razones en todo caso debidamente justificadas».
Ese año de 2024 era clave para la trama. Gracias a las tres adendas a dichas leyes, Polo, aún con 73 años, estaba perfectamente facultado, con la ley en la mano -y casi con su propio nombre en esa ley-, para desnivelar el concurso en favor de la UTE de Acciona y Servinabar 2000 SL.
El contrato de Belate era el de la mayor obra pública de la región en más de 10 años, y a él optaba un ramillete de empresa en unión temporal, porque el volumen de la obra era tal que sólo uniéndose entre ellas podían realizarla. Entre las firmas estaban el gigante Acciona y la pequeña Servinabar 2000 SL, capitaneada en ese momento por el empresario Joseba Antxon Alonso, pero cuyo en cuyo capital social secretamente se escondía el propio Santos Cerdán, propietario de un 45%, como ha conseguido cuadrar la UCO tras hallar documentos que lo prueban.
Sin embargo, incluso a algunos miembros de la mesa de contratación les llamó la atención la presencia de Servinabar en tándem con Acciona entre las UTE contendientes, aunque no tanto cuando les llegó un rumor que fue tan fuerte que acabó en las propias actas del concurso: el contrato estaba dado de antemano, eran ellas quienes iban a ganarlo. Y ello por un motivo muy sencillo: la presencia de Servinabar, con Cerdán en la sombra, lo aseguraba. Cerdán lo controlaba todo en el PSOE navarro. «Él puso a Chivite y nada de lo que hacía ella lo hacía sin la supervisión de Santos», desliza una fuente socialista. Polo, blindado, decidió él solo quién se llevaba el contrato. Un año después, la UCO puso sus ojos sobre él.
