Publicado: julio 22, 2025, 12:07 pm
La Fiscalía Anticorrupción solicita para el empresario Francis Puig, hermano del ex presidente socialista valenciano Ximo Puig, una pena de cuatro años y diez meses de prisión por los delitos de falsedad documental continuada y estafa en la causa que investiga el supuesto cobro de subvenciones de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Cataluña mediante facturas falsas. Para su socio, el también empresario audiovisual Enrique Adell Bover, pide tres años de cárcel por el delito continuado de falsedad en documento mercantil. El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial.
De forma subsidiaria, la Fiscalía pide para el hermano de Puig por el delito de falsedad continuada en concurso real con un delito de apropiación indebida, cinco años y siete meses de prisión. Según el escrito del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso este diario, ambos socios «solicitaron a la Generalitat Valenciana ayudas dirigidas a subvencionar la producción y difusión en valenciano de programas de radio, televisión, la producción y difusión de prensa escrita y/o digital en valenciano y a la realización de actividades de fomento del valenciano». Para ello, se valieron de un entramado empresarial, sobre todo a través de Mas Mut Produccions y de Comunicacions dels Ports, administradas por Francis Puig, y de Canal Maestrat, en manos de Adell Bover.
Además, como administrador de Mas Mut Produccions, Francis Puig deberá ser condenado, según la Fiscalía, a indemnizar a la Generalitat Valenciana en la cantidad de 58.866,69 euros, y a la Generalitat de Catalunya, en la de 51.825,28 euros. Según la Fiscalía, el «total defraudado» con la firma Mas Mut durante el periodo de 2015-2018 asciende a 110.691,97 euros.
Según el escrito de la Fiscalía, el empresario castellonense, como administrador también de la firma audiovisual de Comunicacions dels Ports y «con la intención de beneficiarse económicamente obteniendo una cantidad superior a la que le hubiera correspondido, simuló gastos empresariales». Para ellos, insiste la Fiscalía sobre el hermano de Puig, utilizó «facturación ficticia de empresas vinculadas, emitiendo facturas duplicadas y cruzadas, que integró con conceptos genéricos y no constan pagadas a su proveedor».
Por ejemplo, en el caso de las facturas de Mas Mut, la Fiscalía considera que se trataba de una operación de «autofacturación», en la medida en que es «una empresa vinculada, creada en 2004, cuyo socio principal es Comunicacions dels Ports SA y coinciden también los administradores». No en vano, se califica a esta firma de «empresa ficticia», ya que habría permitido a Francis Puig simular una serie de gastos para luego tratar de que fuesen subvencionados por el Ejecutivo que presidía su hermano.
A ello se suma que el empresario aportó también facturas de Canal Maestrat, administrada por su socio Adell Bover, que «podrían no ser auténticas». A juicio de la Fiscalía, porque «no hay contrato con el proveedor, los contenidos son genéricos, no han sido abonadas y todas ellas son de la misma fecha».
Por tanto, durante el periodo de 2015 y hasta 2018, años en los que estaba al frente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig -hoy embajador de España ante la OCDE-, su hermano Francis Puig simuló gastos de su entramado empresarial. Y lo hizo, tal y como remarca la Fiscalía Anticorrupción, «con la única finalidad de obtener subvenciones que, posteriormente, tampoco han sido aplicadas a la finalidad para las que fueron convocadas por las administraciones».
La investigación se inició a raíz de una querella presentada por el PP en 2019 y, si bien en un primer momento se apuntó también a un presunto fraude de subvenciones, este delito ha quedado definitivamente descartado al no alcanzarse la cantidad mínima de 120.000 euros defraudados. El 31 de enero de 2025 se conoció el auto de procesamiento abreviado contra Francis Puig y Adell Bover por hechos que podrían ser constitutivos de delitos de estafa y falsedad documental.
