Publicado: marzo 23, 2026, 3:07 pm
La jueza que investiga la polémica adjudicación de viviendas de protección pública en la urbanización Les Naus de Alicante ha puesto fecha ya a las primeras declaraciones de testigos. Los primeros en comparecer serán tres cargos de la Generalitat con funciones de responsabilidad en la Consejería de Vivienda que dirige Susana Camarero.
Según han confirmado fuentes judiciales, la titular de la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha dictado una providencia por la que acuerda, a instancias de la Fiscalía, citar a declarar en calidad de testigos el próximo 15 de abril a tres responsables de Vivienda. Se trata, en concreto, del director territorial de la Consejería en Alicante, la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda. La Generalitat, de hecho, fue la Administración encargada de visar los contratos, por lo que el consistorio que dirige el popular Luis Barcala ha negado cualquier irregularidad.
Además, la instructora ha decidido librar un oficio al departamento de Camarero para que manifieste si unos informes aportados a la causa han sido elaborados exclusivamente por el secretario territorial adjunto de Vivienda o si ha sido auxiliado para ello por otros empleados públicos. En este segundo supuesto, la Consejería deberá identificar a esas personas y los cargos o puestos que ocupan en el organigrama institucional.
La polémica adjudicación de los pisos de Les Naus, en una de las zonas más codiciadas de Alicante como la Playa de San Juan, ha provocado dimisiones políticas y la suspensión de un funcionario de la Generalitat encargado de comprobar los requisitos de los beneficiarios, muchos de los cuales tienen vínculos con cargos del PP o técnicos del Ayuntamiento de Alicante. Los propietarios pagaron unos 200.000 euros por los pisos, en un barrio donde los apartamentos rondan el medio millón de euros.
Hay familias con varios miembros que se han adjudicado incluso varios pisos, mientras un informe de la Policía Local señala que entre las 140 viviendas del residencial hay muchas sin ningún empadronado o en las que ni siquiera vive nadie.
Comisión municipal
Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha constituido formalmente este lunes la comisión no permanente o específica del pleno tras la polémica de las viviendas de protección pública. Entre las propuestas de comparecencias que han hecho los grupos políticos municipales están la de Rocío Gómez, ex concejala de Urbanismo y quien, además, es adjudicataria de un piso en este complejo. En esta petición, han coincidido todas las formaciones.
También se han planteado otras como la del alcalde de la ciudad y de otros miembros del actual equipo de gobierno como Antonio Peral, ahora responsable de Urbanismo, Nayma Beldjilali y Carlos de Juan, además de otros que lo integraron, como el ex edil de Patrimonio Toni Gallego, que dimitió en junio del año pasado. Compromís ha abogado por la comparecencia del ex presidente de la Generalitat Carlos Mazón y de la vicepresidenta primera del Consell y responsable de Vivienda, Susana Camarero, por la normativa autonómica sobre las VPP.
Vox ha abogado por que comparezcan representantes de la época del tripartito y, concretamente, el ex alcalde socialista Gabriel Echávarri y los ex concejales Natxo Bellido y Sofía Morales. También ha solicitado que lo haga el ex edil de Ciudadanos Adrián Santos, de la legislatura anterior. Además, las formaciones políticas del consistorio han planteado que comparezcan funcionarios y responsables de la cooperativa de estos inmuebles.
