Publicado: abril 3, 2025, 2:07 am
El congreso que Podemos celebra la próxima semana abre un comprometido periodo para la dirección del partido, dado que la limitación de mandatos se vuelve como un bumerán contra algunas de sus principales figuras, empezando nada más y nada menos que por Irene Montero. Aunque no sólo ella. Las directrices éticas de la formación establecen un máximo de «ocho años» para estar en cargos públicos e internos, y la actual número dos va a exceder con creces la prórroga «excepcional» de los «12 años» después de esta asamblea, así que se verá obligada a pedir a la militancia extender ese plazo. Lo mismo que le pasará previsiblemente luego a Ione Belarra para continuar de diputada en la próxima legislatura.
Este problema aparece porque la limitación de mandatos es uno de los últimos vestigios que queda del 15-M en los estatutos de Podemos. Aquel movimiento ciudadano puso en cuestión muchas cosas del funcionamiento de la política. También la perpetuación de los políticos en los cargos. Así que cuando Podemos elaboró en 2014 sus normas, esta demanda fue recogida y hasta se hizo bandera de ella como un símbolo de la regeneración democrática que se predicaba para la política. Otra cosa es ver cómo ésta ha evolucionado hasta el día de hoy. Que lo ha hecho de una forma opuesta para, en resumidas cuentas, poder saltársela bajo el parapeto del deseo de los militantes.
Lo que hoy en día rige en Podemos, y que Belarra no cambia en sus nuevos documentos, es lo siguiente: «La limitación de mandatos a ocho años para todos los cargos públicos y cargos internos del partido, con posibilidad de prorrogarse excepcionalmente a 12 años. Más allá de dicho plazo, la prórroga estará supeditada a consulta a las personas inscritas».
Irene Montero es la que estaría en una situación más comprometida. Entró en el Consejo Ciudadano de Podemos en 2014 y en la Ejecutiva en 2015. Este año cumple 11 años en el primer órgano y 10 en el segundo. Ahora está en la candidatura de Belarra a las primarias de la asamblea para repetir como consejera y en la Ejecutiva para un periodo de cuatro años. O sea, que acabaría el mandato de los militantes con 15 y 14 años. Así que parece ineludible someterse a la autorización para poder continuar en la dirección más de 12 años.
Como ella hay más dirigentes. Belarra y algunos de sus grandes escuderos. Lo que pasa es que en sus casos se podría hacer una generosa interpretación para sortear esa obligación pese a los años de servicio en la primera fila. Belarra accede al Consejo Ciudadano Estatal en 2014 pero desde 2021 tiene el cargo de secretaria general. Por lo que parece lógico interpretar que se trata de un mandato con lógicas distintas.
Los casos de Pablo Fernández, secretario de Organización; Javier Sánchez Serna, diputado y portavoz habitual en el Congreso; y Noemí Santana, diputada, arrojan más dudas, aunque podrían buscar un subterfugio parecido. Los tres son consejeros desde 2014 pero también son, y han sido durante años, coordinadores autonómicos de Castilla y León, Murcia y Canarias, respectivamente, lo que les sitúa de facto por ese estatus en el órgano de dirección. Podrían aducir que igualmente son mandatos distintos, aunque también concurrieron a las primarias de las asambleas.
Otra cosa es el espíritu original de la norma ética, que se instaura en 2014 para forzar la renovación de cargos y la entrada de nuevas caras. Una simple lectura de este principio en los estatutos actuales da pie a concluir que lo que se presenta como «excepcionalmente» se ha convertido en regla para las principales figuras del partido morado. Que superarán los 12 años, más lo que está por venir.
El reglamento ético habla también de los «cargos públicos» de Podemos. Sólo Belarra y Sánchez Serna son diputados desde enero de 2016. Cuando acabe esta legislatura -en principio en verano de 2027- cumplirán 11 años y medio en el Congreso. De ir en unas nuevas listas, como pesos pesados que son del partido, se verán forzados por la limitación de mandatos a pedir una prórroga a la ya «excepcionalidad» de llegar a los «12 años».
Aquí el caso de Irene Montero es diferente, porque ella no ha sido diputada en esta legislatura. Y, por tanto, no lleva tanto tiempo en el Congreso. Otra cosa es si debe computar o no para estos límites el tiempo que está desempeñando en el cargo de eurodiputada. Lo es desde verano de 2024.
La salida para saltarse la limitación de mandatos y evitar que fuera un problema se instaura en 2020, en el tercer congreso de Podemos. Es cuando Pablo Iglesias cambia el documento ético para añadir a este artículo que «más allá» de los 12 años excepcionales, «la prórroga» a más años «estará supeditada a consulta a las personas inscritas». Esta formulación permite una barra libre sin fin. De facto, ya no existe límite ninguno. Montero justificó el cambio así: «Esta norma no está pensada para Pablo Iglesias, sino para toda una generación de personas que desde muy temprano decidieron dar el paso para intentar construir el proyecto». 3 de marzo de 2020.
