Publicado: junio 29, 2025, 4:07 am
Hace unos años, cuando la politología se refería a la corrupción que atribuía al PP, sus análisis no eran tan finos. Resolvía por la vía rápida: el problema era el PP. Es decir, la corrupción está en la misma naturaleza de la derecha. De hecho, Podemos, coaligado con el PSOE, solicitaba la ilegalización del PP. Ahora que la corrupción alcanza a dos secretarios de Organización socialistas, se ven salpicados varios ministerios y el abuso de poder es una inclinación persistente en La Moncloa y en la Fiscalía General, el atribulado sanchismo blando se manifiesta mucho más elaborado.
Se acumulan los sesudos análisis y razones que tratan de explicar el origen de la corrupción: el problema es el exceso de democracia interna en los partidos -hace años el problema parecía el contrario-; los partidos son demasiado dependientes de los recursos públicos -reprochan los adalides del paternalismo estatal-; fallan los controles -claman los que se mostraron partidarios de flexibilizarlos durante la pandemia y no dicen ni pío cuando el Gobierno omite informes preceptivos aunque no vinculantes de órganos especializados-; las leyes son blandas -argumentan quienes justificaron los indultos y la rebaja del delito de sedición-.
¡Hay que reformar las instituciones! Este es el flaco lugar común preferido. ¿Cuáles y para qué? O ¿cómo? La Ley de Amnistía decayó en el Parlamento, rechazada por la mayoría; sin embargo, retornó a la Comisión correspondiente en lugar de tramitarse de nuevo. Sospechosamente, ninguno de estos planteamientos aborda la cuestión de fondo: ¿por qué unos políticos se corrompen y otros no?
El florido academicismo escamotea distraído al menos otros tres posibles remedios para disminuir la corrupción: reforzar la independencia del Poder Judicial, fortalecer la cultura de la ejemplaridad y asumir el principio liberal de que no todo lo que está expresamente prohibido está permitido. O sea, sobran Sánchez, Bolaños y uno de los argumentos más abrasivos de la sentencia del TC sobre la amnistía, que aduce que es constitucional porque la Constitución no la prohíbe. El TC considera suficiente motivo el «propósito de reducir la tensión institucional» y, a renglón seguido, insinúa que «el desafío sin precedentes al orden constitucional» podría volver a ocurrir. ¿Qué está pasando aquí? Que Sánchez quiere durar y la amnistía no es suficiente.
La Justicia independiente, el último dique, se pronunció ayer, a la desesperada, en Madrid, delante de la fortaleza. Hay razones de peso y antecedentes -la amnistía y el fallido intento, en 2022, de cambiar con subterfugios el proceso de selección de miembros del CGPJ y magistrados del TC por mayoría simple- para sospechar que las dos reformas que ha presentado Bolaños -que pretende tramitar por la vía de urgencia- tratan de garantizar la duración de Sánchez y, en su caso, su protección y retorno. La UE comenzó a recelar de Orban cuando creó un tribunal administrativo para juzgar delitos políticos. La corrupción es un mal; el otro, catastrófico y arrasador, el intento desesperado, por acción u omisión, de que quede impune.
