Publicado: marzo 3, 2025, 12:07 am
El anuncio de Carlos Mazón de que llegó a la reunión de la emergencia el 29 de octubre después del envío de la alerta a la población ha marcado un antes y un después en la crisis política por la dana. Cuatro meses después de la tragedia, el foco volvió a situarse sobre la agenda del presidente valenciano, cuyo Ejecutivo trata ahora de ponerlo sobre la actuación del Gobierno central.
«Ni la Delegación del Gobierno, responsable de todas las agencias estatales implicadas en la gestión de la emergencia, ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo competente de la vigilancia y seguimiento de caudales de ríos y barrancos, y de los avisos de los riesgos de desbordamientos de los mismos, monitorizaron lo que dijeron que iban a monitoriza», aseguran fuentes de la Generalitat.
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a las 11.30 horas del 29 de octubre, declaró a los medios que «la Confederación Hidrográfica del Júcar está sobre el terreno en las zonas especialmente complicadas». Según el Gobierno valenciano, no hizo entonces «ni una sola alusión al barranco del Poyo», cuyo desbordamiento por la tarde produjo el mayor número de muertes.
Fuentes de la Delegación del Gobierno subrayan que esas declaraciones de Bernabé «son de valoración de lo que había pasado la noche anterior y lo que estaba pasando a primera hora de la mañana», además de que prueban que la Delegación tenía a todos sus efectivos movilizados «por si la Generalitat requería su actuación».
En este sentido, insisten que la competencia de la emergencia la tenía el Gobierno valenciano, algo que ha subrayado la propia juez que investiga la dana al inadmitir una querella contra la delegada por este motivo. «Mazón lo único que estaba haciendo a esa hora de la mañana era criticar a la Universitat de València por haber suspendido las clases», según estas fuentes.
Según la Generalitat, sin embargo, «la CHJ era la responsable de vigilar la evolución de los caudales ante el riesgo de posibles riadas pese a que ahora quiera eludir esta responsabilidad», lo cual demuestra «el descontrol absoluto de la Delegación del Gobierno el 29 de octubre en sus funciones de coordinación de las agencias estatales como la CHJ».
