Publicado: enero 8, 2026, 1:07 pm
Los obispos y el Gobierno de España han acordado trabajar de forma conjunta en un sistema de reparación «mixto» bajo la supervisión del Defensor del Pueblo para «la atención a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no han tenido recorrido judicial» a través de esta Oficina. Así lo han rubricado este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
Este nuevo mecanismo de reparación contará con la «participación de las víctimas», así como con «reparaciones económicas o de cualquier otra naturaleza a cargo de la Iglesia», explican fuentes ministeriales. En una rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo, Bolaños ha señalado que éste último es el punto «clave» del acuerdo: «El Estado no abonará ni un céntimo; decide la indemnización [y] la Iglesia Católica, la paga».
Así, ha incidido el ministro, el acuerdo se ha cerrado tras «dos años de negociación larga, ardua y compleja» cumpliendo «escrupulosamente» con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que será la institución encargada de elaborar las propuestas de reconocimiento y reparación.
En abril de 2024, el Gobierno aprobó el Plan para la implementación del Informe del Defensor de Pueblo sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica y se pusieron en marcha los trabajos y la negociación con la Iglesia para crear un sistema de reparación para las víctimas que ya no pueden acudir a la vía judicial. Y en esta línea, el acuerdo Iglesia-Estado abre también «una vía» a través del Defensor del Pueblo para la reparación de las víctimas «que no deseen acudir directamente a la Comisión PRIVA establecida por la Iglesia», indicó la CEE en un comunicado.
Para la firma del acuerdo, «el Gobierno se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública». Esta promesa se basaría en el compromiso del Gobierno de promover el cumplimiento de los fines previstos en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia.
Así, detallaron que este sistema «acordado» de «reconocimiento y reparación», tendrá el «criterio técnico» de la Oficina del Defensor del Pueblo, la «evaluación» de la Comisión del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Priva), el «consenso Iglesia Católica-Estado» y la «participación» de las víctimas.
El sistema prevé que la víctima inicie el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de la Presidencia. Ésta trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que realizará una propuesta de resolución y, en su caso, reparación (simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica) atendiendo a lo solicitado por la víctima. Así, sostiene la Iglesia, los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Priva serán «homogéneos», una de las preocupaciones que se han planteado durante la negociación de este acuerdo.
La propuesta se trasladará a la comisión asesora de la Iglesia prevista en su Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abuso (Priva), que la evaluará y emitirá un informe. Si hay conformidad de las partes (Priva y persona solicitante), la propuesta tendrá carácter definitivo.
Si hubiera disconformidad con la propuesta, ya sea de la persona solicitante o de la Priva, se convocará una Comisión Mixta, con participación de las asociaciones de víctimas, que deliberará para alcanzar un acuerdo unánime. Si persistiera la disconformidad, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo adoptar la resolución definitiva, «tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer según el caso», detallaron desde la Conferencia Episcopal.
La Iglesia, apunta el Ministerio, deberá dar cumplimiento a las medidas reparadoras en plazo. «Si no lo hicieran la diócesis, instituto o entidad religiosa responsable, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos garantizarán su cumplimiento».
SIN TRIBUTACIÓN
Además, continúa la nota de la CEE, el Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén «exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta«, tras haberse dado situaciones de víctimas indemnizadas a las que la Agencia Tributaria les ha reclamado el pago de impuestos después de recibir las indemnizaciones, lo que para ellas supone una revictimización y que no ocurre en ámbitos como las víctimas del terrorismo. Este precepto cubrirá tanto a las personas que tramiten su solicitud «desde la entrada en vigor» de este acuerdo, así como a «las que ya han recibido indemnizaciones por parte de la Iglesia», ha explicado Bolaños.
La nota concluye subrayando que «el sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes» y que se trata de «una vía temporal con una duración de un año (prorrogable otro año más)», para aquellas causas «que no hayan tenido y no puedan tener recorrido judicial bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del victimario».
Con todo ello, todas las víctimas pueden acudir al Priva y, a partir del acuerdo de este jueves, si no lo desean pueden pedir la mediación del Defensor, que llevará su caso al Priva.
UN CENTENAR DE PETICIONES
La Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral a menores víctimas de abusos sexuales (Priva) impulsada por la Iglesia católica, había recibido hasta mediados de noviembre 99 peticiones y había resuelto 51 casos en sus primeros 14 meses de vida. La reparación propuesta hasta entonces tenía un importe total que superaba el millón y medio de euros.
El Episcopado ya se refirió al tema del IRPF y de la mediación del Defensor en la Asamblea Plenaria que la CEE celebró en noviembre, y que hacía vislumbrar que el ministro Bolaños podría cumplir el pronóstico que había aventurado días antes a representantes de seis asociaciones de víctimas eclesiales para analizar las conversaciones con la Iglesia católica y el estado de situación del plan de reparación y reconocimiento impulsado por el Gobierno a partir de las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Entonces, fuentes del Ejecutivo trasladaron que «el objetivo del Gobierno es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia».
Víctimas que participaron en el encuentro indicaron que Bolaños les transmitió que el Gobierno esperaba tener un acuerdo con la Iglesia «antes de final de año» (en referencia a 2025) para impulsar una comisión mixta Iglesia-Estado que impulse las «reparaciones» y el «reconocimiento» a las víctimas de abusos eclesiales. Esas reparaciones correrían «a cargo de la Iglesia», aunque el Gobierno podría ofrecer «infraestructuras» para canalizarlas.
Precisamente, las citadas asociaciones de víctimas están convocadas mañana viernes en La Moncloa para que el propio Félix Bolaños detalle los puntos del acuerdo rubricado este 8 de enero con la CEE y la Confer. Fuentes del Ministerio destacan que se trata de un acuerdo «histórico» que se suma al pacto sobre inmatriculaciones de bienes (enero de 2022), el convenio en materia de fiscalidad para que todas las propiedades de la Iglesia paguen las contribuciones especiales y el impuesto sobre construcciones (marzo de 2023), y a la resignificación el valle de Cuelgamuros (marzo de 2025).
