Publicado: noviembre 15, 2025, 1:07 pm
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que llevará a los tribunales a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no haber presentado en el plazo indicado el registro de objetores a practicar abortos en la región.
Este viernes 14 de noviembre era el último día para crear dicho listado, una exigencia del Gobierno de Pedro Sánchez contra la que se había rebelado la baronesa del PP. Así, García ha aseverado que «en este país la ley se cumple» y que, dado que «Madrid es la única comunidad que no» lo hace, su departamento presentará un contencioso administrativo contra Ayuso.
«Como se ha declarado insumisa con la ley, vamos a seguir ese procedimiento e interponremos un contencioso administrativo. La señora Ayuso tendrá que responder sobre esa obstaculización de la ley y [sobre la] rebelión que le ha declarado a la ley», ha señalado la ministra, que ha asegurado que la baronesa del PP está «del lado equivocado de la historia».
«No sé qué le pasa contra las mujeres. No sé cuál es esta contienda, esta cruzada que le ha tendido a las mujeres de la Comunidad de Madrid», ha valorado ante los medios de comunicación.
En la noche del viernes, la ministra recordó a la Comunidad de Madrid con una publicación en su perfil de X que el plazo finalizaba esa medianoche. Sanidad concedió un mes tanto a Madrid como a Aragón y Baleares -que fueron las últimas en inscribirse- para elaborar una base de datos de médicos objetores de conciencia, cuya creación estipula la ley del aborto. La consecuencia de no elaborar dicho listado, anunció García, sería iniciar el trámite de un recurso contencioso administrativo, como ha confirmado en la mañana de este sábado.
«Nosotros hemos decidido ponernos del lado de la libertad de las mujeres para poder elegir sobre su cuerpo, su vida y su maternidad y ayer se acabó el plazo para que Ayuso pudiera hacer ese registro de objetores [al] que le obliga la ley», ha recordado García, que ha interpelado a la presidenta madrileña a explicar ante los tribunales «esa rebelión que le ha declarado a la ley, a la democracia y a las mujeres de la Comunidad de Madrid».
En ocasiones anteriores, la presidenta madrileña ha incidido en que «no se puede obligar a nadie ni se puede señalar por abortar ni por no querer hacerlo». De esta forma, Ayuso ha demandado «respeto y anonimato de los profesionales» médicos porque «nadie puede ser obligado a hablar de sus creencias».
Así, fue la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien explicó este viernes que el gobierno regional defendería, «con la Constitución en la mano», la libertad de objeción frente al aborto ante la exigencia del Ejecutivo central de implantar el registro de objetores de conciencia.
