Publicado: julio 9, 2025, 6:07 am
La Generalitat de Cataluña vuelve a tropezar con una nueva polémica con su servicio de atención menores y adolescentes. Más de un centenar de jóvenes ex tutelados expresan su «indignación y rabia», y no descartan emprender acciones legales, tras el envío indiscriminado de cartas en las que el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión les anuncia el inicio de un proceso de reintegro de miles de euros «indebidamente percibidos».
Estas cantidades, que en algunos casos llegan hasta 42.000 euros, corresponden a la prestación que tienen derecho a recibir durante sus primeros años de emancipación, cumpliendo determinadas condiciones, quienes han estado bajo guarda de la Administración autonómica hasta la mayoría de edad. El Govern les insta ahora a que demuestren con documentos que no incumplían los requisitos de la ayuda, que actualmente es de 778 euros mensuales hasta los 23 años (9.341 euros brutos anuales, la cantidad fijada en el Indicador de renta de suficiencia de Cataluña).
Hace poco más de un mes, tras la polémica por las irregularidades detectadas en la externalización de servicios por parte de la Sindicatura de Cuentas, la consejería decidió realizar un lavado de cara a su Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La consellera Mònica Martínez Bravo dio por concluida una etapa con la creación de la nueva Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Más allá del cambio nominal, Derechos Sociales pretendía, entre otros motivos, poner orden en su servicio de custodia a menores y jóvenes.
Un nuevo informe publicado el 11 de junio por el órgano fiscalizador autonómico cifró en 167 millones de euros los «pagos indebidos» por parte de la Generalitat en concepto de prestaciones sociales en el periodo 2016-2024, de los que más de siete millones forman parte de expedientes prescritos. El grueso de esos 167 millones corresponden a dependencia, pensiones no contributivas o renta garantizada de ciudadanía, muy por encima de las ayudas a los ex tutelados, inferiores a cinco millones.
«Estamos obligados legalmente a realizar estas notificaciones cuando tenemos constancia de un posible pago indebido», justifican fuentes del Departamento, que añaden que «si el caso prescribe [a los cuatro años], los servidores públicos pueden tener repercusiones patrimoniales».
La consejería, que reivindica que está haciendo «el trabajo que no se hizo en los últimos diez años», admite que actúa únicamente por «indicios» y que estos requerimientos pueden «ocasionar agravios y molestias». En las notificaciones enviadas a finales de junio se informa del importe máximo del «pago indebido que habría podido producirse», pero el Departamento de Martínez Bravo reconoce que «es posible que la cantidad acabe siendo menor o pueda no existir una vez el beneficiario justifique lo que se le pide». La consejería se ha comprometido a hacer un segundo envío de notificaciones tras el verano en el que habrá analizado «caso por caso cada expediente».
Síndic de Greuges: «Condonación»
Tras recibir más de una veintena de reclamaciones, el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo autonómico) avisa a la Generalitat de que «si las cantidades requeridas se han generado por un mal funcionamiento de la Administración, no debería exigirse su reintegro». La síndica Esther Giménez-Salinas cree que el Govern debería aprobar un decreto de condonación como hizo, el pasado diciembre, con los pagos indebidos de la renta garantizada de ciudadanía. El Ejecutivo había reclamado 71 millones de euros a unas 9.500 familias vulnerables que los habían cobrado de forma errónea. «Hacer frente a estos reintegros desequilibra la capacidad económica de los jóvenes y refuerza su vulnerabilidad social», constata la síndica.
Jordi Sàlvia, director de FEPA-Red de entidades para la emancipación juvenil, critica que la recién creada DGPPIA ha actuado «de forma unilateral, sin comunicación previa ni a los jóvenes ni a las entidades que los acompañaron». «La angustia que se les ha ocasionado era fácil de evitar», lamenta sobre los numerosos casos de jóvenes a los que se les solicita el reintegro total de lo percibido.
«Ansiedad y miedo» es lo que sintió Sheila Baños, de 24 años, al conocer que la Administración le reclama 25.000 euros. Asegura que durante el tiempo que percibió la prestación de ex tutelados presentó todos los contratos de trabajo temporales que tuvo, con cantidades inferiores al límite establecido para seguir cobrando la ayuda. Contratos como los de la película La maternal (2022), en la que aparece relatando su experiencia como madre a los 16 años, cuando estaba bajo tutela de la Generalitat. «Creía que estaba en el mejor momento de mi vida porque en unas semanas obtendré la custodia completa de mi hija, pero esto ha sido un mazazo», cuenta.
A María [pide usar nombre ficticio], de 22 años, le reclaman 36.000 euros por un supuesto «incumplimiento del plan de trabajo individual» y «haber dejado de residir en Cataluña» en 2021, algo «improbable» en su caso al estar cursando, en ese momento, el Bachillerato. En su caso, ha tenido que solicitar el padrón histórico para probarlo. «Se nos vulnera la presunción de inocencia y tienes que justificar algo que no es lógico», dice la joven, que actualmente estudia tercero de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabaja a media jornada como dinamizadora de proyectos en una entidad social.
Tras documentar su vida laboral, Kike Rey (25 años) define como «revictimización» su sensación de los últimos días. «Cuando recibí el comunicado (le piden casi 18.000 euros), le dije a mi jefa que no se extrañase si me veía disocial o nervioso». Ese día, después de dos años sin verse, volvió a escribir a su psicólogo para desahogarse tras leer en la carta que tenía «una posible deuda con la Hacienda de la Generalitat».
