La jueza mantiene el pulso con Gallardo tras el aforamiento exprés del que se beneficiará el hermano de Sánchez

Otra jornada donde se repartieron los titulares Miguel Ángel Gallardo y Beatriz Biedma. Pasó la semana pasada, cuando se supo que el líder de los socialistas extremeños había recibido su acreditación de la Junta Electoral de Extremadura para convertirse en diputado regional y casi al instante la jueza del caso hermanísimo emitía el auto de apertura de juicio oral. Ayer lunes volvió a ocurrir de manera casi calcada.

Sin previo aviso, el secretario general de los socialistas extremeños convocaba a la prensa a las 12.30 horas y poco después trascendían dos autos: uno de rechazo a la petición del ya ex presidente de la Diputación de Badajoz para que se inhibiera de la causa en favor del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al considerarse ya aforado de pleno derecho; otro, para aclarar que el juicio no correspondía al Juzgado de lo Penal de Badajoz, sino a la Audiencia Provincial. Este tribunal ha avalado todos y cada uno de los autos dictados en el año que ha durado la investigación del caso, interpuestos tanto por las defensas como por la Fiscalía (que ya se opuso a la declaración como investigado del hermano del presidente del Gobierno).

Biedma considera que antes de ceder su competencia al TSJEx al haberse aforado Gallardo es necesario que se certifique «por quien realmente corresponde, en este caso el letrado Mayor y secretario general de la Asamblea de Extremadura», que ostenta la condición de diputado de dicha Asamblea. Y además, «desde qué fecha».

Hay que subrayar que, oficialmente, el Parlamento extremeño (en manos del PSOE tras la falta de acuerdo entre PP y Vox después de las autonómicas de 2023) no se ha pronunciado sobre si el líder de los socialistas cumple los cuatro requisitos que señala el reglamento del parlamento regional y para convertirse en diputados electos: tener la acreditación de la Junta Electoral, remitir informes de incompatibilidad y de bienes y jurar el cargo.

La jueza también recuerda en su resolución de ayer que ya había incluido en la investigación a un diputado autonómico y había seguido con la competencia sobre el caso. Se refiere a Antonio Garrote, responsable del Área de Recursos Humanos en la diputación en 2017 (fecha del concurso que ganó David Sánchez), y que el año pasado pasó a ser diputado regional. A Garrote se le intervinieron los correos electrónicos corporativos, pero la causa -a pesar de los intentos de la defensa del hermano del presidente del Gobierno- no pasó al Tribunal Superior de Justicia extremeño.

Ayer mismo, tanto Manos Limpias (que ha denunciado al líder de los socialistas por cohecho y fraude procesal, así como a la ex diputada que dimitió en su favor) como la asociación Liberum pidieron de urgencia al TSJ que paralice el desarrollo del pleno del jueves, en el que está previsto el acto de promesa de Miguel Ángel Gallardo.

Por otra parte, Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, se ha adherido «de manera expresa e íntegra» al recurso de apelación de la fiscal contra el auto de la jueza que concluía que había indicios para ir a juicio. Resalta el «trascendente protagonismo que alcanza en procesos de esta especie la presencia del Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad». Y recuerda que la fiscal «ha participado en todas las diligencias de investigación que se han ordenado», por lo que tiene conocimiento «directo e inmediato de la ingente documental obrante y también del contenido de las declaraciones de testigos e investigados prestadas en el curso de la investigación judicial».