Publicado: mayo 30, 2025, 4:07 pm
La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) avalando el proyecto que lleva años preparando la empresa Minera Los Frailes, adjudicataria de la explotación en 2015.
Según ha informado este viernes el Gobierno andaluz, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, se ha reunido hoy mismo con el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández (Con Andalucía), para informarle de la autorización del proyecto de explotación y el plan de restauración de Minera Los Frailes, que es el último trámite que seguía pendiente por parte de la administración autonómica para que empiecen los trabajos.
Según las cifras compartidas por la Junta, el proyecto supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y generará en torno a los 1.000 empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación, que se prolongará durante al menos 20 años.
Los planes de la empresa contemplan extraer de la mina unas 2,7 millones toneladas por año de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre) de los que se calcula hay en el terreno unas reservas equivalentes a 45 millones de toneladas.
La mina recuperará la actividad 27 años después de que se rompiera (en abril de 1998) la balsa donde se acumulaban miles de toneladas de lodos tóxicos, provocando un inmenso vertido a la cuenca del río Guadiamar que se convertiría en el mayor desastre medioambiental sufrido en Andalucía en su historia.
Pasados los años, la Junta de Andalucía, durante el gobierno de Susana Díaz, decidió volver a poner en explotación esos mismos suelos y sacó a concurso el proyecto, que se resolvió en 2015 en favor de la empresa Minera Los Frailes, constituida por la compañía Magtel y el Grupo México. Otras dos empresas que fueron descartadas en el concurso denunciaron ante la Justicia el proceso por un supuesto trato de favor, lo que derivó en una larguísima instrucción judicial plagada de obstáculos y que actualmente se dirime en una vista oral que comenzó el pasado mes de marzo en la Audiencia de Sevilla, con 16 funcionarios y ex altos cargos de los gobiernos socialistas sentados en el banquillo de los acusados por delitos presuntos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal o prevaricación ambiental.
Ese proceso, que todavía no se ha resuelto, no es el único obstáculo que los responsables del proyecto se han encontrado en el camino. La última polémica asociada a la reapertura de la mina tiene que ver con las protestas de varios grupos ecologistas (incluidos Greenpeace o Ecologistas en Acción) contra el vertido al río Guadalquivir de unos 17,5 millones de metros cúbicos de agua tóxica procedente de las cortas mineras de Aznalcóllar. Se trata del agua acumulada en los últimos años que, previo a su vertido al río, se tratará en una nueva planta depuradora «de última generación», según defienden tanto la empresa Minera Los Frailes como la Junta de Andalucía.
Los ecologistas dudan de la eficacia de esa depuración y plantean que, pese al filtrado, el volumen de metales pesados que se acumulará en el río provocará un nuevo desastre medioambiental.
Minera Los Frailes recuerda que el proyecto fue declarado de Interés Público Superior y ha incorporado todas las recomendaciones de centros científicos independientes como el Instituto Geológico y Minero. La gestión del agua ha sido objeto de un proceso de revisión adicional por parte de la Secretaría General de Agua, «que emitió un informe de admisibilidad positivo tras someterlo a examen de varios consultores independientes».
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, junto a otros cargos institucionales, este viernes, en el Ayuntamiento.
«El camino hasta llegar aquí no ha sido nada fácil. Este es uno de los proyectos de mayor complejidad que hemos tramitado en la Junta de Andalucía», ha reconocido hoy el consejero, que asegura que no se puede hablar de la reapertura de la antigua mina, dado que se trata de «un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto, y que no dispondrá de balsas de residuos», sino que una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovecharán como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras a efectos de restauración, «una práctica que está reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea», ha subrayado.
El titular de Industria de la Junta ha destacado también que el proyecto de la nueva mina «viene a aportar una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles».
También ha explicado el consejero que la empresa dispone de un presupuesto de 42,5 millones para la rehabilitación medioambiental del entorno durante la explotación y cuando esta concluya. «A esta cuantía hay que sumar la garantía financiera que la empresa constituirá, de manera voluntaria, en términos de responsabilidad ambiental de 20 millones de euros, que es la máxima contemplada en la legislación, de manera que la empresa destinará más de 60 millones a garantías de naturaleza ambiental», ha remarcado.
«La salida de Aznalcóllar de las colas del paro»
Por su parte, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha afirmado que «hoy es un día muy grande para la minería en España. La minería del siglo XXI empieza hoy». Ha tenido palabras de agradecimiento tanto al Gobierno andaluz, a los técnicos a los que ha felicitado por «haber hecho este trabajo concienzudo» en la tramitación de esta autorización, a la empresa adjudicataria «por apostar por Aznalcóllar», a los sindicatos, empresarios «y a todos los que han creído en esta lucha y en que el pueblo de Aznalcóllar podía salir de las colas del paro«.
El entusiasmo mostrado por el alcalde contrasta con la posición del partido político al que pertenece, Izquierda Unida, que ha expresado hoy un enérgico rechazo a la reapertura de la mina, en línea con los argumentos de los ecologistas.
A través de un comunicado, Izquierda Unida Convocatoria por Andalucía (IU-CA) ha considerado que la reactivación de la mina supone «una amenaza grave para el territorio, el medio ambiente y la economía futura de la comarca».
IU-CA recuerda que Aznalcóllar «fue escenario del mayor desastre ecológico de nuestra historia reciente» y el riesgo «vuelve a planear sobre el entorno», dado que «se pone en manos de otra gran corporación privada extranjera un proyecto extractivo sin ninguna clase de garantía».
Para IU-CA, esta autorización supone «un paso atrás en la construcción de un modelo de desarrollo justo y sostenible» y recuerda que el proyecto cuenta con «la oposición de sectores como el pesquero de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), que ha protagonizado una firme movilización», así como de los ayuntamientos de la zona del Bajo Guadalquivir, por cuanto han apreciado «el enorme riesgo que supone para el territorio y sus recursos hídricos», además de la negativa de expertos y del movimiento ecologista.
A juicio de la coalición de izquierdas, la extracción minera a cuenta de multinacionales extranjeras es un modelo económico en el que «los impactos y los riesgos los asume el territorio y los beneficios los acaparan unos pocos«.